La Justicia garantizó la atención a los enfermos renales

Tuvieron que recurrir a un recurso de amparo. De ese modo la Justicia hizo lugar al reclamo de enfermos renales rionegrinos ante la amenaza cierta de un corte de servicios de la empresa que los dializa. Mientras tanto, la provincia había logrado un respiro de un mes.

ROCA y CIPOLLETTI (AR y AC).- A pesar del principio de acuerdo al que arribó ayer Salud Pública con el Centro de Enfermedades Renales, que aseguró la continuidad del servicio de hemodiálisis por un mes para pacientes sin obra social, la atención estaba de todos modos asegurada por un fallo judicial.
Tras el temor generalizado entre los 33 enfermos renales del Alto Valle cuando recibieron la notificación sobre la suspensión de las prestaciones, el alivio llegó desde el Juzgado Civil 5 de Roca, que hizo lugar al recurso de amparo presentado para evitar que se interrumpa el servicio.
De no haber mediado la resolución del juez Richar Gallego, todos los pacientes derivados desde los hospitales de la región hubieran quedado hoy sin más alternativa que afrontar personalmente los costos de la hemodiálisis o lisa y llanamente aceptar la sentencia a muerte que significaba no dializarse más.
De todos modos, si bien no cerraron trato, la negociación entre el gobierno rionegrino y la empresa prestadora de la atención, permitió extender por un mes más el servicio mientras se busca una salida a la amenaza de corte, originada fundamentalmente en la falta de pago por parte de Salud Pública.
Mientras tanto, en Neuquén los enfermos renales que no tienen obra social, que están en idéntica situación respecto de los de Río Negro, decidieron movilizarse por las calles del centro de la ciudad. Reclaman que se restablezcan los servicios de diálisis y al mismo tiempo se quejarán por la atención. El subsecretario de Salud, Fernando Gore, confirmó "la decisión política" de llegar a un acuerdo con la prestadora.
En el caso rionegrino, el recurso de amparo fue presentado el lunes pasado por los 33 pacientes, que recibieron el patrocinio de las abogadas Ana Calafat y Leticia Iribarra. Ese mismo día el magistrado decidió hacer lugar a la solicitud y dictó la medida de no innovar provisoriamente.
Según informó ayer el propio magistrado, ahora resta resolver la cuestión de fondo, para lo que había solicitado mayor información documental a las partes en conflicto.
Gallego estimó que el trámite se cumplimentaría hacia fines de la semana que viene, aunque advirtió que todo depende de los tiempos en que reciba lo exigido a los involucrados.
En su argumentación, las patrocinantes de los enfermos renales sin obra social priorizaron el derecho a la vida y la salud a los que refieren distintos pactos internacionales, al igual que numerosos fallos sobre cuestiones similares que sentaron jurisprudencia. Además citaron a los artículos 14, 16 y 59 de la Constitución de Río Negro, en los que se detallan los derechos de los habitantes a recibir un servicio de salud digno, entre otras cosas.
Incluso el Juzgado Civil 5 de Roca ya contaba en sus archivos con una causa similar, en la que la desaparecida jueza Mercedes Rezával falló en igual sentido que su sucesor.
"Una respuesta urgente es una responsabilidad social. En manos de cada uno de los funcionarios está nuestra vida y cada uno de ellos será responsable en torno a las decisiones que se tomen", expresa el texto del recurso de amparo firmado por la totalidad de los afectados que se atienden en la sede roquense del Centro de Enfermedades Renales.
Mientras tanto, las autoridades de la provincia entablaron una negociación que permitió extender un mes la esperanza de los pacientes renales.
Hasta ayer a la mañana la decisión de la empresa RTC Argentina, con sede en Buenos Aires, era cortarle el crédito a la provincia, que le debe alrededor de 2,5 millones de pesos, según lo que dijo el gerente de Relaciones Institucionales de la compañía, Eduardo Levi Yeyati. Pero por la tarde, anunció que la mesa de negociación estaba abierta y que se postergaron en un mes las definiciones.
El empresario había hecho una distinción: "no hay corte del servicio a los pacientes sino del crédito a la provincia. Si el paciente me paga, lo dializo". Y aclaró que de manera particular cualquier enfermo renal podía continuar el tratamiento contra el pago de 145 pesos por sesión, casi 1.900 mensuales.
"Estamos en la buena senda", dijo Levi Yeyati por la tarde. El interlocutor de la empresa en Río Negro es un asesor legal de la cartera sanitaria provincial, Facundo López.

