Viernes 31 de mayo de 2002

 

Mil voces les pidieron justicia a Verani y a Torres
 

Manifestaron por distintas calles reclamando también seguridad. Hubo numerosos profesionales de la salud y jóvenes en la marcha. Sólo Ofelia Villar estuvo de los familiares del primer triple crimen.
  CIPOLLETTI (AC) - Un millar de personas le reclamaron ayer al juez Juan Torres, al gobernador Pablo Verani y al intendente Julio Arriaga que se haga justicia y que se garantice la seguridad de los cipoleños.
La clase media, los jóvenes y los adolescentes caracterizaron la protesta, además de una gran pancarta del Consejo de Psicólogos de Neuquén, entre cuyos afiliados se encontraba una de las víctimas del triple crimen registrado el jueves de la semana anterior.
A pesar de los cuestionamientos a la convocatoria -"venimos a una marcha, no a hacer política", se escuchó un grito- unas mil personas se acercaron hasta la plaza San Martín a hacer oír su reclamo de justicia a una semana del brutal crimen de tres mujeres en un laboratorio de análisis clínicos de Cipolletti.
No asistieron ni los familiares de las víctimas de este asesinato ni de los anteriores, que dejaron la huella de la inseguridad en la ciudad. Sólo Ofelia Villar -la madre de una de las chicas asesinadas en el triple crimen de noviembre de 1997- respondió a la convocatoria.
"Súmese o mañana será us-ted", cantaron muchos de quienes se encolumnaban en la marcha, representantes de entidades de desocupados con costumbre de movilización.
De todos modos, el grueso de la marcha se caracterizó por la gran cantidad de profesionales (no necesariamente de la salud) y de miembros de la clase media cipoleña, adolescentes y jóvenes incluidos.
Pasadas las 18,30 comenzaron a marchar por la calle Roca hasta la esquina de 25 de Mayo, donde está ubicado el laboratorio. Frente a ese edificio, símbolo de la inseguridad que sienten en la ciudad, gritaron por justicia y pidieron renuncias en los gobiernos provincial y municipal, ante la mirada de un policía que custodiaba el lugar donde hace ocho días asesinaron a la bioquímica Mónica García (30 años), la psicóloga Carmen Marcovecchio (39) y su paciente Alejandra Carbajales (37).
La esquina fue además una bifurcación, porque algunos optaron por dar por terminada allí la manifestación, mientras el grupo más numeroso tomó 25 de Mayo en dirección a la Comisaría Judicial, donde funciona la fiscalía de Alejandra Berenguer y tiene su centro de trabajo el juez Juan Torres.
Doblaron por Alem para luego tomar Villegas e internarse en el más tradicional de los barrios residenciales de Cipolletti, el Rosauer. Frente al edificio de la calle Urquiza, donde antes funcionaba la comuna, los manifestantes le gritaron sus reclamos a una puer-ta cerrada, a la que le pegaron un cartel: "exigimos seguridad y justicia eficientes".
"Se va a acabar esa costumbre de matar", cantaron los cientos de manifestantes bajo la fría noche que obligaba a no quedarse quieto. Algunos comenzaron a reclamar la salida de la fiscal o del juez, pero nadie se asomó y a los pocos minutos se empezaron a apagar las luces en algunas de las oficinas.
Además de la pancarta del Consejo de Psicólogos de Neuquén, se levantó otra de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Comahue y otras más pequeñas, como la de un grupo de mujeres denominado Feministas en la Calle, que sostenía que "más policías es igual a más peligro", en alusión al pedido del intendente Arriaga de sumar efectivos a la ciudad.
La columna, ahora mucho menos numerosa, regresó al centro de Cipolletti por la calle España para manifestarse frente al edificio de la intendencia. Se redoblaron allí las críticas contra Arriaga.
Cortaron la calle Yrigoyen durante varios minutos y finalmente se fueron desconcentrando.

