Anomalías y aumento de gastos detectó el Tribunal de Cuentas 23-04-01




		Lunes 23 de abril de 2001
MAS INFORMACION: Crítica visión de la administración en Educación		Anomalías y aumento de gastos detectó el Tribunal de Cuentas
		Lo hizo al evaluar el ejercicio 1999 del Estado, el último puesto a su análisis.Lejos de reducir el personal, creció en forma directa o a través de contratos.
		VIEDMA (AV).- El último informe del Tribunal de Cuentas advierte diferencias de registros en varios organismos públicos. Se consigna un incremento de la planta de personal, un desmanejo de las horas cátedras en Salud y Educación y anomalías "en el pago y reintegro de adelantos de sueldos" en el Idevi. Esa evaluación corresponde a la revisión del ejercicio provincial de 1.999, que confirmó que el déficit financiero fue de 86 millones y que los recursos no tributarios -ingresos por tasas o servicios- sólo alcanzaron a la mitad de lo presupuestado. Además, el órgano de control reiteró que sigue sin contar con la documentación total del ex BPRN y que no se ha regularizado la rendición del envío a empresas públicas por más de 13 millones, anterior a 1.998 (ver aparte). Hace algunos días, el Tribunal de Cuentas -que preside Pedro Funes e integran Pedro Casariego y Rubén Gianni- elevó a la Legislatura su informe final de 1.999. El informe suma 226 páginas, considerando la evaluación del cuerpo de control y los registros de la Contaduría General. La masa salarial se evalúa pero no es comparable con años anteriores porque no incluye el mes de diciembre y el segundo aguinaldo (algo más de 30 millones) que fueron abonados en el siguiente ejercicio. Igual, en la evolución de la ejecución de las partidas parciales de la Planta Permanente y Personal Temporario se advierten modificaciones entre 1.999 y 1.998. Por caso, Economía creció en su Planta Permanente un 21,78 por ciento. El Personal Temporario aumentó en la Contaduría un 17,2 por ciento, en la Justicia en un 13 por ciento y en un 4,5 por ciento en la Legislatura. Además, el informe asegura que en 1999 se incrementó "la planta de personal ocupada en 508 cargos en relación a 1.998" (casi el 2 por ciento mayor). Se observa una reducción de 200 cargos en la administración Central mientras "los organismos descentralizados aumentan en 852 agentes, señalando los incrementos más significativos en Educación -creció 749 agentes-, Salud Pública -con 171- y el DPA -con 25 empleados-. El Tribunal precisa que Educación muestra "la particularidad de disminuir la planta de la ley 1844 en 35 cargos, no obstante incrementa 146 el personal temporario y 633 el personal docente". Se desliza un error aparente, porque esa cuenta arroja un alza de 744 agentes contra los 749 que consigna anteriormente. En relación con los retiros y desvinculaciones, el cuerpo colegiado asegura que "existen diferencias entre el informe del Consejo de la Función Pública y el de la Contaduría en la cantidad de agentes y organismos involucrados". En el informe se adoptan los datos del Consejo, precisando 95 retiros y 110 desvinculados. Horas cátedras y anomalías En otra parte, se analizan las horas cátedras y se advierte un aumento del 17 por ciento en Educación en relación a 1.998, en que ejecutó 54.675 horas por mes contra 64.304 mensuales del año evaluado. La Policía tiene horas cátedras y, según el informe, se ajustó a lo cedido por Economía. En cambio, Salud Pública explicó que las asignaciones a ese organismo fueron "utilizadas para la contratación de agentes de la ley 1.844 para cumplir funciones de profesores fuera de horario". El Tribunal entendió que ese afectación no se liquidó como corresponde. Otra porción de horas cátedras de Salud "se usaron para contratar docentes que no pertenecen al sistema, mediante contratos de medios". Más adelante, el Tribunal recuerda que siguen las anomalías en el Idevi con pagos y reintegros de adelantos de sueldos, y con la percepción del adicional por superposición profesional. En cambio, admite que se están regularizando los legajos de personal en el Ipross pero se advierte que el IPPV "aún persiste en las renovaciones de contratos" sin intervención de la Fiscalía de Estado. El Tribunal de Cuentas advierte que algunas obligaciones no fueron incluidas inicialmente en el presupuesto, que se ejecutó por casi 4,4 millones, representados por el pago a los desvinculados y tercerizados, con sus correspondientes aguinaldos. Los bajos recursos influyeron en un déficit de 86 millones Los registros de Contaduría General -incluidos en las 226 páginas del informe del Tribunal- reiteran que en Economía "no se han regularizados los anticipos financieros" por más de 13,5 millones que se otorgaron antes de 1.998 a diferentes empresas públicas, consignando a Hiparsa (4,5 millones), SAPSE (4,1 millones), Sefepa (3,8 millones), Canal 10 (868 mil), Edhipsa (210 mil) y Fiduciaria SA (70 mil). En otro aparte, el organismo contable -que conduce el contador general Guillermo León- insiste en que "existen movimientos que surgen de las afectaciones de recursos provinciales" del ex BPRN pero que "no puede conciliar con el Balance del Banco Provincia de Río Negro" por "no contar con la documentación respaldatoria necesaria". En las conclusiones, el Tribunal destaca que el presupuesto original fue de algo más de 923 millones pero se incrementó a 1.165 millones, aunque la ejecución de gastos rondó los 989 millones y la de recursos los 897 millones. Luego consigna un resultado financiero negativo de 86 millones, que representó un 21,9 por ciento mayor al considerado en presupuesto final y un 46,99 por ciento al original. Por otra parte, los recursos tributarios provinciales de mayor significación -ingresos brutos, automotores, inmobiliario y de sellos- alcanzaron en conjunto un nivel de ejecución del 89,56 por ciento. Es decir, los 135 millones que se recaudaron por impuestos rionegrinos equivale a un 11 por ciento menor a lo que se había previsto en el presupuesto final. En ninguno de los tributos se logró la meta pero el más alejado fue Inmobiliario con un 27,8 por ciento inferior a lo proyectado. Igualmente, el nivel más alejado -según el informe del Tribunal- corresponde a los recursos no tributarios, que equivalen a ingresos por tasas o servicios. Excluyendo a las regalías (que se computa también en la partida no tributarias), la recaudación sólo se aproximó a la mitad, ingresando 37 de los 71 millones proyectados. (AV).
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Anomalías y aumento de gastos detectó el Tribunal de Cuentas

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