Martes 4 de diciembre de 2001

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Líderes afganos firmarán el acuerdo de gobierno

  Aunque se discutían varios detalles, la ONU tenía listo ayer el borrador para comenzar la transición política con un gobierno interino. Algunas concesiones a Rabbani permitirían el pacto.
  BONN (ANSA).- La firma de un acuerdo sobre el futuro de Afganistán se espera para hoy en la Conferencia que se está celebrando en Bonn, donde los delegados habrían llegado a un acuerdo inicial y ahora intentan definir la composición del nuevo órgano de gobierno.
La ceremonia de cierre oficial de los trabajos, que contaron con la presencia del canciller Gerhard Schroeder y del ministro de Relaciones Exteriores, Joschka Fischer, se realizará el miércoles o, a lo sumo, el jueves.
El marco para la transición político-institucional del nuevo Afganistán ya está delineado y los nombres que circulaban con insistencia para estar al frente del ejecutivo transitorio eran dos.
Se trata de Hamid Karzai (de 46 años, pashtún), el comandante cercano al ex rey que lidera la lucha contra los talibán para la conquista de Kandahar, y Abdul Sattar Sirat (de 61 años, uzbeko), jefe de la delegación en Bonn del grupo del ex soberano y principal consejero de Zahir Shah.
Menos posibilidades tendrían otros dos candidatos, cuyos nombres siguen circulando: el ex presidente Sibghatullah Mojaddedi, y Pir Sayed Ahmed Gailani, líder espiritual de los pashtún del sur del país.
Fuentes diplomáticas presentes en la conferencia consideran favorito a Karzai, que reuniría muchas cualidades.
En primer lugar, observaron las fuentes, es quien más que otros ilustró en el mundo el sentido y significado de la Loya Jirga, la Asamblea Popular Afgana, que en base al acuerdo alcanzado en Bonn deberá ser convocada después de seis meses de iniciada la administración provisoria. El es, además, un hombre con experiencia de gobierno pues fue viceministro de Relaciones Exteriores desde 1992 a 1994, pero también un combatiente y un autorizado jefe tribal.
Todas estas cualidades, según las fuentes, deberían garantizarle un rol decisivo.
En el texto final del documento de acuerdo, según las mismas fuentes diplomáticas, habría sido incluido, en su preámbulo, un agradecimiento a la contribución dada a lo negociación en Bonn por el ex presidente Burhanuddin Rabbani y los mujaidin, mientras sigue sin variaciones la referencia al rol simbólico y de garante del ex rey Zahir Shah.
La autoridad provisoria que tendrá a su cargo la transición política de Afganistán prevé la creación de una administración interina (gobierno), compuesta de 29 miembros: presidente, 23 ministros y cinco vicepresidentes.
Además se constituiría una comisión especial independiente de 21 personas encargadas de convocar, en el transcurso de seis meses, a una Loya Jirga de emergencia y a una Corte Suprema, primer embrión del poder judicial.
La presencia de las mujeres en los nuevos organismos de poder será garantizada y se crearía un Ministerio de Mujeres con el fin de garantizar sus derechos seriamente afectados en los años del poder talibán.
Un punto del documento de acuerdo subraya, explícitamente, de qué manera la comisión independiente para la Loya Jirga debe garantizar en esa asamblea un "número significativo de mujeres" y de exponentes de las minorías nacionales.
La Loya Jirga de emergencia abrirá el camino a un gobierno representativo de una duración de dos años que se ocupará de definir la nueva constitución y llamar a elecciones.

