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Jueves 9 de enero de 2003 | ||
El FMI aceptó discutir un acuerdo a corto plazo con la Argentina |
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Refinanciarían vencimientos de los próximos seis meses. |
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El acuerdo contemplaría la refinanciación de vencimientos por 8.000 millones de dólares que la Argentina debe afrontar con organismos internacionales en los próximos seis meses. Con esta decisión por primera vez en su historia el FMI se apartó de sus estatutos y firmará un acuerdo transitorio por un período menor a un año. "Una misión del FMI viajará hoy a Buenos Aires para discutir su pedido de un programa de transición", dijo ayer el organismo mediante un comunicado de prensa, luego de una reunión de Directorio que se desarrolló en Washington y en la que se analizó la situación de la Argentina. La misión estará encabezada por John Dodsworth, de acuerdo con lo que había adelantado el vocero del FMI, Thomas Dawson, antes de que comenzara la reunión de la cúpula del organismo multilateral de crédito. El FMI indicó que "los miembros del Directorio están buscando finalizar un programa económico de corto plazo, que sería un paso hacia un programa más abarcativo que Argentina necesita para restablecer el crecimiento y colocar a la economía en un camino sustantable". Moderado optimismo en Economía Fuentes del Palacio de Hacienda señalaron que los términos de la comunicación remitida por el FMI provocaron un "moderado optimismo" en los miembros del equipo económico acerca del resultado final de las deliberaciones que se iniciarán hoy. El organismo destacó "la estabilidad económica que se alcanzó en el segundo semestre de 2002", pero recomendó que debe "alimentarse", con un "consenso político claro en favor de reformas". El "Board" del FMI se reunió ayer con motivo de analizar lo referente al artículo IV de la carta orgánica del organismo, por el cual debe revisarse la situación económica de sus países miembros al menos una vez por año. Según trascendió, durante las deliberaciones el ala técnica del organismo mantuvo su posición y planteó una serie de objeciones para cerrar una carta de intención con la Argentina. No obstante, el Directorio del FMI tomó la decisión política de aceptar un acuerdo de corto plazo para evitar que el país ingrese en un default total que además complique la situación del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyas calificaciones serían perjudicadas si la Argentina no cumple con sus pagos. El informe oficial del FMI precisó que "los directores del FMI discutieron los orígenes de la severa crisis económica y financiera y los pasos que ha tomado el gobierno para superarla". Añadió que "los directores reconocieron la mayor estabilidad económica y financiera vista durante la segunda mitad del 2002" y en ese sentido subrayaron que "las restricciones fiscales han sido un factor que contribuyó a esta estabilidad". No obstante, advirtieron que "esta estabilidad debería ser alimentada" y recomendaron "focalizar" acciones para "lograr un consenso político claro en favor de reformas, construir un marco fiscal adecuado, restaurar la confianza en el sector bancario, aumentar la apertura comercial y reestructurar la deuda pública". Horas antes de que se conociera la decisión del directorio del FMI, el presidente Duhalde aseguró que "no hay mayores motivos para que este mes no haya acuerdo", pero reiteró que no firmará algo que ponga en peligro la estabilidad económica que hemos logrado". (Reuters y DYN) La Justicia quiere que el Congreso avale todo Por orden de la Justicia, el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía deberán poner a disposición del Congreso copias de la "carta intención" al Fondo Monetario Internacional (FMI) y de toda documentación vinculada con las negociaciones que mantiene el Gobierno con ese organismo de crédito. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Silva Garretón ordenó al Gobierno brindar copias de los documentos que respaldan las negociaciones con el Fondo a los legisladores que, en virtud de la ley 25.561, tienen facultades de control sobre medidas del Poder Ejecutivo relacionadas con la deuda pública. El Congreso declaró, mediante la ley 25.561, la emergencia pública social, económica, administrativa, financiera y cambiaria y delegó al Ejecutivo atribuciones legislativas orientadas al "crecimiento económico" y la reestructuración de la deuda. Pero simultáneamente la norma creó una comisión bicameral con facultades para "controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado" por el Gobierno, respecto de las gestiones ante el Fondo, escribió Silva Garretón en su resolución. El magistrado intervino en el asunto a raíz de una presentación del diputado nacional Mario Cafiero, quien había requerido informes que el Ministerio de Economía rehusó suministrarle porque consideró "prematuro" difundir los borradores de una carta intención al Fondo que, en realidad, "aún se encuentra bajo discusión". En ese marco, Cafiero interpuso una acción de amparo y el juez resolvió en su favor. (Télam) El gobierno vetará algunos artículos del Presupuesto El presidente Eduardo Duhalde tiene previsto vetar en las próximas horas algunos artículos de la Ley de Presupuesto 2003 que aprobó durante el mes de diciembre el Congreso Nacional. La eliminación del tope salarial de 4.800 pesos para el cálculo de los aportes patronales y la obligación de extender el pago del incentivo docente para este año y el próximo formarían parte de las observaciones que aplicará el gobierno. El Congreso aprobó dejar sin efecto el tope salarial para las contribuciones patronales para destinar la recaudación resultante -estimada en unos 380 millones de pesos anuales- para pagar el retroactivo del recorte del 13 por ciento aplicada a los jubilados. El Gobierno, que ya vetó esa medida en el Presupuesto del 2002, considera que promulgar lo dispuesto por el Parlamento podría significar una lluvia de juicios contra el Estado. Otro de los vetos que aplicaría el Poder Ejecutivo es el artículo que obliga a pagar el incentivo para los docentes durante el 2003 y el 2004. El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el viernes para promulgar la Ley de Presupuesto. El Gobierno también decidió vetar en forma total la ley que prorroga la protección arancelaria para el sector azucarero, a pesar de que los empresarios advirtieron que ello podría significar una "invasión de azúcar subsidiada" desde Brasil. El veto a la ley que dispone aranceles móviles para la importación de azúcar se adoptó en virtud de los acuerdos existentes con Brasil en el marco del Mercosur, según confió un importante integrante del Gabinete Nacional. "No se puede adoptar una política arancelaria por ley cuando hay acuerdos dentro del Mercosur que dispone una protección hasta el 2005", argumentó el funcionario. (DYN) |
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