Miércoles 3 de octubre de 2001 | ||
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Nuevo fallo pide nulidad de la obediencia debida |
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El juez Bonadío siguió a Cavallo
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El juez federal Claudio Bonadío decretó ayer la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y dictó un nuevo procesamiento del ex almirante Emilio Massera y el ex capitán Jorge "Tigre" Acosta como máximos responsables de una organización ilegal que en la última dictadura se apoderó de los bienes de desaparecidos. Bonadío se convirtió así en el autor de la segunda resolución judicial que deja sin efecto esas leyes para avanzar sobre la responsabilidad penal de ex represores en crímenes de lesa humanidad. El primer fallo que anuló las normas por considerarlas inconstitucionales fue firmado el 6 de marzo pasado por el juez federal Gabriel Cavallo. Ayer Bonadío, en una resolución de 200 carillas basada en la misma jurisprudencia nacional y los acuerdos internacionales que utilizó Cavallo, decretó la nulidad de los artículos de las leyes que le impedían someter a proceso a Massera y sus presuntos cómplices y dictó la prisión preventiva de ex marinos por el latrocinio de bienes a los desaparecidos Conrado Gómez, Victorio Cerrutti y Horacio Palma. Massera, ex jefe de la Armada, fue procesado por los delitos de asociación ilícita (en el rol de jefe), privación ilegítima de la libertad, desapoderamiento extorsivo de bienes, falsificación de documentos (destinados a acreditar la identidad de las personas) y falsedad ideológica de documentos públicos (sobre la transferencia de propiedades). Además, el juez trabó un embargo de un millón de pesos sobre los bienes del "Almirante Cero", preso desde noviembre de 1998 por su presunta participación en el robo de bebés nacidos en las cárceles clandestinas de la dictadura del períodos 1976-83. Bonadío también procesó y dictó la prisión preventiva de Acosta -detenido desde diciembre del 98 por la apropiación de hijos de desaparecidos- y de los ex capitanes de la Armada Francis Whamond, Juan Carlos Rolón y Jorge Rádice, que fueron apresados el mes pasado. La medida alcanzó también al cuidador de caballos Aldo Maver. Todos fueron procesados bajo los mismos cargos atribuidos a Massera, aunque al ex almirante el juez le atribuyó el rol de "jefe" de la organización delictiva y a Acosta el de "organizador". Los embargos oscilaron entre los 50 mil y 500 mil pesos. Y fue de un millón para el ex titular de la Armada. Si la Cámara Federal confirma la resolución de Bonadío, Massera y sus supuestos cómplices serán sometidos a juicio por la apropiación de dinero, campos y caballos pura sangre pertenecientes a los desaparecidos Gómez, Cerruti y Palma. Justamente la sala II de la Cámara, integrada por los jueces Martín Irurzún, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi, debe expedirse sobre el fallo mediante el cual Cavallo decretó en marzo la "nulidad insalvable" de las leyes de impunidad y procesó a ex represores por el secuestro de los desaparecidos José Poblete y Gertrudis Hlaczik, y de su hija María Claudia. Poblete y su mujer figuran en la extensa nómina de desaparecidos y sus cuerpos nunca fueron recuperados. María Claudia, en cambio, fue arrancada a sus padres tras el secuestro -que se produjo cuando era una beba- y fue ilegalmente inscripta como hija de Ceferino Landa y su esposa Mercedes, que este año fueron condenados por la apropiación de la menor. La chica, a los 22 años, recuperó su filiación. Las leyes de obediencia debida y punto final pusieron fin a todos los procesos penales contra represores por delitos cometidos en la dictadura, con la única excepción de los crímenes contra menores. Pero el 6 de marzo pasado Cavallo declaró la nulidad de las leyes para someter a proceso a ex represores. Fue una resolución sin precedentes que tuvo repercusión mundial y que ahora está a estudio de la Cámara Federal. Se descuenta que también la decisión de Bonadío llegará, por vía de apelación, a ese tribunal. Bonadío sustentó su resolución en argumentos ya esgrimidos por Cavallo y entre los que figuran principios que surgieron del juicio de Nüremberg contra oficiales nazis, así como la incorporación al derecho interno argentino de tratados internacionales sobre derechos humanos. Las leyes fueron consideradas por ambos jueces como incompatibles con la Convención Americana y la Declaración Americana de Derechos Humanos, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con la Convención contra la Tortura. Y hubo coincidencia respecto de que también contradicen jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia de Argentina, que ahora dirá la última palabra sobre las leyes del perdón. (DYN e Infosic) Foto: El ex represor Massera fue acusado de comandar una asociación ilícita que se apropió de bienes de desaparecidos. |
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