Otra vez la burocracia quedó al margen del ajuste

El proyecto de ley de Presupuesto Nacional para el año 2002 no avanza sobre recortes en la burocracia estatal y la reducción de 9.200 millones de pesos se sostiene en una caída de 5.500 millones en el pago de interés de la deuda, en la poda del 13% en sueldos y jubilaciones y la eliminación del Fondo de Incentivo Docente.
Esto se desprende de la propuesta elevada por el Poder Ejecutivo Nacional y cuyo texto completo fue difundido ayer en el Palacio de Hacienda.
Los gobernadores justicialistas y radicales condicionaron su apoyo al proyecto oficial y el Consejo Nacional Justicialista que conduce Carlos Menem instó a una rápida aprobación.
El ministro de Economía, Domingo Cavallo, comprometió al Parlamento a "detectar gastos superfluos" de posible supresión y mantuvo sin alteraciones el número de dependencias del Estado y los distintos subsidios que rigen en la actualidad.
La iniciativa ya recogió una objeción del Fondo Monetario Internacional (FMI), que a través de un portavoz advirtió que la política fiscal, conjugada con el nivel de deuda y la paridad cambiaría "no es sostenible".
La propuesta de reducción de gastos por 9.200 millones se compone de unos 5.500 millones de reducción de intereses, cerca de 3.000 millones por la anualización del recorte a salarios estatatles y jubilaciones, unos 400 millones por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente y sólo entre 400 y 500 millones de baja de gasto.
Dentro de las 450 páginas que forman el proyecto de ley se detalla que la ANSSeS contará con 17.117,1 millones para atender el pago de jubilaciones, pensiones y retiros.
A su vez se garantizan los fondos para sostener los subisidios a los combustibles en la Patagonia, al Fondo del Tabaco y a ferrocarriles metropolitanos.
El diputado justicialista Jorge Matzkin aseguró anoche que "no hay chances" de que el Presupuesto 2002 se apruebe, siquiera en general, antes de fin de año, y sostuvo que "canjear la Ley de Leyes por 1.000 millones de dólares es minimizar los problemas del país", en alusión a la asistencia que otorgaría el FMI al Gobierno.
"Habría que buscar con lupa un diputado del partido que sea que esté dispuesto a votar este Presupuesto sin decir una palabra", remarcó Matzkin, quien consideró que la discusión presupuestaria "es una buena oportunidad para discutir la política económica del Gobierno".
Consultado sobre si hay posibilidades de que el Presupuesto se apruebe en general antes de fin de año, Matzkin contestó: "No hay chances".
Así, el miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja explicó que "no hay tiempos parlamentarios, aunque este proyecto se quisiera aprobar a libro cerrado sin que nadie lo mirara".
En cuanto a los recortes en la política reclamados desde varios sectores, el legislador del PJ aseguró que "los diputados ya nos bajamos el sueldo tres veces, pagamos impuestos, y los privilegios que teníamos ya no existen más".
El senador justicialista Oscar Lamberto sostuvo ayer que para que el Presupuesto 2002 sea cumplible "hay que detener la caída de actividad", y consideró que "no es serio" si el Poder Ejecutivo estuvo "tres meses para elaborar el proyecto que ahora esperen que el justicialismo lo apruebe en una semana".
"Si la economía sigue en franco deterioro como hasta ahora, el presupuesto pasa a ser una anécdota", indicó Lamberto, quien remarcó que "hay que ver si resiste socialmente" el nivel de recortes planteado por el Poder Ejecutivo.

