Crecen los reclamos para remover la Corte
Duhalde analiza cambios en el máximo tribunal.
El jefe del Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, le pidió ayer la remoción de los nueve ministros de la Corte luego de un encuentro que mantuvo con quien "va a ser consecuente con lo que la gente realmente está expresando" sobre el alejamiento de los jueces, según anticipó el justicialista Osvaldo Mércuri, titular de la Cámara de Diputados bonaerense.
Por su parte el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Luis Ramírez, dijo que la entidad espera que en los próximos días "Duhalde pida a los ministros de la Corte el gesto histórico, patriótico, de renunciar voluntariamente".
"El presidente no puede echar a los jueces de la Corte pero puede pedirles que renuncien. Vamos a esperar las decisiones que el gobierno tomará en estos días y si no acompaña el reclamo de la gente, entonces vamos a hacer un nuevo cacerolazo ante la Corte, que debe renunciar", manifestó Ramírez. La Asociación de Abogados se movilizó nuevamente ayer en reclamo de la remoción de los jueces supremos.
Mércuri, por su parte, fue consultado sobre la demanda pública para el alejamiento de los nueve ministros del supremo tribunal y respondió que "toda manifestación que la gente hace tiene razón, y será una decisión que tomará Duhalde".
"Esto lo pide la ciudadanía, es parte de la protesta y Duhalde va a ser consecuente con lo que la gente realmente está expresando, no sólo en las calles sino a través de los medios de opinión pública", manifestó el legislador.
La posibilidad de remover a los miembros de la Corte sólo podría ser viable a través de un juicio político. La opción de poner a los jueces en comisión únicamente podría ser ejercida por una Asamblea Constituyente.
Durante la Asamblea Legislativa que consagró a Duhalde como presidente, los titulares de los bloques del ARI, del Frepaso, del Frente para el Cambio y también algunos legisladores radicales y justicialistas propiciaron una renovación del alto tribunal.
Abogados constitucionalistas consultados por Télam coincidieron en señalar que el único camino para la remoción de los integrantes del máximo tribunal es el juicio político a través del Parlamento, tal como esta previsto en la Constitución Nacional.
La Carta Magna -en sus artículos 53, 59 y 60- explica que la Cámara de Diputados es quien ejerce el derecho de acusar ante el Senado a los miembros de la Corte, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, para lo cual necesita de las dos terceras partes.
Atentos a las cacerolas
Atentos al ruido de cacerolas y a los voces que reclaman la renuncia del cuerpo en pleno, los jueces de la Corte mantuvieron ayer reuniones y contactos telefónicos.
Además del enojo popular que afronta por esos días la Corte, otros hechos preocupan a los jueces supremos: Duhalde propuso, en la campaña que le negó la Presidencia en el "99, reducir el número de miembros del tribunal. Y el constitucionalista Jorge Vanossi, que quedaría a cargo de la cartera de Justicia, adhirió a esa idea aunque siempre aclaró que sólo son aceptables los mecanismos que ofrece la Carta Magna.
Nazareno, un riojano de fuertes vínculos con el ex presidente Carlos Menem, no concurrió a la ceremonia de asunción de Duhalde y en su lugar asistió al acto el vice, Eduardo Moliné O"Connor.
Ambos permanecerán en Buenos Aires porque estarán de turno en los primeros quince días de la feria de enero. (DYN)
Investigan a De la Rúa, Cavallo y Colombo por subversión económica
La administración del radical Fernando de la Rúa, quien renunció a la Presidencia de la Nación el 20 de diciembre último, quedó ayer bajo la lupa de la Justicia federal por presunto fraude y subversión económica, a raíz del crecimiento del endeudamiento externo y la fuga de capitales locales.
Sucede que la fiscalía federal formuló un requerimiento de instrucción penal contra De la Rúa, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, el ex jefe de Gabinete Chrystian Colombo y las autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que a través de la Superintendencia de Entidades Financieras debe controlar el funcionamiento de los bancos.
Fuentes judiciales dijeron a la agencia DyN que la jueza federal María Servini de Cubría interrogará la semana próxima a las diputadas del Alternativa para una República de Iguales (ARI) Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Marcela Rodríguez, quienes radicaron la denuncia y aportaron profusa documentación sobre los hechos reportados a la Justicia.
La magistrada convocó a las legisladoras para que ratifiquen la denuncia, a la que dio curso favorable el fiscal Luis Comparatore.
En la presentación, las denunciantes describen el endeudamiento externo y la fuga de capitales al exterior como "parte de un mismo proceso" y vinculan las transferencias de dinero al exterior con la circulación de fondos supuestamente ilegales y la evasión fiscal, según dijeron las fuentes.
Las diputadas, además, suministraron documentos y datos sobre las "cuentas negras" por las que habrían emigrado fondos depositados en el sistema bancario.
Deuda y fuga de capitales
La deuda pública y la fuga de capitales locales al exterior son "parte de un mismo fenómeno", explicó un vocero con acceso a la denuncia presentada a la Justicia, a la que fue adjuntado un diskete con varios gráficos que intentan mostrar que el Gobierno de la Alianza profundizó la vulnerabilidad del sistema financiero argentino.
En agosto pasado Carrió difundió un informe voluminoso sobre supuestas operaciones de lavado de dinero en Argentina.
Y si bien muchos de los datos reportados por la diputada fueron corroborados por la Justicia, otros resultaron erróneos.
La diputada nacional oriunda del Chaco creó su propia agrupación -"Alternativa por una República de Iguales- tras haber formado parte de la Alianza que posibilitó a De la Rúa asumir la primera magistratura en 1999.
Sin embargo el 20 de noviembre último Carrió y legisladores de su bloquear promovieron una denuncia por traición a la Patria contra De la Rúa, que renunció a su cargo ese mismo día, acusado también por los asesinatos que se produjeron durante la represión a manifestantes que enlutó su última jornada como jefe de Estado. (DYN)
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