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Inmigrantes temen por la nueva ley
El gobierno estadounidense salió a aclarar que la nueva ley antiterrorista, promulgada ayer por Bush, no atentará contra los derechos de los inmigrantes, sino sólo contra aquellos envueltos en actividades ilícitas. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles se preocupan por las mayores facultades policiales.
Para el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, lo que se intenta es luchar contra "quienes puedan suponer una amenaza para Estados Unidos, tanto si son inmigrantes como si no".
Fleischer insistió en que la inmigración "es muy importante para el futuro de Estados Unidos", pero reconoció que "la seguridad debe formar parte de la política migratoria".
La principal preocupación de organismo defensores de los inmigrantes pasa por el hecho de que, de acuerdo con la nueva ley, los extranjeros sin la ciudadanía estadounidense que el gobierno sospeche tengan algún tipo de vínculo con el terrorismo podrán ser detenidos sin pruebas y permanecer en la cárcel en forma indefinida.
Según los críticos de la ley, esta medida es violatoria de la Constitución porque permite la prisión indefinida, quitándole a los inmigrantes su derecho constitucional al debido proceso.
La nueva legislación concede al gobierno el poder de detener a inmigrantes sospechosos de tener vínculos con terroristas, sin tener que dar intervención a un juez, ni presentar las evidencias de la sospecha, y la detención es por tiempo indefinido.
El único límite que se incorporó en el Congreso fue que cada seis meses, la detención de cualquier inmigrante no ciudadano por sospecha de terrorismo debe ser revisada por el procurador general, quien de todas maneras puede decidir que lo mejor es que el extranjero permanezca en la cárcel.
Una abogada del Centro de Derecho Constitucional, Nancy Chang, señaló que la nueva ley pone en riesgo los "los valores democráticos que definen a esta nación". "La legislación desestimula las manifestaciones y actividades de protesta, minimiza aún más las ya reducidas expectativas de privacidad que nos garantiza la Cuarta Enmienda, y roba a los inmigrantes su derecho fundamental a la libertad habilitando su encarcelamiento sin el debido proceso de la ley", argumentó Chang.
La nueva ley corre el riesgo de crear una clase especial de sospechosos de terrorismo extranjeros que el procurador general considere que son demasiado peligrosos para ser liberados, pero que no es posible deportar porque ningún país los acepta, como ha sucedido con cientos de casos, algunos de los cuales han llegado al ámbito de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, las medidas que contiene la ley aprobada están recortadas en comparación a las demandas iniciales de la Administración Bush, debido a la preocupación que concitó en algunos legisladores sobre los poderes ampliados para el gobierno, los servicios secretos y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) .
El senador republicano Orrin Hatch prometió que el Congreso estará vigilante para que el gobierno no abuse de estos nuevos poderes. La mayoría de los demócratas también se mostraron satisfechos con la ley
El único senador que votó en contra fue el demócrata Russ Feingold. "Si vivimos en un país que permite al gobierno escuchar tus conversaciones de teléfono o interceptar tus comunicaciones por correo electrónico, en un país que permita al gobierno meter a la cárcel a la gente en forma indefinida, basado en la mera sospecha de que están en algo malo, entonces el gobierno sin dudas descubrirá y arrestará más terroristas", argumentó Feingold. Pero agregó que "ese es un país en el que probablemente no querríamos vivir y por el cual no podríamos pedir a nuestros jóvenes que pelearan y murieran por él", agregó. (EFE/DPA)
Contrato récord por "súper" aviones de combate
WASHINGTON (ANSA) - El gobierno de Estados Unidos eligió a la compañía Lockheed Martin Corp. para que desarrolle y fabrique el modelo del avión de combate que predominará en las próximas décadas, en una operación que involucrará, en su primera etapa, la friolera de 200.000 millones de dólares.
El Pentágono eligió quedarse con los prototipos presentados por la Lockheed y dejar de lado las propuestas de la Boeing para la fabricación de los primeros 3.000 jets supersónicos de combate, el más grande contrato militar de la historia de Estados Unidos.
Se prevé que los pedidos desde el exterior involucrarán una cifra similar, redoblando el multimillonario negocio. Los primeros aviones serán para las fuerzas armadas de Estados Unidos y de Gran Bretaña, mientras una larga lista de países aliados esperan obtener rápidos contratos para proveerse de los aviones.
Los nuevos cazas remplazarán, entre otros, a los modelos F16, también de la Lockheed, que actualmente dominan las dotaciones de las fuerzas de combate aéreo en el mundo desarrollado.
Los primeros catorce ejemplares del nuevo caza deberán estar listos para el 2008, cuando comenzará a convertirse en el arma principal tanto de la Marina, la Fuerza Aérea y la fuerza de Marines, motivo por el cual el contrato fue bautizado Joint Strike Fighter (JSF).