Exigencia de familiares de otras víctimas

CIPOLLETTI (AC).- "Parece que acá a un asesinato lo tapamos con otro más grave", dijo Carmen Figueroa de Kilapi, mamá de la joven que sobrevivió cuando mataron a Yanet Opazo. El caso O-pazo fue el primero, el 26 de ju-nio de 1993. Después siguieron otros, entre ellos el triple crimen, Zerdán, Del Frari y la masacre del 23 de mayo.
Ayer los familiares de víctimas de distintos casos irresuel-tos se unieron en el Concejo Deliberante para expresar su bronca y exigir respuestas. Se habló desde la necesidad de poner en marcha "cuatro juzgados penales", hasta la creación de una División Homicidios de la policía provincial y una especie de "ciudad judicial".
Finalmente los concejales se comprometieron a gestionar una audiencia con el gobernador Pa-blo Verani y con los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, además de hacer una declaración y apoyar la organización de reuniones comunitarias para buscar una solución al problema de la seguridad "entre todos".
Pablo Scilipotti fue el primero en hablar. En tono duro, el marido de la kinesióloga Diana del Frari (asesinada el 14 de agosto de 2001) pidió que no sólo se ponga en marcha en forma inmediata el Juzgado Penal creado por ley sino que se trasladen otros tres de Roca a Cipolletti.
"El 57% de las causas que se manejan en Roca corresponden a esta zona", explicó. También solicitó que se construya una alcaidía en Cipolletti y que se utilice el sector previsto para la terminal de ómnibus para crear una "ciudad judicial", un espacio donde los peritos y el personal especializado en investigaciones pueda trabajar de manera más apropiada que en el edificio de Urquiza y España.
Ulises González, padre de María Emilia y Paula, dos de las víctimas del triple crimen de 1997, dijo que "es necesario exi-gir, ya sea por el Superior Tribu-nal de Justicia o el Consejo de la Magistratura, que los jueces brin-den un informe de cada caso".
"En el crimen de nuestras hijas la causa está paralizada. Los demás crímenes están casi en una situación similar, y vemos con horror el nuevo crimen que parece encaminarse hacia la impunidad. Queremos que el Concejo Deliberante en pleno tome la bandera del reclamo para que Cipolletti deje de ser la ciudad del horror y de la muerte y podamos vivir dignamente", manifestó.
Luego, Ariel Olavegogeascoechea, presidente de la Asociación Pro-Esclarecimiento del Triple Crimen, habló de los serios inconvenientes que se presentan con la delincuencia juvenil e instó a "solucionar el problema entre todos".
En el encuentro también estuvieron allegados a la bioquímica Ana Zerdán, Daniella Dellabarca (hija de Elvira Abacca) y los padres de Jorge Ortíz, entre otros. Por primera vez participó Claudina Kilapi, la joven que sobrevivió al ataque en el barrio Labraña cuando asesinaron a su amiga Yanet Opazo.
Sentada en una de las últimas filas, Claudia, como le dicen en su familia, pasó casi desapercibida para muchos. Pero no lo hizo cuando momentos después todos se trasladaron para hablar con el intendente Arriaga. Allí sí, se sentó junto a su madre y a los demás familiares.
"Esto me tocó mucho", expresó casi al borde de las lágrimas cuando terminó la reunión. Era la primera vez en casi nueve años que se sumaba abiertamente al reclamo.

El "mea culpa" del intendente Arriaga

CIPOLLETTI (AC).- "No me manejé con soberbia. Si me equivoqué en su momento tendré que hacer una autocrítica", le dijo el intendente Julio Arriaga a los familiares de casos sin resolver.
Poco antes, Mary Mella, tía de dos de las víctimas del triple crimen de 1997, había criticado al jefe comunal la actitud que adop-tó antes de la masacre. "Usted estaba medio cerra-do, medio soberbio. Más allá de que hablemos desde el dolor, esto que está haciendo hoy podría haberlo hecho antes", dijo Mella.
Arriaga, en tono calmo, le respondió que siempre creyó que la seguridad de-bía ser manejada por expertos. Y reconoció que "si volviera a pasar tal vez actuaría diferente".
"Creo que en este momento lo que hay que hacer es tomar decisiones fuer-tes", enfatizó.
Los familiares de las víctimas de otros casos irresueltos fueron a ver a Arriaga ape-nas terminaron de plantear sus exigencia en el Concejo.

   
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