Como un aporte para esa Agenda de Concertación de políticas públicas para el sector energético, las siguientes tres propuestas podrían servir de catalizador para motivar la presentación clara y sin eufemismos de ideas de esos actores económicos y políticos hoy verdaderos ausentes en este debate fundamental sobre la sustentabilidad energética de Argentina.

1.- Terminar la renegociación de los contratos de servicios públicos en el área energética en función de lo establecido en la ley de Emergencia Económica. Finalizar la renegociación significa, entre otras cosas, abordar la cuestión del "congelamiento tarifario" que rige desde la salida de la convertibilidad. Significa fijar tarifas "justas y razonables", reguladas por el Estado con criterio de equidad. Paralelamente debe sancionarse un "régimen de tarifa social" o tarifa subsidiada para los sectores de la población que por diversas razones no puedan pagar las tarifas plenas. Deben utilizarse fondos disponibles de "superávit fiscal" para hacer frente a estos subsidios explícitos para los sectores de bajos recursos.

2.- Encomendar a las concesionarias de distribución de servicios públicos y los grandes consumidores que liciten a su exclusivo riesgo la instalación de nuevas centrales eléctricas para abastecer el mercado eléctrico argentino, que acumula un muy peligroso déficit creciente. Se deben instalar por lo menos 2.000 MW adicionales a las que ya se encuentran en construcción.

3.- Elaborar un plan energético nacional realista, de mediano plazo (2008-2015), y someter el mismo a discusión amplia con los actores económicos, políticos y sociales. No debe confundirse con un mero listado de obras; significa asumir que Argentina ha dejado de ser un país gasífero y debe adaptar su matriz a los nuevos tiempos: el gas natural licuado (GNL) y otras alternativas de abastecimiento posiblemente sean parte de la nueva solución.