El próximo presidente deberá presentar alternativas que permitan dar un viso de solución a los problemas patrimoniales que hoy sufre el sector privado.
La prolongada recesión, la cesación de pagos a fines del 2001 y la posterior devaluación en enero del 2002 tuvieron efectos negativos sobre los balances patrimoniales de las empresas, principalmente sobre aquellas que tenían una alta participación de su deuda en moneda extranjera y una proporción importante de su demanda orientada al mercado interno. En esta situación está la mayor parte de las empresas energéticas.
Todos los aspirantes a la primera magistratura del país aseguran que reordenarán y adecuarán los contratos a las nuevas condiciones del mercado. Pero el gobierno ya lo intentó y fracasó. La causa: un ajuste de tarifas por más ordenado que sea y con tiempos de aplicación razonables no puede ser otorgado sin un aumento de salarios que pueda absorberlo. Y nadie quiere generar un rebrote inflacionario en el precario equilibrio económico que presenta hoy el país.
Pero, por otro lado, la realidad muestra la necesidad de modificar la ecuación económica que actualmente presentan las empresas de servicios. Desde diciembre del 2001 se registraron 65 casos de "default" de grandes empresas argentinas y sólo dos lograron renegociar con éxito sus obligaciones.
Un trabajo elaborado por el analista Ricardo Arriazu, que fue presentado oportunamente ante la Cámara Argentina de Inversores del Sector Eléctrico (CAISE), resume cómo es que actuaron países como México, Chile, Malasia, Filipinas, Tailandia y Corea entre otros, frente a las crisis financieras y quiebras corporativas generalizadas. El informe destaca que un proceso de reestructuración de deuda es el puntapié inicial que se tiene que dar para que las empresas puedan sostenerse en el tiempo.
Este esquema tiene como principal objetivo la reducción y transformación ordenada y oportuna de los niveles de endeudamiento de las empresas para mejorar su rentabilidad, reducir el ratio de la relación deuda/capital y restaurar el crédito para aquellas consideradas viables desde el punto de vista económico.
Para ello Arriazu explica en su trabajo la necesidad de implementar un bono sobre la base de los siguientes puntos: minimización de los costos para el Estado, asegurar el carácter voluntario de la operación y permitir el acceso sólo a empresas que son viables.
Específicamente este planteo implica un "intercambio temporal" de la unidad de cuentas de las deudas del sector privado.
Con este propósito, el sector público entregaría un "préstamo" al sector privado, el que se utilizaría para la compra de un bono en dólares emitido por el propio gobierno.
El préstamo sería indexado con una tasa real, mientras que las características del bono serían similares a las que surgirían de una renegociación de las deudas del sector privado. La tasa de intercambio del préstamo por el bono sería de un peso por dólar. En el momento inicial de esta transacción ni el sector público ni privado verán afectados sus flujos de caja. El privado seguiría manteniendo su obligación anterior (renegociada) y obtendrá el recurso para el servicio de la deuda con sus acreedores externos del producido del bono emitido por el gobierno. En términos contables, el sector privado incorporaría a su balance una deuda indexada en pesos y un activo en dólares, por lo que su patrimonio neto retornaría a la situación pre-devaluación.
Al intercambiar un bono en dólares por un préstamo indexado en pesos, a una tasa uno a uno, la deuda pública se elevaría como porcentaje del PBI. Como se supone que el gobierno no tendrá acceso a los mercados internacionales de crédito por un prolongado período, este incremento de la deuda sólo tendría un efecto sobre las expectativas y la percepción del mercado, pero su efecto sobre el flujo de caja sería mínimo si las características del bono y del préstamo son tales que, con un adecuado período de gracia, se lograra que la normalización de los precios relativos y el tipo de cambio real igualen los pagos del sector privado, con los bonos del gobierno y el endeudamiento externo.
Tomando en consideración el "overshooting" inicial del tipo de cambio real, Arriazu prevé que a partir del momento de la implementación de este esquema de reestructuración de pasivos, la evolución de los servicios por el préstamo (inflación más tasa real de interés) supere ampliamente la tasa implícita del bono.

Un negocio que dejó de ser rentable

La actividad eléctrica comenzó a sentir la presión de la crisis que vive la economía argentina y la consecuencia inmediata de esta situación fue la salida de varias compañías eléctricas que operaban en nuestro país. Los motivos que explican este movimiento en el sector están dados por el congelamiento de los ingresos tarifarios de las empresas operadoras mediante la pesificación y la falta de una renegociación contractual que se dilató en el tiempo y terminó por inclinar la balanza en la toma de decisiones.
Es así que en la actividad eléctrica empezó a registrarse un verdadero éxodo de grupos operadores del sector de la distribución, que permite presumir que las provincias van en camino de padecer una etapa de inestabilidad y decadencia en esas prestaciones.
La ley eléctrica 24.065 estableció como requisito ineludible de toda privatización encarada en esa actividad la presencia de un operador técnico calificado, a modo de reaseguro de un eficiente manejo de esos servicios públicos.
En medio de la crisis que soporta el país, la primera fuga empresaria fue la de Houston Power, operadora de Reliant Energy, grupo que tuvo a su cargo desde enero de 1995 la concesión de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero (EDESE), que ahora pasó al control de una sociedad conformada por la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf), el Banco de Santiago del Estero y del empresario Gustavo ICK.
También en fecha reciente le tocó el turno a la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica de Entre Ríos padecer la novedad del retiro de su operador, la norteamericana Public Service Enterprise Group (PSEG), que cedió el control de esa compañía que comenzó a explotar en mayo de 1996. Siempre por causa de un congelamiento tarifario que agotó la paciencia de las empresas, esta semana fue First Energy la que se deshizo de la propiedad del 100% del holding GPU Emdersa, propietario de la Empresa Distribuidora de Energía de Salta (EDESA), la Empresa Distribuidora de Energía de San Luis (Edesal) y la Empresa Distribuidora de La Rioja (Edelar) que había adquirido la Exxel Group en marzo de 1999.
Según el vocero de First Energy, Kirsten Baird, esa empresa asumirá un cargo único no efectivo de u$s63 millones en el segundo trimestre de este año, que representa el resto de la inversión de First Energy en Emdersa y la pérdida relacionada con la inversión monetaria.