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Jueves 5 de julio de 2001 | |
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Una convocatoria oportuna |
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| Las 160 personas que participaron antenoche durante casi cuatro horas del intenso debate sobre "Seguridad de presas, manejo de embalses y plan de contingencias hídricas" pusieron en evidencia que esa convocatoria era necesaria y que fue oportuna. Tanto el Centro de Ingenieros de Roca como el diario "Río Negro" recibieron numerosas felicitaciones durante y después del encuentro por haber tenido la iniciativa de generar la reunión. "Excelente convocatoria. Nosotros hemos convocado a 33 reuniones y nunca hemos reunido un auditorio de cien personas" dijo Horacio Collado, representante de la provincia de Río Negro ante la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. "Las empresas preferimos un perfil bajo, pero hemos venido especialmente a este debate porque es convocado por un medio serio y en un marco de respeto", afirmó por su parte el gerente general de Hidroeléctrica El Chocón SA, Roberto Fagan. En síntesis, la discusión tuvo varias características particulares: no surgió de las autoridades sino de dos entidades que conforman lo que podría llamarse la "sociedad civil"; se dio en un marco de respeto al disenso y se diversidad de opiniones; generó un compromiso serio a futuro de varios puntos que podrán ser seguidos para verificar su evolución; fue bien recibida tanto por las operadoras privadas de las represas como por los órganos de control y por ciudadanos comunes, que participaron en un pie de igualdad contribuyendo a que surgieran varios de los principales temas de conflicto del sistema hídrico, e incluso algunos que no eran conocidos para el público hasta el momento (Ver aparte). Surgieron datos tranquilizadores, al coincidir los distintos sectores en que las represas conforman un sistema seguro. No obstante, quedó en evidencia que ha habido fallas -como la ocurrida en abril, aunque no fue la única-, y que es necesario maximizar los esfuerzos para reducir el riesgo de que vuelvan a ocurrir defectos tecnológicos, errores humanos o consecuencias indeseadas de fenómenos climáticos. También hubo consenso en que hay varias tareas pendientes y que, para concretarlas, es necesario asignar recursos que hasta el momento no tienen previsión ni en el Presupuesto nacional ni en los provinciales, y mucho menos en los municipales. Pero cada una de estas instancias deberá asignar los fondos, aunque eso implique postergar gastos políticos u obras más "electoralistas" que cumplir con requisitos de seguridad de la población. Y la sociedad civil y los propios organismos técnicos deberán hacer valer sus razones por sobre criterios políticos, de un modo más enérgico que el que han empleado con inútiles resultados hasta el momento. No fue posible evitar los reproches mutuos. Pero tener en un mismo salón a casi todos los protagonistas tuvo un beneficio: cada reproche tuvo su respuesta. Los únicos que quedaron "vacantes" fueron los dirigidos a la Nación, que fue el poder que construyó las represas, que las concesionó y que deberá pagar las obras necesarias para solucionar fallas estructurales, como las señaladas en Arroyito y Portezuelo Grande. La capacidad técnica de los órganos de control no mereció objeciones y no genera dudas. Tanto la AIC como el Organismo Regional de Seguridad de Presas tienen un prestigio reconocido por los distintos actores del sistema. No parece tan firme la reacción que algunos integrantes de esos organismos asumen ante cuestionamientos referidos a algún aspecto del sistema. Un ejemplo: Cuando un ingeniero presente entre el público sugirió que al menos dos veces por año las represas eroguen el máximo caudal durante varios días para limpiar naturalmente el cauce y, a la vez, desalentar asentamientos poblacionales que "invaden" territorios al río, las empresas concesionarias no se opusieron. Fue el representante de Neuquén ante la Autoridad de Cuencas, Elías Sapag, quien reaccionó: "Pero el agua es dinero, y las represas no estarán de acuerdo en largar agua que están guardando para turbinarla y generar energía". En rigor, pareció que se apuraba a cuidar el bolsillo de las operadoras privadas, antes de que ellas mismas lo hicieran. Algo similar sucedió cuando un participante se consideró insatisfecho con las explicaciones que el vicepresidente de Cerros Colorados SA, Roberto Haas, había brindado sobre el incidente de abril. "Si el sistema es tan seguro como dicen ¿por qué sucedió lo de El Chañar? y... ¿puede repetirse?" cuestionó. Cuando Haas estiraba su mano hacia el micrófono para responder, el delegado regional del ORSEP, Francisco Giuliani, le ahorró el mal trago. "Quiero responder yo -dijo-. La empresa reconoció la falla, hay un pedido de sanción, podrá hacer su descargo, como corresponde a un estado de derecho", manifestó. Del mismo modo, tanto Elías Sapag como Horacio Collado, y hasta el director de Defensa Civil rionegrino, actuaron como "paragolpes" de los reproches del público y de las operadoras privadas de las represas dirigidas hacia los gobiernos provinciales, por la falta de asignación de fondos para obras imprescindibles. "Hemos socializado el gasto. De un presupuesto de 1.000 millones, 700 van a pagar sueldos", dijo Sapag. "Déjennos que eso de los recursos lo discutamos internamente en el gobierno", propuso Collado, recibiendo objeciones. "Ese dinero para los presupuestos provinciales y municipales es una utopía", opinó Amaro al referirse al millón de pesos que requieren las obras de alarmas y comunicaciones. |
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