Perfil: Hamid Karzai, consenso y lazos con la CIA

Sus nombres suenan como música, pero es muy poco lo que se sabe de quienes encarnan la esperanza de un Afganistán nuevo.
En las largas negociaciones en Petersberg, cerca de Bonn, el nombre más firme como posible miembros de un gobierno de transición ha sido el líder pashtún Hamid Karzai.
Karzai, de 46 años, no está presente en la conferencia. "Está en el frente", afirma un participante.
Pero en el juego de poker por las posiciones de poder en Kabul siempre está presente, como el candidato con más posibilidades de convertirse en jefe de gobierno transitorio.
"No está enemistado con nadie en el multiétnico Afganistán", argumenta un observador de Teherán para explicar su influencia.
Además, es apoyado por la Alianza, que tras su victoria sobre los talibán posee en los hechos el poder en Afganistán, y por los monárquicos en torno al exiliado rey Zahir Shah, de 87 años.
Muchos ancianos de la mayoría pashtún aceptan a Karzai, un político moderado que también es considerado un "protegido" de Estados Unidos. Cada vez crecen más los rumores acerca de que el líder pashtún es financiado por el servicio secreto estadounidense, la CIA.
El elegante ministro del Exterior de la Alianza del Norte, Abdullah Adullah, también impulsaría su nombre.

Los acusados en tribunales militares tendrán que probar su inocencia

NUEVA YORK (ANSA) - El acusado que ingrese, en el futuro, en la sala de la corte militar antiterrorismo establecida por la Casa Blanca, se encontrará frente a un sistema judicial que lo mirará de manera distinta a la habitual dado que ya no existe la presunción de inocencia sino de culpabilidad.
De este modo, sus derechos se verán reducidos al mínimo y la culpabilidad podrá ser sancionada incluso sin ser probada "más allá de cualquier razonable duda". Las reglas de los tribunales militares, motivo de polémicas cada vez más duras en Estados Unidos, están estudiándose en oficinas del Pentágono.
De ello se ocupan los especialistas legales del ministerio de Defensa, que trabajan a pocos metros de las ruinas provocadas por el ataque terrorista del 11 de setiembre, inmersos en el clima de una guerra en curso.
Las características de los tribunales militares no fueron aún definidas en detalle, pero distintos adelantos permiten hacer un primer perfil de los mismos.
Las cortes frente a las cuales el presidente George W. Bush y el ministro de Justicia, John Ashcroft, quieren ver comparecer a los miembros de Al Qaeda tienen las siguientes características: Al ministro de Defensa le toca nombrar a los miembros de la corte, pero aún no se sabe su número. Las modalidades previstas podrían ser las mismas de las cortes marciales, pero bajo la presión del Congreso podría tomarse la decisión de no recurrir sólo a oficiales en servicio.
Existe la posibilidad de integrarlos con jueces federales jubilados e incluso docentes universitarios y otros civiles de probada integridad. En cuanto a las pruebas se admitirá cualquier que resulte relevante "para una persona razonable", subraya la ordenanza de Bush.
En relación con el imputado, EE.UU. se reserva el derecho de no informarlo de las acusaciones en su contra.
Los ciudadanos norteamericanos no pueden comparecer frente a estos tribunales, pero pueden ser procesados los extranjeros que residen en Estados Unidos, unos 20 millones. Para los terroristas de Al Qaeda capturados en combate, en Afganistán, los especialistas del Pentágono consideran que no valen ni siquiera los derechos de los prisioneros de guerra previstos por la Convención de Ginebra.

Presionan por cambios

Las medidas que pretenden aplicar los tribunales militares que creó el decreto presidencial pusieron en movimiento a los defensores de los derechos civiles en EE.UU., que cuestionan varias disposiciones.
En este momento se están produciendo presiones sobre el Pentágono para que incluya algunos derechos fundamentales, no previstos en los primeros proyectos, como la presunción de inocencia, el derecho de elegir un defensor y la posibilidad de apelar a una corte militar superior.
El último punto es el que corresponde al veredicto, uno de los más delicados.
La ordenanza de Bush prevé que la culpabilidad, y las condenas a muerte, pueden ser pronunciadas por una mayoría de dos tercios, con la posibilidad de una "decisión final" de parte del presidente y del jefe del Pentágono.
Las normas federales, que los críticos de la Casa Blanca, tratan de hacer aplicar, piden un veredicto unánime para decidir la pena capital.
La ejecución, así como el proceso, en el proyecto Bush-Ashcroft, se produce en secreto.

     
     
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