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Viernes 30 de noviembre de 2001 | |
 MAS INFORMACION Los descuentos a los estatales serán proporcionales en bonos y dinero |
El TSJ rechazó otro planteo contra la nueva ley del Iadep |
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| NEUQUEN (AN).- Dos artículos de la última modificación introducida a la ley del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep), cambios que levantaron polvareda entre el Movimiento Popular Neuquino y la oposición legislativa, no son inconstitucionales, según un fallo del Tribunal Superior de Justicia conocido ayer. La acción fue promovida por el intendente de San Patricio del Chañar, Leandro Bertoya, argumentando que el artículo segundo de la ley 2369 avanzaba sobre postestades propias del Poder Ejecutivo, y el tercero violaba el principio de autonomía municipal. La ley 2369 fue aprobada por unanimidad e introduce controles legislativos al otorgamiento de créditos concedidos a través del Iadep. Después de aprobada la norma, el bloque del MPN retrocedió en su posición, presionado por intendentes de su partido y empresarios que tenían créditos asignados cuyos fondos, a partir de la sanción de esta ley, debían pasar por el filtro de la Cámara. Bertoya es intendente de San Patricio del Chañar, una localidad que capturó, a través del sector privado, buena parte de los créditos concedidos por el Iadep para desarrollar emprendimientos productivos vinculados al agro. Cuando se aprobó la ley, Bertoya y otros intendentes del partido provincial organizaron una movilización hacia la Legislatura junto a los empresarios. La reunión culminó de mal modo, especialmente con los diputados del justicialismo. El intendente de El Chañar acudió al TSJ y pidió directamente la inconstitucionalidad de los dos artículos que generaron discordia. El TSJ, con el voto en disidencia del vocal subrogante Alberto Tribug, rechazó el pedido de Bertoya. Este es el segundo fallo del tribunal por el mismo caso y que mantiene en pie los cambios introducidos por los legisladores. El anterior planteo fue presentado por Ernesto Marti Reta, director de Neuquén Produce SA, una de las empresas beneficiarias de un lote de créditos que están bajo la lupa de los diputados del justicialismo y de la Alianza. En el caso de Marti Reta también hubo fallo dividido porque Tribug se expidió a favor de la declaración de inconstitucionalidad de los aludidos artículos de la ley 2369. Al igual que el intendente Bertoya, Marti Reta impulsó una acción porque consideraba que los cambios introducidos por los diputados violaban artículos de la Constitución Provincial y el TSJ opinó que la ley es constitucional. Alrededor del Iadep y los créditos concedidos se originó una fuerte lucha política entre diputados del oficialismo y de la oposición. Como las partes no llegaron a ningún acuerdo, la discusión continuó en la justicia a través de dos vías. Uno de los caminos fue la acción de inconstitucionalidad que presentó Marti Reta y Bertoya. Y el otro frente abierto es el planteado por Bertoya y el presidente del bloque de diputados del MPN, Julio Falleti, que pidieron que se investigue la asignación de créditos ante las sospechas de favoritismos y privilegios concedidos en la operatoria a funcionarios y ex funcionarios de la provincia. Este último expediente está en manos del fiscal de delitos contra la administración pública, Pedro Telleriarte. En esta causa ya declaró como testigo el diputado justicialista Aldo Duzdevich que acercó documentación sobre los créditos del Iadep otorgados a empresas que integran funcionarios y ex funcionarios de gobiernos de la provincia. La investigación en la justicia se inició por pedido de representantes del partido provincial cuando el debate por los créditos, relacionados a un proyecto de producción de peras, manzanas y uvas, se encontraba en su punto más áspero en la Legislatura. El cambio a la ley del Iadep se introdujo junto con la regionalización del organismo para dar una respuesta a la demanda de la localidad de Zapala que había cortado las rutas y mantenía bloqueados los accesos a localidades del norte. |
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