Cada uno de los aviones costará entre 28 y 30 millones de dólares, estarán dotados de tecnología "stealth" que lo harán invisibles a los radares enemigos y alcanzarán velocidades supersónicas. Tanto los diseños de la vencedora Lockheed como de la perdedora Boeing -su principal rival- cuentan con motores JSF119 de reacción de la United Technologies Corporation.
Entre los tres prototipos diseñados por la Lockheed, el X35 puede despegar en apenas 150 metros, un cuarto respecto de los F16 actualmente en dotación en la Air Force estadounidense. Además de los populares F16, el nuevo caza remplazará también a los A10 de la Fuerza Aérea, los F/A-18 de la Marina y los V-8B Harrier de los Marines. Los nuevos aviones irán también, en primer lugar, a las fuerzas armadas de Gran Bretaña, que es socia del proyecto.
Intendente de ciudad brasileña fue acusado de tener lazos con Al Qaeda
Montevideo (Télam-SUR). El alcalde (intendente) del Chui, Mohammed Kassem Jomaa, dijo ayer que podrían ser expulsados de esa localidad brasileña 2.000 uruguayos indocumentados, mientras un jefe de la inteligencia de Uruguay lo acusó de pagar a la abogada del egipcio Said Mohamed Alí Hassan Mokles, detenido en Montevideo bajo sospecha de integrar una red de Al Qaeda.
Autoridades policiales y gubernamentales brasileñas emplazaron a los extranjeros indocumentados residentes en el Chui para que en cinco días regularicen su situación y advirtieron que de lo contrario serán deportados y multados con más de 300 dólares.
La medida, que afecta a más de 2.000 uruguayos, invocó el cumplimiento de normas de seguridad adoptadas tras los atentados del 11 de setiembre en Estados Unidos, según una diplomática de Uruguay. La decisión generó un verdadero caos en el consulado uruguayo en esa localidad, reconoció en declaraciones al diario El Observador, de Montevideo, el prefeito (alcalde) del Chui.
Paralelamente, el jefe de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) uruguaya, Luis Pereira Saldías, afirmó que el egipcio Al Said Mohamed Alí Hassan Mokles, detenido en Montevideo, es un importante miembro de la organización terrorista Al Gama Islamiya, integrada a la red Al Qaeda, de Osama Ben Laden.
"Es un elemento que tiene Osama Ben Laden en su esquema orgánico que trabajaba entre los fundamentalistas egipcios y es un hombre que está acá preso", declaró al diario El País.
El funcionario agregó que "el dinero que cobra la abogada del egipcio llega a través del alcalde del Chui, Kassem Jomaa, quien protegió a Mockles y a su esposa y a otros dos egipcios que ahora están en Brasil".
"Absolutamente, no es así", negó la acusación Kassem Jomaa.
"Apenas puedo cumplir con mis cheques, nada tengo que ver. Lo único que hice fue darle cobertura a la mujer de Mockles y a los hijos, principalmente a los niños".
Más control aéreo en la frontera
Buenos Aires.- El ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y su par brasileño, José Quintao, se reunieron ayer para delinear futuros acuerdos bilaterales y aumentar controles de vigilancia del espacio aéreo en la frontera de ambos países.
La reunión se desarrolló en la ciudad brasileña de Brasilia para aumentar los lazos de cooperación de los dos naciones en materia de defensa, luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre contra Estados Unidos.
Según informó la agencia EFE, entre los temas que se analizaron es la firma de un acuerdo para controlar los vuelos ilegales que se desarrollan en las fronteras.
El ministro brasileño Quintao explicó que en lo que va de año los radares de la Fuerza Aérea de su país han detectado unos 8 mil aviones irregulares.
Por su parte, Jaunarena afirmó que la Argentina aspira a tener un sistema de radares "tan avanzado como el de Brasil".
El ministro argentino admitió también que analizó con Quintao la sospecha de que grupos terroristas operen en la denominada Triple Frontera.
"Estamos custodiando satisfactoriamente en la región y aunque no hayamos detectado la presencia de grupos terroristas vamos a seguir redoblando los esfuerzos para que se mantenga así", aseguró Jaunarena.
En junio pasado, las fuerzas aéreas de Argentina y Brasil realizaron un ejercicio combinado con el objetivo de adiestrarse para combatir contra la gran presencia de vuelos ilegales que semanalmente violan la frontera de ambos países. El ejercicio "Plata I", que se desarrolló en la ciudad brasileña de Santa María, consistió en la "vigilancia y control del espacio aérea en la frontera de Argentina y Brasil". (Infosic)
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