Lunes 23 de abril de 2001
 

Crítica visión de la administración en Educación

 
  El informe incluye consideraciones de una auditoría de Educación, que consideró que "la estructura orgánica funcional no se corresponde con la aprobada" y "hay diferencias en relación a quién se responsabilidad de la ejecución" de los gastos en el área.
Dice el Tribunal que "esta situación ocasiona falta de coordinación en sus tareas entre los sectores Financiero-Contable y Tesorería".
Más adelante, el órgano de control denuncia que "se detectó la inexistencia de un sistema de contabilidad para la registración y control de los movimientos financieros y sus resultados, que se compatible con la preparación de los balances mensuales y de la cuenta general del Ejercicio.
La situación observada en el relevamiento -agregó- queda ratificada ante la Contaduría General porque Educación "es el organismo con mayor cantidad de formularios observados".
En otra parte de sus conclusiones, el órgano de control concluye que el análisis de la Cuenta General estuvo especialmente referido "al conocimiento del nuevo sistema de registración del patrimonio de la Administración -que se denominada Sistema de Administración Financiera- y a la transferencia de saldos de las cuentas de la situación del Tesoro de 1.998 al Estado Patrimonial de 1.999". Por eso, el Tribunal advierte que existen "restricciones" en el primer ejercicio con esta nuevo modalidad registral. (AV)

Piden respetar tierras a mapuches

VIEDMA (AV)- Los obispos de Viedma Marcelo Melani y del Alto Valle de Río Negro José Pozzi rechazaron la posibilidad de que la empresa estatal Río Negro Fiduciaria venda tierras fiscales ocupadas por asentamientos poblacionales propiedad de comunidades indígenas.
Exhortaron a los gobiernos provincial y nacional a acelerar la transferencia o devolución de las tierras que los pueblos aborígenes reclaman "legítimamente" haciendo efectivo "los derechos de estos pueblos, ampliamente reconocidos en los nuevos instrumentos legales".
Los prelados expresaron su temor a que en Río Negro "se está caminando en sentido opuesto por medio de la Ley NÂș 3.230 sancionada en 1998 que creó la empresa Río Negro Fiduciaria, un organismo inmobiliario-comercial a que se le encomienda la venta o hipoteca, entre otros bienes, de la totalidad de las tierras fiscales, donde viven nuestros hermanos" mapuches.
Apelaron a los legisladores y gobernantes para que respeten preceptos constitucionales.

Quieren controlar consultoras

VIEDMA (AV)- El bloque de Legisladores del Justicialismo reflotó un proyecto de ley tendiente a controlar a la consultoras que prestan servicio al Estado rionegrino, encasillándolas dentro de un registro.
El objetivo es ordenar la actividad y el sistema de contrataciones, y será condición para la inscripción en el registro poseer domicilio legal y real en la provincia de Río Negro.
La bancada opositora expresaron la pretensión de se brinde "transparencia" y "eficiencia" a un mecanismos que están siendo utilizando por el Estado provincial.
Prevé que la contratación de servicios se realicen mediante el procedimiento de concurso público o privado, o licitación pública. Sólo se podrán efectuar contrataciones a las organizaciones que se encuentran inscriptos en el registro.
Otra condición para las esas organizaciones oferten o inician su tarea, que el área de gobierno demandante y destinaria, informe de las políticas públicas y objetivos en las que deberá encuadrarse dicha tarea.
Uno de los motivos de reflotar el proyecto por parte de los legisladores Ebe Adarraga y Oscar Díaz -en coautoría- es que días atrás, el ministerio de Educación reconoció que el pago en consultorías superó los cuatro millones en los dos programas financiados por entidades internacionales sobre 5,3 millones.
El costo totaliza el trabajo de seis años de ejecución de los programas de financiamiento internacional que contemplan reformas en la educación secundaria, infraestructura, esquema informático y la implementación del legajo único por alumno.
El financiamiento proviene del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

   
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