Sábado 14 de julio de 2001

 

Darán 30 días para regularizar el empleo en negro

 

Si las empresas no cumpliesen les secuestrarían bienes y mercaderías. Preparan el decreto que las intimará, en una nueva cruzada contra la evasión. Descartan que haya clausuras.

  El Gobierno prepara un decreto de necesidad y urgencia para combatir el empleo en negro, el cual castigaría a las empresas que en un plazo de entre 15 y 30 días no regularicen a su personal, con la incautación de sus bienes y de las mercaderías que produzcan.
Con esta medida, el gobierno aspira a recaudar por lo menos 7 millones de pesos más en aportes previsionales.
Así lo adelantó ayer el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Héctor Rodríguez, quien además anticipó que el gobierno está analizando "los movimientos de retiros en efectivo" que se registran en el sistema bancario, ya que cree que "hay un hilo conductor entre el contrabando de cigarrillos, el empleo en negro, la inmigración ilegal y el movimiento ilícito de combustibles".
Rodríguez dijo que si bien las estimaciones oficiales preveían una caída "de entre 2 y 3%" en la recaudación de este mes respecto de julio del 2000, "ahora no podemos prever los efectos que tendrá (en los ingresos) lo que pasó en estos días".
El funcionario sostuvo que "junto con la ministra (de Trabajo, Patricia) Bullrich hemos presentado el Plan Federal contra el Empleo no Registrado, por el cual se trabajará en conjunto con la Administración Nacional de Seguridad Social y las provincias para enfrentar, todos juntos, el tema del empleo no registrado".
En ese sentido, comentó que "estamos trabajando en un decreto para que hagamos operativos y le demos un plazo, de entre 15 y 30 días, eso no está establecido todavía, para que se regularicen". "Incluso, se le daría un número provisorio a los trabajadores y a los inmigrantes ilegales (para que queden registrados) y si vencido ese plazo los empleadores no los regularizan quedaríamos facultados para intervenir bienes e incautar las mercaderías que se produzcan, e incluso suspender actividades en el sector involucrado", agregó.
De todas formas, Rodríguez aclaró que "el objetivo (que se persigue con el decreto) no es clausurar, sino que haya una regularización", pero señaló que "estamos pidiendo atribuciones fuertes" para los organismos de control. Al respecto, el funcionario comentó que en las últimas horas "70 inspectores de la AFIP fiscalizaron 29 talleres de confección de prendas de vestir que están ubicados en el Bajo Flores y en la avenida Avellaneda".
"Allí relevamos 150 trabajadores, 29 de ellos no tenían la clave de alta temprana (la que deben solicitar los empleadores cuando incorporan a cada nuevo empleado) y 41 eran indocumentados, que vivían en condiciones infrahumanas", dijo Rodríguez.
"También descubrimos problemas de derecho marcario, es decir que fabrican prendas y le ponen nombres de marcas conocidas", comentó el funcionario, quien recordó que "ayer comenzamos a quemar el primero de los cuatro container de cigarrillos de contrabando, que representaban una evasión de 19 millones de pesos y descubrimos movimiento ilícito de combustibles por 8,8 millones de pesos".
En lo que hace al sector bancario, el recaudador admitió que "nos está preocupando mucho los retiros en efectivo; la gente paga en cheque y así se exteriorizan los movimientos de fondos, pero el retiro en efectivo es como dinero que desaparece" del sistema.
Rodríguez también se refirió a la recaudación, al señalar, luego de una consulta acerca de cómo venían los ingresos fiscales, que originalmente se estimaban con una caída de "2 o 3 puntos" respecto de julio del 2000, pero ahora, "no podemos prever el impacto que tuvo (en la recaudación) los efectos del mercado de estos días".
(DYN)

"Las más importantes no pagan"

La diputada radical Elisa Carrió aseguró ayer que Argentina asiste "a un final de época y del régimen" y atribuyó la crisis a que "un grupo que no excede las 200 personas, se robaron el país en los últimos diez años".
"Las cien empresas más importantes de este país, no pagan Impuestos a las Ganancias en los últimos diez años", denunció la legisladora. Para Carrió, el problema de Argentina "es que un grupo de un capitalismo, de esa acción, que sacó las ganancias del país legalmente primero, vía dividendos, y en segundo lugar, con plata en negro". "Y esa plata en negro volvió, esa plata en negro que es delito, que es evasión, volvió en nombre de préstamos. Es decir autopréstamos por vía de los bancos. En consecuencia, el problema central de Argentina son los que no pagan impuestos y los que sacaron dinero en negro y los que se llevaron la rentabilidad y se robaron un país", aseveró.

Proveedores del Estado suspenden entregas

La Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) decidió suspender las entregas al Estado hasta tanto se aclare como afectarán a sus asociados las reducciones en los pagos a acreedores anunciadas por el ministro de Economía Domingo Cavallo, el miércoles, como parte de las medidas de ajuste.
"Aconsejamos a las empresas que suspendan las entregas hasta que se aclare este tema. Se trata de una suspensión transitoria y no de una medida de fuerza y el motivo es sencillo: la cámara no puede asesorar a sus clientes sobre cómo cotizar sus bienes y servicios, porque no sabe cómo se implementarán los recortes", dijo el gerente de la UAPE, Daniel Arguello.
La cámara cree que en las medidas "se han agregado a los proveedores del Estado y no se lo ha hecho con conocimiento de cómo es el sistema de contrataciones del Estado" y, por tal motivo, enviaron esta mañana una nota al ministro Cavallo en la que se pide detalles de este capítulo.
Explicó que los contratos con el Estado están dentro de la órbita del derecho administrativo que "permite, a diferencia del civil, algunas cláusulas exorbitantes, pero que no pueden serlo tanto como para que el proveedor tenga que entregar un producto de determinadas características y condiciones y el Estado no se comprometa a pagar el monto acordado".
"Si, por ejemplo, sacan el 8%, tienen que explicar de dónde lo sacarán, porque si se trata de una operación en la que entre el costo y el precio la diferencia es del 4%, si le sacan el 8, van a obligar a las empresas a perder", graficó el empresario.
Pero la reducción no es el único escollo, el tema de los tiempos también mantiene inquietos a los proveedores del Estado, dado que según los anuncios se va a determinar mensualmente cuál es la capacidad que tiene el Estado para pagar a sus acreedores. "Las licitaciones tienen más tiempo que eso, ya que desde el momento en que se hace el llamado hasta que se paga, si el proceso se desarrolla normalmente, pasan de 90 a 120 días, por lo tanto no se sabe de qué valores se está hablando", advirtió. (Télam)

Commodities, ajenos a la crisis

Los commodities agrícolas continúan mostrando la contracara de los mercados financieros que, lejos del vértigo de la economía nacional, catapultan las cotizaciones preanunciando ingresos superiores a los 500 millones de dólares adicionales, sólo considerando los valores de los granos en el cortísimo plazo y el saldo exportable que queda como resto.
Sean cuales fueren los factores, y más allá de la Niña traviesa que no mengua las sequías y altas temperaturas en las principales franjas productoras de EE.UU. o China, tanto el maíz como el trigo y la soja, siguen expuestos como trofeos en medio de la crisis virulenta que soporta la plaza bursátil local.
Los precios de la oleaginosa, en particular, ponen en evidencia los cambios intempestivos y favorables que pueden tener los riesgos productivos a la hora de aprovechar los vertiginosos cambios de los mercados agrícolas, este año más "climáticos" que antes.
El grano trepó a un podio impensado hace unos dos meses y se transformó en la estrella de la semana. El precio de la soja ronda los 200 dólares por tonelada.

   
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