Duhalde sigue viendo el fantasma de una conspiración en su contra
Al evaluar los hechos sangrientos del miércoles, el presidente no pudo evitar referirse al caso Cabezas, el asesinato del fotógrafo que en su momento identificó como un ataque político en su contra. Las acusaciones también alcanzan al peronismo, en especial a Ruckauf.
"No quisiera que éste fuera otro caso Cabezas", se limitó a decirle Duhalde al diario La Nación. Duhalde expresó así su preocupación de que el asesinato siga un patrón similar al crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, de la revista Noticias, ocurrido en Pinamar en 1997, y que el mandatario, entonces gobernador bonaerense, interpretó como un ataque político.
La imputación que pesa sobre el comisario Franchiotti y otros uniformados recuerda la convicción de dos fiscales federales que dijeron que el 20 de diciembre último, el comisario Orlando Oliverio, de la Policía Federal, fue responsable por la muerte de manifestantes que derivaron en la renuncia del radical.
Aquel jueves 20 cinco manifestantes cayeron bajo balas supuestamente disparadas por policías. De la Rúa denunció que los crímenes fueron producto de un complot para derrocarlo, y su versión fue avalada, entre otros, por Rafael Pascual, Domingo Cavallo, Patricia Bullrich y Luis Patti, quienes incluso arrojaron sospechas sobre el ahora canciller Carlos Ruckauf y el saliente senador radical Raúl Alfonsín.
En las últimas horas el gobierno de Duhalde denunció ante la Justicia que la violencia en Avellaneda "amenaza" la República y podría acarrear "el derrocamiento de los poderes constituidos". (ver aparte)
Seguramente será difícil probar si hubo o no un complot que derrocó a De la Rúa, y si los incidentes de Avellaneda fueron dedicados a Duhalde. Pero las sospechas volvieron a caldear el ambiente político, especialmente al interior del peronismo.
El intendente de Avellaneda, Oscar Laborde, sostuvo ayer que el asesinato en realidad estaba precedido por una "crónica de una muerte anunciada" y apuntó contra el canciller, Carlos Ruckauf, al sostener que sus declaraciones previas a la tragedia permitían anticipar que "el clima venía enrarecido". Para Laborde, Ruckauf "se ofreció" a sectores autoritarios cuando declaró ante militares dos días antes de los incidentes, que volvería a firmar el decreto dictado en 1976 que avaló el "exterminio de la subversión" y que fue la antesala del golpe militar y la dictadura de la década del 70.
La Justicia ya investiga la amenaza de derrocamiento
BUENOS AIRES ( DyN) - El fiscal Norberto Quantín quedó ayer a cargo de la denuncia radicada por el gobierno de Eduardo Duhalde ante la "escalada de violencia" que, según consta en la presentación, "amenaza con el derrocamiento de los poderes constituidos" y "puede poner en peligro más vidas".
En representación del gobierno el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, presentó la denuncia pasadas las 18 de ayer jueves, ante el procurador general Nicolás Becerra.
Pero Becerra viajó de inmediato a Mendoza para pasar el fin de semana en su provincia de origen y reportó el asunto a Quantín, que actualmente ejerce como fiscal ante la Cámara Federal porteña, en reemplazo provisorio de su colega Germán Moldes. Quantín, además, encabeza el equipo designado por Becerra para colaborar con las investigaciones que realiza el fiscal bonaerense Juan José González por el doble asesinato de piqueteros registrado el miércoles en Avellaneda, donde policías habrían disparado a sangre fría contra desocupados que participaban de una protesta. Junto a Quantín integran el grupo el fiscal federal Guillermo Montenegro y su colega de investigaciones de la UFITCO, Lucio González Valle.
Según las fuentes, Quantín reuniría nuevas pruebas antes de girar la denuncia del Gobierno a la Cámara Federal, para que por sorteo designe el juez que deberá investigar si, como escribió el ministro Vanossi, "los sucesos de los últimos días indican una escalada de acciones violentas" que "amenazan con el derrocamiento de los poderes constituidos" y de la "totalidad de las instituciones de la República".
"Es del caso preguntarnos si estamos o no en presencia de una maquinación concertada para alcanzar con intencionalidad objetivos de máximo alcance que puedan poner en peligro más vidas, más derechos, más libertades y hasta la totalidad de las instituciones de la República que se encuentran constituidas legítimamente y en pleno funcionamiento", añadió el ministro.
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