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La Cámara de Diputados aprobó ayer en general el proyecto que crea un "impuesto de emergencia a las ganancias" para las empresas que ganaron más de cinco millones de pesos anuales y las personas que tuvieron un ingreso superior a un millón de pesos anual. Anoche, el jefe del Gabinete, Chrystian Colombo, dijo que el Poder Ejecutivo "no va a promulgar" el aumento en el impuesto a las Ganancias.
El proyecto fue aprobado en general por 100 votos a favor sobre 79 en contra y 2 abstenciones. El justicialismo había pedido que volviera a comisión pero fracasó en la votación.
El aumento del impuesto busca absorber fondos para equilibrar el déficit fiscal y recaudar unos 1.056 millones de pesos. El presidente del bloque de la Alianza y uno de los autores, Darío Alessandro, lo presentó con énfasis, a la espera de una pulseada complicada.
"El déficit cero es bárbaro cuando hay que recortar pensiones, salarios de los estatales y prestaciones sociales, pero cuando se los obliga a sacar lo que está guardado y ponerlo dicen que es una medida injusta", disparó Alessandro contra un frente de detractores del proyecto, que situó en la cima del sector económico y financiero.
El jefe de los legisladores aliancistas aseguró que el incremento sólo afectará a "un club muy selecto" de unas 500 empresas y personas con mayor nivel de ganancias.
En el justicialismo sobresalieron las posiciones críticas.
"En medio de una recesión apelar a medidas espasmódicas para limpiar conciencias es absolutamente irresponsable", cuestionó el peronista Oscar Lamberto, quien fue el encargado de que volviera a comisión.
Un recién llegado al bloque del PJ, el ex cavallista Arnoldo Lamisovsky, lo atacó con el argumento de que el aumento frenaría las inversiones futuras de las empresas gravadas.
Pero después, los partidos ubicados a la izquierda de las fuerzas mayoritarias se expresaron una tras otra a favor.
Para la arista Elisa Carrió "ya es tar-de" pero igual aclaró que su fuerza iba a apoyarlo "por principios", el frepasista Alejandro Peyrou consideró que "es bueno que comiencen a pagar los que más tienen en vez de los jubilados" y la frentista Alicia Castro adelantó su respaldo por considerarlo "progresivo".
"Como cualquier impuesto de emergencia no puede aspirar a ser un dechado de virtudes sino a tapar un agujero fiscal", defendió luego el radical Raúl Baglini, con crudo pragmatismo.
El proyecto propone ampliar del 35 por ciento actual a 45 % el impuesto a las ganancias, por única vez, para las empresas que tuvieron ganancias netas superiores a cinco millones de pesos. Incluye un aumento similar para las personas que tuvieran ganancias netas superiores a un millón de pesos.
El secretario de Ingresos Públicos, José María Farré, expresó oportunamente su apoyo y precisó que existen 280 grandes empresas en condiciones de ser alcanzadas por el aumento de ganancias, lo cual permitiría sumar mil millones de pesos a la recaudación, y 250 personas, que reportarían 56 millones de pesos más.
Pero detrás del proyecto apareció también una división interna en el gobierno, ya que si bien contó con el apoyo del ministerio de Economía, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, lo rechazó ayer en una reunión a puertas cerradas con un grupo de diputados y senadores. (DYN)
Limitan a provincias toma de créditos
El Senado nacional convirtió en ley anoche el proyecto de ley que limita el monto de la coparticipación que los acreedores de las provincias endeudadas pueden tomar como garantía, sistema conocido comúnmente como "goteo".
La propuesta era reclamada insistentemente por las provincias y cuenta con el aval del Gobierno, por lo cual la sanción se produjo con el apoyo general de todas las bancadas legislativas.
El trámite legislativo fue inusual, ya que el proyecto terminó de ser sancionado ayer mismo en la Cámara de Diputados e ingresó inmediatamente al Senado, donde tras una breve negociación fue avalado por todo el cuerpo.
El Senado recogió la única modificación que hicieron los diputados, en el sentido de eliminar el artículo 2 que actuaba como una virtual ratificación del decreto presidencial 1387, a través del cual se implementó el último paquete de medidas económicas.