"No votaremos a libro cerrado"

Los gobernadores justicialistas condicionaron su apoyo al proyecto oficial de Presupuesto para el año próximo y señalaron que no podrá aprobarse antes de un mes.
Fuentes del justicialismo indicaron que los condicionamientos incluyen: que no se toquen los aguinaldos, no se aumenten los recortes a jubilaciones ni salarios estatales ni tampoco se hagan recortes a los fondos provinciales.
"Que se olviden de que se vote a libro cerrado", señalaron.
En el mismo sentido, el diputado justicialista Jorge Remes Lenicov dijo ayer que el PJ tratará "lo antes posible" el proyecto oficial, aunque estimó que la ley de previsiones de gasto recién podría estar lista "en la primera quincena de enero".
Mientras se espera para el jueves la visita del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y del ministro Cavallo, a la primera reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda que presidirá Jorge Matzkin para explicar en detalle el proyecto, los diputados justicialistas comenzaron a hacer críticas a la propuesta.
Fuentes legislativas señalaron que en un primer punteo se cuestiona la dimensión de la reducción del gasto, que llegará a 9.200 millones de pesos, la no inclusión del presupuesto de la AFIP, que quedó en manos del Ejecutivo y la posibilidad que da el proyecto a que se avance en el arancelamiento de las universidades públicas.
Los legisladores ponen en duda el ahorro de 5.500 millones de dólares en pagos de intereses que se estima se alcanzará con el canje de deuda y critican ajustes a centros de salud como el Hospital Malbrán, la colonia Montes de Oca y el Consejo del Menor y la Familia.
Sin embargo, fuentes del PJ resaltaron que el ánimo es el de facilitar la aprobación y que el punto límite serán los aguinaldos, recortes a estatales y a fondos provinciales.

"Anarquía total"

El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, acusó ayer a la administración De la Rúa de ser "un gobierno inexistente" que generó "una anarquía total en el país", y le advirtió que "recapacite" de esa actitud "antes de que sea demasiado tarde". También denunció que hay "una rebelión fiscal" en el país porque "nadie paga impuestos", pero dijo que el Gobierno "se guarda todo" lo que recauda y provoca una situación de "empobrecimiento" en las provincias que, en su opinión, "no puede continuar".
"Los argentinos estamos hartos de un gobierno inexistente que ha generado una anarquía total en el país y esto no puede continuar. El Gobierno nacional tiene que recapacitar ya"

Denuncian a Cavallo por obligar a bancos a desobedecer fallos judiciales

El ministro de Economía, Domingo Cavallo, fue acusado ayer ante la Justicia Federal de instigar a los banqueros a cometer delito en virtud de la resolución mediante la cual el jefe de Hacienda ordenó a las entidades financieras a incumplir con las normas judiciales que autorizan retiros de dinero sin las limitaciones que impuso el Gobierno.
El fiscal del crimen Pablo Lanusse pidió a la Cámara Federal que inicie, mediante el sorteo correspondiente entre los juzgados del fuero, una causa por el posible delito de "abuso de autoridad... en el que podría haber incurrido" Cavallo a raíz del dictado de la resolución 850/2001.
Apenas abrieron las puertas de los Tribunales de Retiro, el abogado laboralista Héctor Recalde hizo punta al radicar la primera denuncia por "abuso de autoridad", "instigación al delito" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público" contra Cavallo.
Luego sigueron los diputados Mario Cafiero, Graciela Ocaña, Alicia Castro, Alfredo Villalba, quienes con términos similares cuestionaron la actitud de Cavallo.
El ministro "llama a los bancos a ponerse en pie de guerra contra el Poder Judicial", dijo Castro en la denuncia.
La decisión de Cavallo motivó, además, el repudio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia, que nuclea a jueces de todo el país, que en un comunicado denunció una "clara subversión de las bases institucionales de la República y de la división de poderes".
Todas las presentaciones atacan la resolución 850/01 del Ministerio de Economía que dispuso que los bancos "no podrán aceptar bajo ningún concepto las demandas judiciales cuyo cumplimiento quedará condicionado a la previa intervención del Estado Nacional en los juicios en las que se dictaran".
"Curiosa disposición dictada por un funcionario público que tiene declarados en su declaración jurada presentada ante la Oficina de Etica, la suma aproximada de 700 mil dólares en un paraíso fiscal de las Islas Caymán, donde evidentemente no le son aplicables las restricciones del Decreto 1570/2001", puntualizó Cafiero en su presentación.(DYN e Infosic)

Foto: Domingo Cavallo pidió a los diputados que eliminen los gastos superfluos.