Modificarían decreto que prohíbe la extradición de ex represores

El nuevo Poder Ejecutivo dejará en manos de la Justicia las decisiones sobre extradición de los acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar y derogará el decreto mediante el cual el ex presidente De la Rúa fijó doctrina de no colaboración internacional.
Así lo anunció ayer el flamante secretario de Justicia, Alberto Zuppi (ver aparte), quien anunció, en términos generales, la posición que la nueva administración tomará al respecto.
Esta decisión modifica en forma sustancial la política de derechos humanos, la cual fue transmitida ayer a las Madres de Plaza de Mayo, que entraron a la Casa Rosada por primera vez en dieciocho años (ver aparte).
El nuevo secretario de Justicia, Alberto Zuppi, aseguró que la medida dispuesta por De la Rúa, "es algo que hay que corregir". Esta decisión implica un cambio con respecto a la postura que adoptaron las autoridades argentinas en los últimos años. Las limitaciones para el juzgamiento en Argentina de este tipo de procesos fueron las leyes de obediencia debida y punto final, además del indulto.
Tanto De la Rúa como Carlos Menem, invocaron los principios de territorialidad de la justicia penal y de "cosa juzgada" para justificar su negativa a los pedidos de extradición de personas acusadas de participar en la represión por jueces de varios países foráneos. El juez español Baltasar Garzón solicitó la captura con fines de extradición de 70 militares y civiles acusados de crímenes a españoles o descendientes, pero sus continuas peticiones fueron rechazadas.
Pero posibilidad de extraditar a ex represores por tribunales europeos desató la primera controversia en el seno del nuevo gobierno: mientras la Secretaría de Justicia adelantó que derogará el decreto que traba todos los pedidos internacionales, la Cancillería relativizó tal posibilidad.
El canciller José María Vernet, a cargo del Ministerio de Defensa, eludió confirmar o rechazar tal decisión, e inclusive señaló que las FF.AA -cuyos jefes fueron confirmados en sus cargos-, evaluarán la situación y darán una respuesta "conjunta" al presidente Rodríguez Saá. "Las posiciones están todas abiertas", prologó Vernet quien, en tono mesurado y cuidándose de no exponer públicamente las primeras diferencias de criterio en un gabinete heterogéneo, sostuvo que una decisión de esa naturaleza "necesita elaboración y negociación. La negociación ha sido realizada y las FF.AA y todos los organismos darán su opinión conjunta en el término de 15 días". (DyN, Infosic, EFE)

"Se respetará el principio de entregar o juzgar"

El secretario de Justicia y Asuntos Legislativos, Alberto Zuppi, afirmó ayer que la Argentina respetará el principio de entregar o juzgar a las personas requeridas internacionalmente por supuestas violaciones a los derechos humanos.
De esta manera, Zuppi rechazó y planteó la anulación del decreto firmado por el ex presidente De la Rúa que rechazaba las extradiciones por hechos ocurridos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 por crímenes de lesa humanidad.
El 15 de diciembre, el gobierno decretó que todos los pedidos de extradición formulados por tribunales extranjeros en causas sobre violaciones a derechos humanos cometidas en el país serían rechazados, mientras que las solicitudes de arresto provisorio se enviarán al juez competente. Mediante el decreto 1581, De la Rúa decretó que en los pedidos de asistencia judicial o extradición formulados por tribunales extranjeros, la Cancillería argentina los rechazará "por hechos ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional". La norma se refiere a las diversas solicitudes de cooperación jurídica realizadas por la justicia de otros países sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura, como España, Italia, Francia y Alemania.
Zuppi refirió que el "decreto recientemente sancionado tenía como misión ser la doctrina oficial", pero resaltó que "los jueces tienen que resolver y aprender de estas cuestiones. Hay un principio de derecho internacional que es o entregar o juzgar. Si no estamos dispuestos a entregar a las personas que sean requeridas, tenemos la obligación internacional de juzgarlas", afirmó.
El funcionario, abogado de la agrupación Memoria Activa y experto en Derechos Humanos y Derecho Internacional Público, destacó que "es un principio obligatorio, está en rigor. Pero lo que no se ha hecho es no llevarla a la práctica." (Télam)

