Jueves 14 de marzo de 2002

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El FMI no apurará la firma de un acuerdo con la Argentina

 

Bajo presión, buscan modificar un presupuesto poco creíble

 

Desde Hacienda admiten que la economía caerá 8,9% y no 4,9

  Ante el crudo mensaje externo, el gobierno argentino no tuvo más remedio que dar su brazo a torcer. Comenzó a buscar formas de modificar el presupuesto para este año, que fue aprobado hace sólo dos semanas, para ajustarlo a las exigencias del FMI.
El secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, admitió que se modificará el presupuesto. El Ministerio de Economía ya admitió que la economía se contraerá este año 8,9% y no 4,9% como dice el proyecto aprobado.
"El problema planteado por el Fondo es la necesidad de redistribuir los recursos, porque depende de cómo crezca el país la capacidad de recibirlos y el nivel de recursos va a decir el nivel de gastos", dijo.
La modificación altera la pauta de ingresos, y para mantener el déficit proyectado de 3.000 millones de pesos (1.239 millones de dólares) el gobierno tendrá que reducir fuertemente los gastos.
En los últimos días, tanto el presidente Eduardo Duhalde como el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, intentaron presionar al FMI con el argumento de que el gobierno es la última oportunidad de que el país no caiga en un caos institucional igual o mayor al de diciembre, cuando dos presidentes renunciaron en 15 días.
Pero las palabras de ayer de Dawson, vocero del FMI, reflejan que el organismo no se dejó impresionar y el plan de Duhalde comienza a tambalear.
Además, Anoop Singh, jefe de la misión del FMI que desde la semana pasada audita las cuentas del país, no ha dado señales positivas, y según los comentarios de quienes lo han entrevistado se limita a reiterar las exigencias del organismo.
La gestión de Duhalde necesita urgentemente la asistencia financiera del organismo para poder cumplir con los vencimientos de deuda contraída con el mismo FMI y con otros organismos, para reestructurar el sistema financiero y reforzar sus reservas.
Sobre la polémica por el Presupuesto, el senador radical, Rodolfo Terragno, aseguró que lo que aprobó el Congreso "no podía engañar a nadie" y sostuvo que los legisladores que votaron a favor de la iniciativa "no adelantaron, sino que retrasaron la negociación" con el FMI.
Terragno, quien votó en la cámara alta contra el Presupuesto 2002, sostuvo que el proyecto enviado por el gobierno nacional era "una mentira" y recordó que cuando la iniciativa fue tratada en el Senado había advertido que el Congreso debía hacer "un presupuesto en serio".
"Como lo dije al fundar mi voto negativo, el proyecto era burdamente falso y no iba a engañar a nadie", afirmó.
Asimismo, Terragno consideró que "lo que había que hacer era un presupuesto en serio" y dijo que lamentaba "que hayamos perdido el tiempo".
El otro gran problema que enfrenta por estos días Duhalde en la acelerada depreciación del peso, que ya perdió casi el 60% de su valor en algo más de dos meses.
En los últimos días se aceleró la caída del peso -el martes tocó su mínimo histórico de 2,50 unidades por dólar- lo que causó pánico de la población, que con el único objetivo de resguardar sus ahorros de una temida "maxidevaluación" hacen largas filas frente a las casas de cambio para hacerse con dólares. (DYN y Télam)

Duhalde pidió "prudencia" en discusiones tarifarias

El presidente Duhalde pidió ayer a las empresas extranjeras adjudicatarias de los servicios públicos que sean "prudentes" a la hora de hablar de ajustes de las tarifas a raíz de la fuerte devaluación del peso.
Duhalde advirtió que la población no está en condiciones de afrontar aumentos de tarifas que no sean "razonables", informó el portavoz presidencial, Eduardo Amadeo, tras una reunión que el jefe del Estado mantuvo ayer con 16 empresarios extranjeros.
Amadeo dijo que "está por comenzar" la renegociación de los contratos de concesión de los servicios públicos, que en su mayoría están en manos de empresas españolas, estadounidenses, francesas e italianas tras las privatizaciones de la década de 1990.
Aclaró que este proceso "no significa que habrá aumentos" en las tarifas sino que Duhalde pidió "prudencia" a la hora de hablar de ajustes, ya que los contratos a negociar son "de muy largo plazo".
El peso argentino sufrió una fuerte devaluación desde que en enero pasado, el Congreso anuló la convertibilidad.
Las tarifas de la telefonía, electricidad y gas natural, entre otros servicios, fueron fijadas por contrato en dólares, bajo la antigua paridad cambiaria con el peso, y se ajustan anualmente según el índice de inflación de Estados Unidos.
El gobierno de Duhalde, que asumió el 1 de enero pasado, promulgó una ley "de emergencia económica" que entre otros puntos pasó las tarifas de los servicios públicos a pesos, bajo la relación de "uno a uno" con el dólar, y prohibió aumentarlas hasta que se negocien nuevos contratos.
Eduardo Amadeo informó de que los empresarios expresaron al presidente su "preocupación" por "la seguridad jurídica" en el país y pidieron "reglas claras" para la inversión.
(DYN)

Empresas líderes prevén un duro escenario

El 72 por ciento de las empresas líderes nacionales y extranjeras radicadas en el país sostiene que los últimos cambios políticos y económicos tendrá un efecto negativo en los negocios, según una encuesta realizada por la filial local de la consultora internacional William Mercer.
De acuerdo al informe la visión sobre los negocios "es menos negativa en el mercado de empresas industriales (56 por ciento negativo) y mayor en las de consumo masivo (90 por ciento)".
El promedio general casi lo están marcando las firmas que integran el sector de servicios (73 por ciento). Por otra parte, la encuesta de William Mercer reveló que "el 27por ciento de las empresas habían reducido salarios durante los 24 meses anteriores a los cambios" políticos y económicos de entre fines de diciembre y principios de enero. De esas empresas, el 93 por ciento admitió que "no piensa otorgar incrementos (salariales) a sus empleados en el corto plazo".
El sondeo también señala que "el 32 por ciento de las empresas ya había hecho reducciones en los beneficios otorgados a los empleados y ahora los piensan seguir reduciendo durante el presente año el 26 por ciento de las participantes". Para la mayoría de las empresas, un eventual aumento de salarios en forma generalizada se justificaría "si el incremento en el costo de vida trepa a un 15 ó 20 por ciento".
     
     
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