La oferta de la provincia

Ayer por la mañana, la provincia de Río Negro había ofrecido a la empresa prestadora del servicio de hemodiálisis, pagar 250.000 pesos en efectivo y el resto, en bonos provinciales -a los que el empresario Eduardo Levi Yeyati llamó "papelitos"-.
RTC viene de cobrarle al gobierno rionegrino parte de una deuda atrasada en años en bonos. Fueron unos 800.000 pesos.
No es la única deuda que la empresa intenta cobrar en esta provincia. "A la obra social estatal Ipross todavía no le cortamos el crédito a pesar de la deuda", informó el gerente de RTC.
Denunció además que atienden pacientes renales que están bajo un programa de atención del gobierno nacional, que le gira a Río Negro los fondos pero la provincia no los transfiere a la empresa.
La situación es cuanto menos compleja y aunque la negociación implique un alivio, la solución está lejos. (AC)

Los neuquinos se movilizan por el centro

NEUQUEN (AN).- Los más de 70 enfermos renales que se realizan diálisis en el sistema público de salud marcharán hoy por las calles del centro de esta ciudad desde el monumento al General San Martín hasta la subsecretaría del área para reclamar la continuidad de los servicios, amenazada por la falta de pago a la empresa prestadora.
Fresenius, la firma en cuestión, reclama una deuda atrasada desde noviembre que supera el millón de pesos. Ayer, el subsecretario Fernando Gore, aseguró que "la decisión política de llegar a un acuerdo está", y consideró que "por la tarde se arreglará todo".
Para el funcionario, se trata de "una cuestión técnica, que deben resolver los contadores de la dirección de administración" de la cartera sanitaria. La propuesta que se hará a la empresa consiste en un plan de pagos en cuotas de la deuda de 1,14 millón de pesos por el período enero-junio.
Ayer, en la casa de la Asociación regional del enfermo renal -Arder-, más de treinta personas protestaban por el tratamiento de las autoridades: si se interrumpen los servicios, dijeron, "muchos no aguantamos ni 24 horas más, y al martes no llegamos".
Con un 10% de chicos, los pacientes agrupados en la asociación le llevarán a Gore un petitorio con una única exigencia: que el gobierno garantice el tratamiento de diálisis a los pacientes sin obra social, y que asegure el traslado post-diálisis a sus domicilios porque "muchos quedamos debilitados y tardamos en recuperarnos".
Explicaron que "hay gente del interior o de las chacras -de Plottier y San Patricio del Chañar- que tiene que venir tres veces por semana". El problema es que, luego de sometidos al proceso de diálisis, "no tenemos medios para volver".
La falta de pago a Fresenius, una empresa de origen alemán que realiza las diálisis derivadas de salud pública, y su salida de la prestación deja como única opción "los cinco equipos del Hospital Castro Rendón", que no darían abasto para atender la demanda de los 73 pacientes radicados en esta capital. Además, "no siempre funcionan todos", y, del horario de atención -5 a 23- es necesario descontar, luego de cada diálisis -que demora cuatro a cuatro horas y media-, el tiempo que requiere la limpieza de los equipos.
A razón de tres diálisis semanales, el costo mensual por paciente ronda los mil pesos. En esta capital, además de los equipos del Castro Rendón, hay dos establecimientos -privados- donde se prestan los servicios: Fresenius y Dialiquén. En el interior, la red -también a cargo de Fresenius- está integrada por Cutral Co, Plaza Huincul, San Martín de los Andes y Zapala -uno en cada localidad-. En este último, no hay servicio de pediatría, por lo cual los chicos enfermos de esa zona y el norte, tienen que instalarse en esta capital. Además, existen otros problemas colaterales -desnutrición, falta de acceso a medicamentos- porque esta franja de población no tiene seguro de salud y tampoco un ingreso mensual fijo -salario, pensión o jubilación-. Muchas de las personas nucleadas en Arder, son beneficiarios de planes de desempleo -ley 2128, Trabajar o Servicios Comunitarios-.

Foto: Sin distinción de edades, los enfermos renales neuquinos piden mayor consideración. Ninguno podría pagar.