Rodríguez Saá prometió liberar a detenidos "políticos y sociales"

El presidente Adolfo Rodríguez Saá recibió a los dos sectores en que se dividen las Madres de Plaza de Mayo, y prometió que enviará una ley al Congreso que disponga la inmediata libertad de los miles de detenidos durante los sucesos ocurridos la última semana que derivaron en la renuncia del ex mandatario Fernando de la Rúa.
Rodríguez Saá recibió al sector que lidera Hebe de Bonafini, mientras por la tarde se reunió con dirigentes de la llamada Línea Fundadora, que encabeza Nora Cortiñas. Al respecto, Bonafini, dijo que "el presidente nos prometió que ya está en su pensamiento la ley para la libertad, no sé si de todos, pero creo que sí, de todos los presos políticos y sociales".
Cuando se le preguntó si incluía a los de la Tablada, Bonafini respondió: "de todos" e hizo referencia a un total de "2.400 procesados".
Asimismo, indicó que Rodríguez Saá prometió enviarles hoy a la noche el respectivo proyecto de ley. Destacó que "nos vamos muy ilusionadas y con grandes expectativas de que el primero de enero todos los compañeros que están en la cárcel por pedir comida y por luchar, queden en libertad".
Las madres concurrieron a Gobierno con sus clásicos pañuelos en la cabeza, por primera vez desde 1984. Rodríguez Saá las saludó a todas con un beso y personalmente les acercó una silla a cada una.
Las madres, además de la libertad de los presos y el desprocesamiento de "todos" los detenidos y condenados por hechos criminales, piden la expulsión sin perjuicio de acciones penales de los funcionarios involucrados en la represión..En otro orden, reclamaron la extradición de las personas juzgadas o requeridas por tribunales internacionales que están acusadas de crímenes de lesa humanidad. (DyN)

Ellas se fueron conformes

La delegación de Madres de Plaza de Mayo ingresó a la Casa Rosada tras 17 años de no hacerlo y se retiraron muy conformes del encuentro con el presidente interino.
Hebe de Bonafini destacó que "nos vamos muy ilusionadas y con grandes expectativas de que el primero de enero todos los compañeros que están en la cárcel por pedir comida y por luchar, queden en libertad".
"Nos vamos muy emocionadas porque desde 1984 no entrábamos en esta casa, no éramos recibidas como personas, así que estamos contentas, esperanzadas y vigilantes. Vamos a estar muy atentas", advirtió. Además, dijo que Rodríguez Saá "nos pidió que si sabemos de hechos de corrupción, si sabemos de represión, se lo hagamos llegar".(DyN)

Giacomino reemplaza a Santos, quien deberá responder a la Justicia

El comisario Roberto Giacomino será el nuevo jefe de la Policía Federal, en reemplazo del cuestionado Rubén Santos, quien quedó en el ojo de la tormenta después de la brutal represión de la semana pasada.
La Justicia analiza con lupa la posible orden de represión por parte de Santos, que dejó treinta muertos en las manifestaciones callejeras
La Justicia recibió los resultados preliminares de las autopsias realizadas a los fallecidos durante los incidentes del jueves pasado. Allí se comprobó que las víctimas, la mayoría, disparos de bala en el pecho, según informaron fuentes judiciales.
Los fiscales a cargo de la investigación Luis Comparatore y Patricio Evers pidieron a la Federal que informe el "lugar físico" donde se encontraba "la autoridad máxima de la institución", el día de la presión y "las posibilidades que ello le brindaba para el efectivo comando de las tareas realizadas por el personal policial". En el juzgado y en la fiscalía manejan la hipótesis de que la orden de reprimir fue impartida por el ex jefe de la Policía Federal, y por Ramón Mestre.(Infosic)

Foto: Desde 1983 las Madres de Plaza de Mayo no ingresaban a la Rosada