Viernes 21 de setiembre de 2001
 

Cómo evolucionaron los hechos hasta llegar al conflicto actual

 
  NEUQUEN (AN).- El Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo, Iadep, se creó como organismo de fomento a las actividades productivas -primarias y manufacturadas- en 1998. Aunque parte de sus fondos se distribuyeron en salvatajes a pequeños y medianos productores del interior -agropecuarios, forestales, emprendedores turísticos-, una tajada importante de créditos apoyó grandes emprendimientos: Cerámica Zanon -se le otorgó medio millón de pesos-, Tatedetuti.
Este año, pese a los reiterados pedidos de la oposición legislativa, el gobierno -a través del directorio del organismo o del presidente del Banco Provincia- no suministró ningún informe sobre el reparto de los fondos.
El primer conflicto entre los diputados opositores y el oficialismo se produjo cuando el año pasado se logró acuerdo para transferirle al Iadep la cartera sucia del BPN, que permitiría la transformación del banco en sociedad anónima. A cambio de la aprobación, el gobierno se comprometió a transparentar los créditos y a no solicitar una futura transferencia similar.
Sin embargo, en el primer trimestre de este año, se supo que se habían aprobado préstamos, entre otros, a Nueva Aurora -de Carlos "Nuno" Sapag, por 707 mil pesos-; a Foxpetrol, de la familia del subsecretario de Energía, Ricardo Rodríguez Alvarez, por 1,1 millón de pesos y se habían asignado 10 millones de pesos al programa de Reconversión frutícola, uno de cuyos principales beneficiarios es La Inversora. También existía un préstamo por 3,36 millones de pesos a Cofruva, del concejal radical Carlos Vidal.
El BPN necesitaba co-garantizar estos dos últimos préstamos por exigencias del Banco Central, por lo cual se firmó un convenio entre la entidad crediticia provincial y el Iadep.
En medio de la discusión por ese convenio, estalló el conflicto de Zapala, donde los manifestantes exigían 5 millones de aportes para emprendimientos productivos. Como consecuencia, se resolvió modificar por ley el Iadep para derivar los fondos solicitados: la nueva norma iba a distribuir 16 millones de pesos -los recursos disponibles del instituto para este año, en cuatro zonas de la provincia.
En la sesión legislativa de la semana pasada, luego de consensuado un texto legal, la oposición introdujo modificaciones que garantizan el control legislativo de los préstamos.
Además, la contradicción era obvia: los intendentes de las ciudades que serían afectadas por un posible recorte -la supervisión exigida por los legisladores en el famoso artículo 2 para aprobar los créditos constituía un grifo que el gobierno no quería ceder- no estaban dispuestos a resignar recursos que, entre otras cosas, funcionaban como mantención de la mano de obra local.
La reacción del oficialismo no se hizo esperar: acusó a la Alianza y sobre todo al PJ de especulaciones electorales en plena campaña y de generar conflictos en las localidades donde ya estaban asignados los recursos, pese a que no habían sido anulados. Sin embargo, el miércoles una manifestación constituida por los titulares de los créditos cuestionados -el presidente de La Inversora y otros empresarios-, los trabajadores de las explotaciones y empleados y funcionarios de las municipalidades de esa zona llegó hasta la Legislatura para forzar una marcha atrás en la ley sancionada una semana antes. Uno de los empresarios que manifestaba, Silvio Ferracioli, fue el primer presidente del Iadep recién creado, en el invierno de 1998, cuando era ministro de Economía de Felipe Sapag.
   
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