Martes 27 de marzo de 2001
 

Los jueces, en el centro de las miradas
 

Los camaristas están frente a su caso más complejo. Apuestan a la transparencia para llevar adelante una causa con muchos puntos oscuros. Saben que hay expectativas pero también escepticismo. Y que la presión social es muy fuerte. "Nuestro margen de maniobra es limitado", reconocen.

  CIPOLLETTI (AC)- Transparencia. Ese es el sello que los jueces de la Cámara Criminal Segunda aspiran a estampar sobre el largo juicio oral y público que comienza hoy en esta ciudad.
Según pudo saber "Río Negro" a través de fuentes de la Cámara, los jueces César López Meyer, Juan Rotter y María Evelina García saben que las expectativas depositadas sobre ellos son enormes. Aunque al mismo tiempo, conocen que entre los familiares de las víctimas campea el escepticismo y que pocos (ellos incluidos) esperan novedades espectaculares durante las audiencias.
Además, tendrán que llevar adelante el juicio en base al expediente que trabajosamente edificaron Pablo Iribarren y Alvaro Meynet durante casi tres años.
Esa torre de papeles no se caracteriza por la fortaleza de las pruebas reunidas. Se preguntan, entonces, cuánto del desprestigio que cosechó la investigación los salpicará a ellos. "Nuestro margen de maniobra es limitado", dicen en rueda de íntimos.
En esta ciudad siguen siendo muchos los convencidos de que en el banquillo de los acusados no están todos los que debieran estar. No tienen pruebas para demostrarlo, pero la sensación existe.
Por otra parte, no todos tienen en claro que en este juicio oral se examinará la responsabilidad de Claudio Kielmasz, de Guillermo González Pino y de nadie más. Ellos son los acusados de haber asesinado a las hermanas González y a Verónica Villar, que es lo que se juzgará en esta etapa.
No se ventilará la situación de los policías que presuntamente encubrieron, ni de los que presuntamente distrajeron la atención durante la búsqueda de las chicas, ni de los sospechados de despistar con llamados telefónicos anónimos. Esos casos, personalizados en el comisario Torres y el subcomisario Seguel entre otros, tendrán su propio juicio oral más adelante.
Los magistrados abrigan la esperanza de que el público entienda cuál es su función. Juzgar no es investigar en el sentido más difundido del término. En el juicio oral, las pruebas para decidir si quienes están sentados en el lugar de los acusados son culpables o inocentes se debaten, se amplían o descartan, pero no se buscan. Esa tarea le corresponde al juez de Instrucción.
Las fuentes explicaron que los jueces son conscientes también de que, en determinados pasajes, el juicio operará como un altavoz que aprovecharán abogados, políticos y policías para acomodar sus discursos según sus intereses. Hay campo fértil para que cierta prédica coseche audiencia. Se preguntan hasta dónde podrán abstraerse de la batalla mediática.
Otro punto que se anota en contra es la ausencia del fiscal natural de la Cámara, Edgardo Rodríguez Trejo, quien venía estudiando el expediente casi desde su inicio. Pero como se sabe fue baleado en Brasil durante sus vacaciones y será reemplazado por su colega Eduardo Scillipotti, sobre el que arrojaron los 64 cuerpos del expediente (12.800 fojas) apenas un mes antes del inicio del debate.
Scillipotti terminó de leer la causa a fines de la semana pasada. Y presentó un escrito anticipando a la Cámara que si surge algún imprevisto durante las audiencias, pedirá un cuarto intermedio de hasta diez días.
Frente a este panorama poco alentador, los magistrados pretenden cobijarse bajo el paraguas de la transparencia. Lo último que desean es que alguna sombra de sospecha tiña su accionar, y pretender dar pruebas de ello. Por ejemplo, cuando escucharon que se proponía la presencia de veedores internacionales comentaron: "que vengan y se sienten en primera fila".
Tienen además el hándicap de que nunca les tocó intervenir el causas polémicas. Ni en el doble crimen de Río Colorado (luego anulado) como la Cámara Tercera, ni en la liberación del forense Andrés Ferreras, como la Cámara Primera. Sus integrantes son de los pocos camaristas que no tienen pedido de juicio político en contra.
Es poco, frente a tanta expectativa, tanto dolor, tanta desilusión, tanta frustración.

