Gobierno y eléctricas no se dan tregua
La pirotecnia verbal en la que ingresaron las privatizadas y el Ejecutivo no ayuda a solucionar los problemas de las empresas.
 |
|
|
|
Si bien ya nadie duda de que el presidente Kirchner utiliza este problema como “caballito de batalla” dentro de su estrategia política de corto plazo, las eléctricas no pueden -ni deben- ingresar en este terreno. La falta de inversiones será uno de los elementos clave a analizar al evaluar los problemas que deberá enfrentar el sector eléctrico durante el próximo verano. Días atrás las cámaras que engloban a las generadores, transportadoras y distribuidoras de energía emitieron en forma conjunta un comunicado alertando al gobierno sobre los problemas que tendrá el sector para poder sostener el servicio dentro del actual contexto económico. Traducido en otras palabras: sin un ajuste sobre sus ingresos, las empresas no podrán sostener una demanda acorde a los niveles de crecimiento que presenta el país. Estadísticas oficiales muestran que, desde el momento de la privatización del servicio, la potencia instalada creció cerca del 60%, al pasar de los algo más de 13.000 megawatts en 1993 a los actuales 22.000 consolidados para el presente año. Este aumento sobre la oferta energética se generó por una fuerte oleada de inversiones que llegaron al país a principios y mediados de la década pasada (alrededor de 9.000 millones de dólares en forma directa), lo que permitió mantener la creciente demanda sin ningún tipo de problemas. El esquema de inversiones que realiza el sector eléctrico está dado por aquellos fondos que son orientados, por un lado, para incrementar la oferta disponible de energía y, por el otro, para sostener el mantenimiento de la capacidad ya instalada. La crisis económica que vivió el país a partir de la ruptura de la convertibilidad determinó una fuerte retracción sobre el PBI y durante el 2002 existió capacidad instalada ‘ociosa’ en función de la demanda energética que exigía el país, especialmente en parte de los sectores activos de la economía (industria y agro). Pero dentro de este escenario de retracción económica, las empresas del sector tuvieron que sostener los altos niveles de inversión para el mantenimiento del capital. Para el 2003 se espera un incremento en la demanda de energía eléctrica en torno del 8%, en función del crecimiento proyectado para el PBI. El sentido común da cuenta de que esta mayor demanda sólo puede ser compensada con una mayor capacidad instalada, y esto es sinónimo de inversiones. Para las empresas, la otra alternativa es dosificar la oferta de energía en función de los desequilibrios que se generen entre ésta y la demanda, lo que conllevaría un esquema de servicios con cortes programados, tal como se presentaba el sistema cuando todo este sector de servicios estaba en manos del Estado, previo a la década del ’90. Asimismo, estudios privados señalan que para sostener sin cortes el crecimiento de la demanda de este año y la proyectada según estimaciones del presupuesto nacional para el 2004, se necesitaría incrementar la capacidad instalada como mínimo en 1.300 megawatts. Llevado este valor a inversiones, equivale a algo más de 1.000 millones de dólares, un valor que sirve sólo para dar un salto cuantitativo en la oferta. En este sentido, hay que tener en cuenta que para el mantenimiento del sistema eléctrico nacional se necesitan algo más de 700 millones de dólares por año. Obviamente, este último monto no ha sido recuperado durante el período 2002-2003, según los balances que presentan las empresas del sector. Por otra parte, trabajos presentados oportunamente por las privatizadas al gobierno demuestran que desde la ruptura de la convertibilidad la industria eléctrica transfirió al conjunto de la economía nacional algo más de 1.000 millones de dólares durante el 2002, proyectándose para este año el mismo monto de dinero (ver más información pág. 4). Frente a este panorama, las casas matrices de las empresas ligadas al sector han congelado nuevos fondos destinados al país. Y esto se traduce en una menor calidad del servicio brindado. Desde el gobierno se insiste en que un ajuste de tarifas es hoy inviable para la sociedad, en función de que el salario, en la mayor parte de los casos, también está congelado desde antes del 2002. Queda planteado de esta manera el falso dilema del precio de la energía: si se aumentan las tarifas, los consumidores, y especialmente aquellos de menores recursos, sufrirán consecuencias directas e indirectas asociadas con su mermada capacidad de pago; si no se incrementan, los riesgos asociados al desabastecimiento aparecerán en el corto plazo. El falso dilema es explicado en un estudio realizado por Gerardo Rabinovich, director del departamento técnico del IAE, en donde se remarca que no es posible atender las demandas de todas las empresas al mismo tiempo. La solución, destaca el analista, pasa entonces por plantear claramente las prioridades a través de un plan estratégico de gobierno para el sector energético, en cabeza de la Secretaría de Energía, que abarque -por lo menos- los próximos cuatro años, con una unidad especialmente dedicada a esta problemática y que tenga una clara agenda de trabajo y un cronograma de estricto cumplimiento. El plan estratégico debería comprender, al menos, los siguientes puntos: a) esbozar las principales líneas estratégicas para los próximos cuatro años. Esta planificación debe ser aprobada por el Congreso de la Nación para tener un marco legal adecuado; b) el trazado de una evolución de tarifas con el objetivo de llegar en el mediano plazo a un determinado precio de la energía eléctrica debería conducir a lograr un valor de remuneración de 0,025 u$s/kWh como máximo en ese lapso de tiempo; c) en ese sendero de precios, la factura de electricidad que debe pagar el usuario de menor poder adquisitivo no debería superar un porcentaje de sus ingresos, para no afectar aún más los magros salarios; d) establecer nuevas modificaciones contractuales que en el largo plazo de la concesión permitan recomponer las economías de las empresas. Esto posibilitará establecer las tarifas finales adecuadas a los objetivos propuestos. En este sentido, las empresas deben tener en claro que el país sólo soporta una recomposición tarifaria si la misma es escalonada en el tiempo. Esto significa no menos de cuatro años. El gobierno, por su parte, debería dejar de manejar este tema dentro de su agenda política. La Secretaría de Energía tendría que tener la responsabilidad de elaborar el plan estratégico y renegociar los contratos de las empresas de servicios públicos en las áreas de la electricidad y del gas natural, buscando volver a poner en marcha un sistema que hoy está siendo duramente golpeado por la falta de reglas claras en materia económica. (J. L.) Primeros contactos para incrementar tarifas Trascendió esta semana a través de las páginas del diario “El Cronista” que desde el gobierno se estudia la posibilidad de incrementar los ingresos de las generadoras sin afectar el bolsillo de los consumidores. |
|||
|
® Copyright Río Negro Online - All rights reserved
|
|||
|
|
|||
