Martes 27 de marzo de 2001 | ||
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Enjuician a preceptora acusada de quedarse con un ATN |
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Eran 25.000 pesos para el gimnasio del CPEM 23. |
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NEUQUEN (AN).- Otra causa que tiene a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como ingrediente de una presunta estafa se debatirá en juicio oral y público de los tribunales neuquinos. En el banquillo de los acusados estará una ex preceptora del CPEM 23, a quien se le imputa haberse apoderado indebidamente de 25.000 pesos que estaban destinados a construir el gimnasio del establecimiento. El proceso se inició hace dos años, pero recién trascendió a la prensa en estos días, cuando el expediente se encuentra en la Fiscalía de la Cámara en lo Criminal Primera. El hecho fue denunciado por las autoridades de la escuela, cuando comprobaron que los fondos habían sido retirados de la entidad bancaria en los que estaban depositados, mientras se cumplían los pasos administrativos y técnicos para poner en marcha las obras. La acusada era una de las tres personas habilitadas para el manejo del dinero y en los primeros tramos de la maniobra dio diversos argumentos para justificar su actitud y evitar quedar a descubierto. Se trata de Amalia Haydée Felisa Salvidea, a quien el juez de instrucción Carlos Velasco Copello la encontró responsable, en la etapa de instrucción, del presunto delito de defraudación por apropiación indebida a la administración pública, que de acuerdo a la imputación que se le hizo tiene prevista una pena de dos a seis años de prisión. "El cheque lo recibimos del CPE después de haber gestionado a través del diputado nacional Alberto Fernández (fallecido) un ATN, para constuir el gimnasio. En tanto se realizaban los trámites reglamentarios para estos casos lo depositamos en el Banco Citi, a nombre de la preceptora, la vicedirectora Rosa Tribelli y el mío", dijo la directora del CPEM 23, Ana María Unhold. El cheque fue recibido en diciembre de 1997 y el depósito en el Citi, un plazo fijo, lo renovaban cada 60 días. Pero en agosto de 1998 la acusada lo retiró y jamás lo devolvió. La denuncia ante la justicia fue formulada por Unhold en marzo de 1999. Paralelamente en el CPE se inició un sumario interno, pero esta investigación quedó sin efecto cuando la docente presentó la renuncia. Previamente la mujer eludió su responsabilidad presentando sucesivos pedidos de licencia, aludiendo diversos motivos. "Cuando le preguntamos por el dinero nos dijo que lo había depositado en otro banco -habría dicho que en el BPN- y también que había efectuado entregas a la empresa constructora que iba a hacer el gimnasio", comentó el preceptor Pedro Cofré. Trascendió que la acusada habría presentado recibos de la constructora, por los presuntos adelantos. También habría justificado ante sus colegas boletas de depósitos del BPN. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que existiría un precontrato con una constructora que se iba a hacer cargo de los trabajos, aunque añadieron que ese compromiso no habría tenido el aval del CPE. La imputada tenía una trayectoria de más de diez años en el puesto y gozaba del reconocimiento tanto de las autoridades de la escuela como de sus compañeros, por su desempeño (ver aparte). "Jamás podíamos suponer que iba a retirar el dinero y cuando le preguntábamos qué había hecho, tampoco dudábamos de la versión que nos daba. Pero habrá que esperar que todo se ventile en el juicio", añadió Cofré. Compañeros de trabajo de Salvidea dijeron que había "enganchado" a varias personas que le sirvieron de garantía en operaciones comerciales. "A mi embargaron el sueldo por haberle prestado la firma para obtener una tarjeta de crédito", dijo una de las perjudicadas. A otra mujer también la obligó a afrontar el pago de alquiler de una vivienda y a otra, entregándole cheques sin fondos. El controvertido manejo que de los ATN han hecho el ministerio del Interior y el gobierno provincial, también se evidenció en este caso: nadie ha pedido cuentas al CPEM 23 sobre el destino que se le dio a los fondos. "Es un daño irreparable" NEUQUEN (AN).- Con un extensa trayectoria en el colegio, absoluta responsabilidad en el desempeño de sus tareas y demostraciones de un firme compromiso con los alumnos, la preceptora Amalia Salvidea gozaba de la estima de autoridades y compañeros del CPEM 23, donde se desempeñaba desde hacía más de 10 años. Ejercía el cargo como titular en un turno y como suplente en el otro, lo que le representaba un ingreso, estimativamente, de 1.200 pesos. "El gimnasio es una necesidad imperiosa para que los alumnos puedan realizar las actividades de educación física. Y tanto es así que la posibilidad de pedir el ATN fue impulso de los preceptores, que hicieron el proyecto", dijo la directora de la escuela, Ana María Unhold. Actualmente los 1.000 alumnos del establecimiento realizan educación física en el Centro de Deportes de Roca y Chrestia, en el Parque Central y a la intemperie. "El daño que hizo con su maniobra provocó un daño irreversible. Nadie ni nada podrá resarcir lo que se ha perdido hasta el momento", añadió. El tinglado se iba a construir en el patio de la escuela, ocupando incluso una parte de un edificio vecino. Como parte de los trabajos, incluso, se derribó una pared. "Con el ATN tocábamos el cielo con las manos. Imagínese, fue una idea que surgió del grupo de preceptores y con el dinero veíamos la posibilidad cierta de poder concretar el trabajo", dijo el preceptor Pedro Cofré. Para la comunidad educativa de la escuela el proyecto del gimnasio tenía una significación especial porque, entre quienes más lo alentaron figuró Olmar Baroño, un preceptor fallecido tiempo atrás. "Las gestiones se iniciaron desde acá, desde delinear las ideas a realizar gestiones ante diversos organismos. Por eso los que nos ocurrió nos parecía algo increíble. De todos modos, ahora hay que esperar a ver cómo se desarrolla el juicio y se verá qué pasó", dijo Cofré. Foto: La directora del CPEM 23, Ana María Unhold, y el preceptor Pedro Cofré en el lugar donde se iba a construir el gimnasio de la escuela. |
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