Con sus casitas de ladrillo y techos de cinc, El Alto de La Paz, la populosa ciudad boliviana situada a 4.100 metros de altura, parece tocar el cielo, pero la extrema pobreza ha hundido a su población en un infierno donde se mezclan desempleo, inseguridad, alcoholismo y prostitución.

Ubicada en pleno altiplano boliviano, que alberga el aeropuerto internacional más alto del mundo, hace 22 años era un barrio más de la vecina ciudad de La Paz. En sólo quince años su población se duplicó, al pasar de 405.500 habitantes en 1992 a 870.000, 35.000 más que La Paz y poco más de la mitad de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada de Bolivia, con 1,5 millones de habitantes.

La pobreza de sus habitantes, en su mayoría indígenas y campesinos emigrantes del área rural del departamento de La Paz y otras regiones de Bolivia y del sur del Perú, es origen de permanentes conflictos políticos y sociales que han puesto en jaque a más de un gobierno.

Los alteños, que hace cuatro años protagonizaron una rebelión que puso fin al mandato constitucional del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, volvieron a salir a las calles a mediados de octubre pasado, esta vez para saquear y prender fuego bares y prostíbulos que a su juicio son la causa de la corrupción de la juventud alteña.

Solamente el 7,46% de la población de El Alto tiene sus necesidades básicas satisfechas. "El

resto vive su propio drama", comenta el historiador alteño Johnny Fernández.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha puesto cifras a este drama: el 49,3% de la población sufre pobreza, el 25,64% vive en el umbral de pobreza, el 17,09% en la indigencia y el 0,51%, en la marginalidad.

Sólo el 2,59% de la población tiene empleo fijo. El resto trabaja por cuenta propia, a nivel de cooperativas, empresas familiares o como obreros eventuales. El ingreso mensual promedio es de apenas 500 bolivianos (unos 52 dólares).

Los niños sólo asisten al ciclo primario (69,27%, según el INE) y los jóvenes, después de culminar el ciclo secundario (de 12.000 a 15.000 por año), no tienen mayores perspectivas personales porque la educación superior es para ellos inaccesible. "Son pocos los que pueden seguir estudiando en la universidad o a otro nivel porque la gente no tiene dinero ni para el transporte, y menos para fotocopias, libros y otros requerimientos de la educación superior", dice Concepción Paucara, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de La Paz.

Recientes reportes de la policía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) dan cuenta de un incremento de la prostitución, la delincuencia, el contrabando y el narcotráfico.

El alcalde de El Alto, Fanor Nava, informó que sólo 370 locales tienen autorización para funcionar como bares y cantinas y veinte, como prostíbulos. Pero agrega "la realidad es diferente, porque en nuestra ciudad hay más de 1.500 bares clandestinos y un número no determinado de casas de citas".

También el alcalde Nava admitió que sólo existe un centenar de policías para el control de tales locales, que según la Federación de Juntas Vecinas (Fejuve) suman 4.000 bares y cantinas y 200 prostíbulos en los diez distritos municipales de la ciudad.

Los vecinos del barrio 12 de Octubre saquearon e incendiaron decenas de bares y prostíbulos por la supuesta indiferencia de las autoridades locales ante la proliferación de estos locales que, según los vecinos, son centros de corrupción y perversión para sus hijos menores. Durante la protesta muchas prostitutas, algunas de ellas menores de edad, fueron víctimas del escarnio de la multitud enardecida.

Según los vecinos, sólo en el centro comercial de El Alto, conocido como "La Ceja", funcionan 60 prostíbulos. El comandante de la Policía de El Alto, coronel Sócrates Pillco, admitió que durante el saqueo y la quema de prostíbulos la policía no pudo controlar a los manifestantes, entre los cuales había también muchos menores de edad.

La corrupción oficial también está presente en el llamado "círculo del pecado". Los propietarios de una asociación de bares y cantinas denunciaron hace dos meses que entregaron unos 2.000 dólares a un miembro del Concejo Municipal de El Alto para recibir protección y que sus locales funcionen durante las veinticuatro horas.

Según testimonios difundidos por la prensa, las prostitutas atendían en esos locales a los parroquianos a cambio de 20 bolivianos (dos dólares y medio).

"Debemos trabajar"

Tras los disturbios, las prostitutas de El Alto realizaron una huelga de hambre y algunas de ellas se cosieron los labios en protesta por el maltrato del que fueron víctimas y para exigir la reapertura de sus locales, pero levantaron las medidas ante la mediación de la comisión de Política Social de la Cámara de Diputados.

"La gente debe entender que nosotras necesitamos trabajar. La policía nos reprimió porque nuestras compañeras buscaban clientes en la calle. La prostitución no está prohibida en Bolivia", denunció Lily Córtez, representante de las trabajadoras sexuales de El Alto.

Su organización cuenta con 500 afiliadas. "La mayoría somos madres solteras o jóvenes que no consiguen trabajo. La gente tiene que saber que no estamos en esto por placer sino por necesidad", dijo.

MARIO ROQUE CAYOJA

DPA