El fracaso de una reforma migratoria integral en el Congreso ha hecho proliferar disposiciones estatales y municipales que hacen cada vez más difícil e incluso riesgosa la vida de quienes llegan al país en busca de un futuro mejor.

Primero fueron las nuevas normas después del 11 de setiembre y ahora, el revuelto de reglas locales y estatales producto del fracaso de la ley federal de inmigración.

El resultado es que hoy en día ser inmigrante indocumentado en Estados Unidos es algo cada vez más complicado, incómodo e incluso potencialmente peligroso. El asunto tiene la sensibilidad a flor de piel en todo el país y las voces que reclaman un endurecimiento de las leyes y su aplicación a rajatabla hablan cada vez más y más alto.

Junto con la campaña por las elecciones presidenciales del 2008, la inmigración es el tema que más tiempo ocupa en las cadenas de televisión. Incluso la más liberal CNN tiene un programa diario con una sección fija llamada, gráficamente, "Fronteras rotas".

Todo pudo haber sido distinto si los republicanos no hubieran tumbado en junio el proyecto de ley federal que apoyaban los demócratas y el propio presidente George W. Bush para regularizar a los aproximadamente 12 millones de ilegales que ya están en el país, a cambio de fortalecer la seguridad en los pasos fronterizos. Ante la inactividad en Washington, numerosos estados y municipios decidieron pasar a la acción por su cuenta y promulgar sus propias normas.

El resultado es un caos de leyes cuyo alcance real aún está por verse, porque muchas de ellas recibieron ya denuncias de inconstitucionalidad, pero cuya consecuencia inmediata es palpable: manifestaciones, roces y desencanto por ambos lados. Kevin Appleby, responsable de Inmigración de la Conferencia Episcopal estadounidense, asegura que "está muy poco claro cómo se aplicarán las leyes, pero desde luego se están creando posibilidades de división en la sociedad". Lo ocurrido en los alrededores de Washington es paradigmático.

Los condados de Loudoun y Prince William, en el estado de Virginia, aprobaron leyes para negar servicios básicos a los ilegales. Casi de inmediato se pusieron decenas de casas a la venta: los inmigrantes, muchos de ellos legales pero con familiares en situación irregular, comenzaron a mudarse a la vecina Maryland, al otro lado del Potomac.

El ejemplo cunde en todo el país. En Oklahoma está previsto que entre en vigor una ley que impedirá a los ilegales obtener cualquier documento oficial e impondrá severas multas a las empresas que empleen a irregulares. La iniciativa se extiende: Georgia tiene en cartera un

proyecto similar, Arizona y Nuevo México anunciaron su desarrollo y Texas apartó ya 100 millones de dólares de su presupuesto para luchar contra la inmigración ilegal el año próximo.

Para Frank Sharry, director del Foro Nacional para la Inmigración, "sancionar a los empleadores tiene sentido, pero si se hace de manera federal. Que Arizona u Oklahoma aprueben sus propias leyes, y distintas la una de la otra, es la manera equivocada". Son contadas las excepciones a la regla y objeto de innumerables críticas. Por ejemplo, el gobernador de Nueva York, el demócrata Eliot Spitzer, anunció que pretende facilitar el acceso de los ilegales a licencias de conducir.

Las respuestas fueron contundentes y apocalípticas: "Esta política anima a la gente a inundar el estado de Nueva York y destrozar nuestros servicios sociales, escuelas y hospitales", afirmó el congresista republicano Randy Kuhl. Las asociaciones de inmigrantes no cesan de denunciar las medidas y auguran una agudización de los enfrentamientos públicos si las iniciativas siguen adelante. "Un proceso de legalización a nivel federal sacaría a la gente de las sombras. Lo que están haciendo (los estados y municipios) es crear muchos problemas a la gente y terminará por fomentar la discriminación", agrega Sharry.

Cecilia Muñoz, del Consejo Nacional de La Raza, se mostró especialmente preocupada por las normas que autorizan a las policías locales a comprobar el estatus migratorio de una persona. "Eso crea una división entre la gente y la policía. La gente lo pensará dos veces antes de colaborar con los agentes". Según Muñoz, el rechazo a prestar servicios sociales a los ilegales es sembrar la semilla del racismo y la xenofobia. "El impacto es que hay que crear regímenes de verificación en oficinas locales. Y eso derivará en que sólo se preguntará el estatus a las personas de apariencia extranjera".

Hubo un tiempo en que no era así. Los indocumentados estaban acostumbrados a mirar por encima del hombro, pero podían llevar una vida prácticamente normal, trabajar e incluso en muchos casos obtener con cierta facilidad documentos oficiales. Pero esos tiempos ya pasaron, porque el cerco se estrecha cada vez más en torno a los indocumentados.

GONZALO ESPÁRIZ

DPA