Actualmente los acreedores pueden tomar como garantía de los préstamos que conceden a las provincias un monto de la coparticipación que, de acuerdo con cada caso, varía entre el 15 y el 20%, proporción que directamente es retenida del Banco Nación antes de cualquier giro a la provincia.
Ahora ese monto "no podrá superar el 7 por ciento del monto total de la deuda que presente cada provincia al 6 de noviembre de 2001".
Dentro de este concepto se incluyen "las afectaciones sobre recursos tributarios coparticipables que perciben las provincias en forma diaria y automática a través del Banco de la Nación Argentina que fueran cedidas como medio de pago y garantía de títulos públicos, bonos, letras de tesorería y/o préstamos con entidades bancarias, financieras y no financieras".
El justicialista Carlos Verna, autor del proyecto junto a su compañero de bancada José Luis Gioja, aseguró que con la sanción de la norma "las provincias obtendrán una importante herramienta para encaminar la renegociación de sus deudas". (DYN)
"Exceso" de superpoderes
La comisión legislativa de seguimiento del ejercicio de los superpoderes cedidos al Poder Ejecutivo emplazó ayer al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, a enviar en una semana un decreto "complementario y aclaratorio" del que sirvió de base para el último plan económico anunciado por el ministro Domingo Cavallo.
El cuerpo bicameral, que presiden alternadamente el diputado Oscar Lamberto y el senador Carlos Verna, mantuvo ayer un encuentro a puertas cerradas con Colombo, el asesor externo del ministerio de Economía, Horacio Liendo, y el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa. Los legisladores de la comisión tienen mayoritaria coincidencia en que el Ejecutivo incurrió en "un exceso en el ejercicio" de las facultades extraordinarias cedidas por el Congreso y que habrían existido "irregularidades en la forma de presentación del decreto que combina decretos de necesidad y urgencia, con medidas basadas en los superpoderes y atribuciones propias del Ejecutivo". Colombo quedó en responder la semana próxima a la comisión, que le informó que de lo contrario podría derogar el decreto 1387, por el que se establecieron las nuevas medidas económicas. En ese decreto ómnibus se incluyen, entre otras disposiciones, la renegociación de la deuda pública y la reducción de aportes a las AFJP así como también la medida de blanqueo de capitales ofrecidas a las empresas que quieran repatriar sus depósitos del exterior con fines de abonar a las ofertas de empleo en la Argentina. (Infosic)
Incorporan la figura de desaparición forzada
La Cámara de Diputados aprobó anoche un proyecto de ley que incorpora al Código Penal la figura de la desaparición forzada de personas, como "un aporte decisivo para la protección de los derechos humanos", según los legisladores.
La norma prevé penas de prisión o reclusión de 1 a 5 años e inhabilitación por el doble del tiempo para el funcionario público que "con abuso de sus funciones" prive a alguien de su libertad o aplique a detenidos apremios ilegales o vejaciones.
También contempla prisión o reclusión de 5 a 15 años e inhabilitación perpetua al agente del Estado -"o persona o grupo organizado que actúe con apoyo del Estado"- que prive ilegítimamente de su libertad a una o más personas, "sin informar sobre el paradero de la misma".
En caso de que "resultare la muerte de la persona ofendida, la pena será de prisión o reclusión perpetua". En los fundamentos, los legisladores de la Comisión de Legislación Penal indican que la aprobación de esta norma "constituye un aporte clave para la protección de los derechos humanos y el estado de derecho".
El autor del proyecto, Teodoro Funes, dijo que "el resurgimiento de ideales nazis en algunas sociedades, y la preocupante prédica de sectores terroristas, nos alerta y nos obliga a ser puntillosos al legislar condenando taxativamente cualquier intento de conculcar derechos individuales y colectivos de nuestra sociedad". Agregó que el Estado sostiene la necesidad de crear una corte internacional "que pueda juzgar delitos de lesa humanidad cometidos por gobiernos" y considera que la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas constituye un crimen de ese tipo. |