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Sábado 21 de abril de 2001 | |
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Buenos muchachos |
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Por Julio Rajneri |
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| Pablo Verani tiene una enfermedad grave cuyo pronóstico es todavía complicado, a pesar de su evidente mejoría. El periodismo puede hablar de este tema sin la habitual discreción que impone algo íntimo, porque el propio mandatario ha afrontado su situación sin ocultar nada y por cierto que su serenidad y coraje han impresionado profundamente y generado un sentimiento de solidaridad colectiva que trasciende lo meramente político. Pero Verani, además de un hombre con problemas de salud, es gobernador de la provincia y como tal está en condiciones de influir en el destino de una parte considerable del medio millón de habitantes o más con que cuenta Río Negro. Por más sentimientos solidarios que despierte su lucha contra la enfermedad, el mundo sigue su curso y sus decisiones deben ser evaluadas, analizadas y juzgadas por sus méritos intrínsecos, con prescindencia de cualquier factor personal. Tal es el caso de la reciente investigación que realizó este diario sobre la política que se sigue en la construcción de viviendas sociales. Como se sabe, los fondos del Fonavi que provee la Nación están destinados a resolver la falta de viviendas en los sectores de menores recursos de la población, de manera que su uso inadecuado puede conducir, como en este caso, a que la gente más pobre pague por sus casas valores que presumiblemente duplican su costo real. Las razones por las que se llega a esta increíble situación, se deben a que el gobierno ha decidido prescindir de las normas universales que regulan la adjudicación de obras públicas, reemplazando la licitación que utilizan todos los países civilizados del mundo y que asegura la transparencia del procedimiento, por un imaginativo súper club de empresarios privilegiados que se reparten las cuotas de los planes de vivienda, dejando afuera a eventuales competidores y fijando discrecionalmente quiénes tienen derecho y quiénes no a participar de las obras públicas del Estado. ¿Cuál es el criterio que regula esta increíble discriminación? La falta de una respuesta coherente deja poco margen para la duda y resulta claro que un sistema de estas características es una invitación a la corrupción, inevitable cuando las reglas de juego son imprecisas y lábiles y cuando la decisión, en definitiva, depende del humor del funcionario. Cuando no se compite libremente, los que pretenden participar deben aceptar las nuevas reglas para pertenecer a ese "club" y conformar una farándula prebendaria, que tiene que utilizar métodos de seducción que pueden incluir el financiamiento compulsivo de los partidos políticos o beneficios personales como el generoso contrato que la principal empresa constructora realizó con el propio gobernador. La reacción a la nota de investigación se inscribe en las potenciales consecuencias de denuncias de esta naturaleza. A la sombra de la noche, personajes que integran la fauna variopinta del grupo de tareas que suele actuar cuando la crítica al gobierno alcanza determinados decibeles, intentaron quemar las reservas de papel de "Río Negro", en un nuevo intento de intimidación que tiene, lamentablemente, precedentes (recuérdese el caso Bravo) y que un día después se volvió a repetir cuando la casa de un denunciante que había acusado al ministro Sartor de comprometer fondos públicos en internas partidarias fue baleada luego de que se le retirara la custodia policial. Como quiera que fuere, el intento de incendio intencional no alcanzó a consumarse, pero logró un efecto seguramente no previsto al darle repercusión nacional a una investigación que de otro modo no hubiese trascendido los límites domésticos. Medios y entidades periodísticas nacionales contribuyeron a darle relieve, no solamente al frustrado episodio, sino a la investigación que lo motivara y por ende a la propia figura del gobernador, inevitablemente vinculado a un oscuro episodio que provoca extrañeza respecto de su posible relación con personajes del hampa. Es probable que se trate de atentados resueltos por "espontáneos", que no esperan la venia de sus jefes para actuar, pero que se sienten seguros de que van a obtener de aquéllos la seguridad que les permite realizar su faena sin preocuparse por molestas indagaciones policíacas. Con lo que resulta evidente que existen en la provincia, y claramente en Roca, "zonas liberadas" donde personas fácilmente individualizables actúan con total impunidad. De hecho, tanto el gobernador de la provincia como el comisario encargado de la investigación pusieron en duda la autoría del atentado, sugiriendo elípticamente que el propio diario podría ser el principal sospechoso. Una tesis diferente pero de igual propósito desgranó el gobernador respecto de la balacera en la casa del denunciante del ministro Sartor. Según su particular óptica, las personas de dudosa moralidad no merecen que el gobierno se preocupe demasiado por su seguridad. Con tales opiniones, huelga decir que las perspectivas de esclarecer los hechos e individualizar a sus autores son virtualmente nulas. Los periodistas del "Río Negro" han atravesado, como los del resto del país, años de inseguridad y de intimidación. El terrorismo de Estado, primero bajo la etapa peronista de López Rega y luego bajo los militares del Proceso, la guerra de las Malvinas y las investigaciones realizadas en temas peligrosamente sensibles que pudieron provocar algún tipo de represalias, son algunas de las condiciones críticas en que debieron cumplir su misión y no es la primera vez que se debe enfrentar el propósito de silenciarlos con amenazas y métodos violentos. Aunque una posible intensificación de la violencia atraería seguramente aún más la atención de la opinión pública nacional e internacional, no hay que subestimar, sin embargo, la influencia atemorizante de estos ejercicios de violencia "controlada". El mensaje implícito no va dirigido solamente a los periodistas del "Río Negro", sino a todo el periodismo, pero también a los jueces, fiscales, funcionarios que tienen el deber de investigar la corrupción, a los eventuales testigos o damnificados y a la sociedad en su conjunto, a quienes se les está advirtiendo, en definitiva, del riesgo que corren si hablan o investigan más allá de lo conveniente. |
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