Más juicios contra el país
El sector energético presentó ante el Ciadi una demanda por un valor superior a los 4.000 millones de dólares.
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| Luego de esperar infructuosamente algún tipo de definición por parte del nuevo gobierno, cinco empresas energéticas instaladas en el país oficializaron, en estos últimos treinta días, demandas judiciales contra el gobierno argentino. Desde Madrid, un comunicado de la española Gas Natural, que en el país controla y opera la distribuidora Gas Natural BAN, confirmó que la empresa elevó una denuncia en contra de la Argentina ante el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relativa a Inversores (Ciadi), el organismo del Banco Mundial que se encarga de resolver conflictos entre gobierno e inversores extranjeros privados. La demanda fue presentada el 29 de mayo, cuatro días después de que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia de la Nación. Desde entonces, el tribunal internacional aceptó otras cuatro demandas escalonadas contra el país. Una de ellas fue la de la empresa petrolera Pioneer Natural Resources Company que, junto con sus subsidiarias Pioneer Natural Resources Argentina y Pioneer Natural Resources Tierra del Fuego, presentaron formalmente su demanda ante el Ciadi el 5 de junio pasado. La otra firma, productora de hidrocarburos en el país, es la empresa Pan American Energy y su controlante BP Argentina Exploration Company, la que presentó un recurso que fue aceptado el 6 de junio por el tribunal internacional. También oficializó su demanda la accionista de Capex SA, El Paso Energy Internacional Company, que ingresó su demanda el 12 de junio pasado. Y esta semana fue el grupo francés Suez, responsable de la concesión de Aguas Argentinas, Aguas de Santa Fe y Aguas Cordobesas. En estos cuatro últimos casos, los cargos presentados se focalizan esencialmente en la ruptura de la convertibilidad, garantizada a los inversores por acuerdos internacionales, y en la aplicación de derechos de exportación sobre las ventas externas de crudo para aquellas empresas ligadas a la producción y exportación de petróleo. Con estas presentaciones, la Argentina ya enfrenta cinco demandas firmes ante el tribunal por un monto cercano a los 4.000 millones de dólares. Ola de juicios Tras la devaluación y la pesificación, una de las cuestiones más complejas que tiene que enfrentar el país la constituyen los reclamos de empresas extranjeras ante tribunales internacionales. Durante los años ’90, en pleno auge de la apertura económica, la Argentina firmó más de medio centenar de acuerdos bilaterales para promover y proteger inversiones recíprocas. Y desde 1994, el país suscribió el tratado internacional que establece, para el caso de controversias en la aplicación de estos acuerdos, la competencia de un tribunal arbitral del Banco Mundial, el Ciadi. Los acuerdos bilaterales tienen como objetivo garantizarle a los inversores un clima propicio para desarrollar negocios, que los ponga a salvo de tres situaciones básicas. Una es la expropiación o nacionalización de sus bienes, salvo que se haga por causa de utilidad pública de acuerdo con la Constitución y las leyes, y se pague una compensación justa. La otra es la discriminación en el trato con respecto a las compañías locales y la tercera consiste en la denegación de justicia, es decir, no permitir el acceso a los tribunales locales cuando hay alguna controversia. Por eso los tratados dan la opción de apelar a instancias arbitrales internacionales para saldar sus diferencias. Amparadas en tales convenios, diversas empresas de capital extranjero, en su mayoría de servicios privatizados, ya han iniciado procedimientos en el Ciadi, al margen de las energéticas ya mencionadas. Ya son más de 50 los casos en trámite y muchos otros están en las etapas previas a la presentación formal. Gran parte de ellos es relativa a la decisión gubernamental de devaluar, pesificar y eliminar cláusulas indexatorias en todos los contratos que rigen en el país. Capacitación Técnicos y funcionarios de empresas públicas y privadas participaron de la “Jornada de actualización sobre aplicación de la norma IRAM 3.517”, relacionada con el control, mantenimiento y recarga de extintores. Se realizó el pasado jueves en la sede de la Sociedad Española de la capital neuquina, y la organización estuvo a cargo de la firma “Distribuidora Neuquén”. |
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