Fuerte operativo de seguridad

CIPOLLETTI (AC).- Por razones de seguridad, todo el frente del sindicato de Luz y Fuerza fue vallado. Sólo un pequeño acceso se dejó en la malla metálica que se instaló sobre la vereda del edificio.
Antes de que se cerrara el predio, alguien alcanzó a pegar carteles de reclamo cerca de la puerta. "La impunidad del triple crimen será la condena de Río Negro y la vergüenza nacional", "09-11-97. Fecha del horror. Exigimos justicia", es el texto junto a las imágenes de las víctimas.
A última hora de ayer, personal del Poder Judicial continuaba trabajando en el salón de audiencias. "Ya está casi todo listo", decían, sin permitir el ingreso. Un efectivo policial custodió todo el día el acceso al sindicato.
Desde hoy, la vigilancia aumentará. Un grupo de 60 efectivos -conformado por policías de civil, integrantes del grupo Bora y expertos en explosivos- participará del operativo de control. Custodiarán el interior del salón, el exterior, las adyacencias y el traslado de detenidos. La vigilancia se hará las 24 horas, hasta que culmine el juicio.
La policía rionegrina prevé impedir el tránsito en inmediaciones del sindicato cuando los detenidos de la U9 ingresen a Cipolletti.

Todo lo que sucederá en las primeras audiencias del debate oral y público

CIPOLLETTI (AC)- "Claudio Kielmasz, Guillermo González Pino, estén atentos a todo lo que van a oír y a lo que suceda de ahora en adelante". Con estas palabras, el presidente de la Cámara Segunda, César López Meyer, abrirá el debate de hoy. Las audiencias previstas para esta semana estarán dedicadas más a la lectura que a las declaraciones, ya que recién a partir del martes de la semana próxima comenzará el desfile de testigos.
Los juicios orales observan un ritual ordenado por el Código Procesal Penal. Desatenderlo puede provocar la nulidad de parte o de todo de lo hecho. Cada paso tiene como objetivo ofrecer garantías de que el juicio será imparcial y que se respetarán los derechos de los imputados y de las víctimas.
Según está previsto, a partir de hoy se leerá la requisitoria fiscal de elevación a juicio. Son 173 páginas a lo largo de las cuales el fiscal que actuó durante la instrucción, Alvaro Meynet, describió qué delitos se cometieron, quiénes son los autores y cuáles son las pruebas que hay en su contra.
En base a todos esos elementos, solicitó que esta causa se ventile en juicio oral. En la misma audiencia, si hay tiempo, y si no en la de mañana, leerán el auto de elevación a juicio que escribió el juez Pablo Iribarren.
Así quedará formalmente abierto el debate. A continuación se ofrecerá al fiscal, los querellantes y los defensores la oportunidad de que planteen las nulidades que consideren convenientes. Se trata de vicios o errores que a su criterio se hubieren cometido y que impedirían el normal desarrollo del juicio.
Una nulidad puede ser, por ejemplo, que se haya violado alguna norma constitucional o procesal durante la investigación.
Eves Tejeda, defensor de González Pino, anticipó que presentará al menos tres pedidos de nulidad. Otro tanto haría Gustavo Viecens, quien asiste a Kielmasz.
A criterio de los defensores, este juicio ni siquiera debería realizarse.
Una vez resueltas las nulidades (el Tribunal puede hacerles lugar, desestimarlas o diferir su tratamiento para más adelante) se invitará a los imputados a declarar.
Kielmasz y González Pino pueden declarar, pero no están obligados a hacerlo. Y si declaran, no lo hacen bajo juramento de decir verdad porque están defendiéndose. Pueden decir cualquier cosa que crean conveniente en su descargo.
Si no aceptan declarar, se leerán las declaraciones que prestaron durante la instrucción. Una vez terminada toda esta etapa, comenzará el desfile de los 84 testigos citados a juicio, comenzando por los familiares directos de las víctimas.
   
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