Para contener los precios, el gobierno instaló un costoso andamiaje de pagos a diversos sectores.

Subsidios por 500 millones de dólares en el 2007 para contener variaciones de carnes, leche y harinas.

BUENOS AIRES.- El gobierno nacional viene ensayando, desde fines del 2005, controles de precios y limitaciones y prohibiciones en el mercado interno y sobre las exportaciones, con paupérrimos resultados.
Las tensiones inflacionarias se acentuaron por la conjunción de factores climáticos adversos, niveles de consumo interno en recuperación y un dólar alto en un contexto internacional demandante de materias primas.
El gobierno nacional “convenció” a interlocutores varios de “convenir precios” para productos de consumo esencial, orientados a “preservar el poder adquisitivo de la población y, en particular, el de los sectores de menores ingresos”. Mario Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, resucitó la ley 20.680 de abastecimiento, por interpretar que “constituye un instrumento idóneo para actuar en función de los proyectos de fondo sustentados por el gobierno nacional” y que “la autoridad de aplicación” es el organismo que conduce. No tomó en cuenta denuncias de que su posible utilización es “ilegal y arbitraria” y afecta “derechos y garantías individuales consagrados por la Constitución nacional”.
El problema de la inflación es mundial, sobre todo por los mayores precios de los alimentos, advirtió Martín Redrado, presidente del Banco Central, en una conferencia organizada por la revista “Euromoney” en Londres (Gran Bretaña) hace diez días. Reveló que el BCRA “está profundamente preocupado por el nivel actual de la inflación en la Argentina” y recomendó “mantener un continuo buen trabajo entre las políticas fiscales, salariales, monetarias y de la competencia para hacer avances en los próximos diez años”. Semejante opinión provocó el enojo y el consiguiente llamado telefónico de Néstor Kirchner para que saliera a restar dramatismo a su aseveración, que la oposición aprovechó para acusar al gobierno nacional de no tener una política clara para controlar la inflación. Roberto Lavagna, de la coalición Una nación avanzada (UNA), sostuvo que la real ronda el 20% anual y “se acelerará aún más durante el último trimestre”.
Esto ocurrió cuando los precios al consumidor (dibujados) ascendían en agosto al 8,7% en los últimos 12 meses y algunos analistas afirmaban que la suba en el 2007 sería del 15 al 20%. En el proyecto de presupuesto 2008, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) indicó que la inflación cerraría este año en el 9,6% y para el próximo bajaría al 7,3%.
Aquí se implementó, el 12 de enero pasado, un mecanismo destinado a otorgar “compensaciones” o subsidios a operadores e industriales que vendieran internamente derivados del trigo, maíz, girasol y soja y retrotrajeran los precios a los vigentes en noviembre del 2006, de acuerdo con la resolución 9/2007 del Ministerio de Economía y Producción (Mecon). Con las bandas de precios “sugeridas” para las ventas al público, en principio imaginaron que disminuirían los de la leche, el pan, el pollo, el cerdo, la carne vacuna, los aceites y las harinas, entre otros.
Tres días después se fijaron valores de referencia a los granos para determinar los subsidios –optativos– a los alimentos de la canasta básica, conforme a la resolución 19/2007 de la misma cartera, que además previó que quienes no adhirieran pagaran los valores internacionales y aplicaran los oficiales a sus transacciones locales.
Por la resolución 9 del Mecon, publicada el 12 de enero último en el “Boletín Oficial”, se elevaron cuatro puntos porcentuales los derechos sobre las exportaciones de soja (del 23,5 al 27%) y de harinas y aceites (del 20 al 24%), con el objetivo de recaudar 400 millones de dólares durante este año. El Tesoro, por su parte, cubrirá la diferencia hasta la suma comprometida, con un desembolso adicional de 100 millones.
El gobierno modificó su política de contención de precios internos para que los productores de trigo, soja, maíz y girasol pudieran cobrar los precios internacionales de los granos y quienes los utilizan como insumos para producir con destino al mercado interno los adquirieran a precios más bajos.
 Kirchner decidió que las “compensaciones” fueran instrumentadas a través de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), un organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura cuyo titular debe nombrar el presidente de la Nación para un período de cuatro años. En ese momento distribuía, por otra parte, la cuota Hilton y entregaba los “registros de operaciones de exportación” (ROE).
La Oncca impuso condiciones para que los subsidios llegaran a los interesados, que debían tener pagados los impuestos y las cargas sociales e inicialmente eran los faenadores avícolas, tamberos (a los que derivó, incluso, fondos de las mayores retenciones a la leche en polvo), industriales lácteos, fabricantes y/o fraccionadores de aceites, propietarios de “feed lots” (lugares para el engorde de ganado bovino a corral), industriales molineros (de trigo y maíz) y criadores de porcinos.
Durante meses los productores trigueros cobraron menos que en el mercado internacional, por no funcionar el sistema para que los molinos percibieran el subsidio y les pagaran el precio adecuado, y los ganaderos aguardaron definiciones que los beneficiaran (ver aparte).
La Oncca fue cuestionada por no aplicar “reglas transparentes y automáticas” para distribuir las “compensaciones” y no preocuparse demasiado acerca de cómo las cobrarían los pequeños productores del interior.
El manejo de los 500 millones de dólares enfrentó aún más a Moreno y Marcelo Rossi, presidente de la Oncca. Cuando en enero último se anunció el aumento de las retenciones a la soja, Moreno ya le había propuesto a Kirchner manejar semejante caja, que quedó en la Oncca y con la que Alberto Fernández, jefe de Gabinete, estrenó los superpoderes en el 2007 para direccionar partidas.
“Moreno me amenazó y, lamentablemente, no es saludable trabajar en estas condiciones; temo por la seguridad de mi familia”, declaró Rossi al renunciar a la Oncca en marzo pasado. Moreno de alguna manera intervino el organismo, de acuerdo con las atribuciones conferidas por Kirchner.
De nada sirvieron las objeciones de legisladores de la oposición al trato con empresarios del secretario de Comercio Interior, considerado “descortés y descalificador”, y a sus “imputaciones infundadas y diversas amenazas”. Hasta pronosticaron que los subsidios se convertirían en “una herramienta totalmente coercitiva y arbitraria”.
El abarcativo Moreno consiguió manejar a su antojo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y por la resolución 145 del Mecon, desde el 12 del actual tiene poder de veto sobre las “compensaciones”, o sea que puede aprobarlas o no. Por esta misma disposición las industrias deben demostrar que cumplieron los precios “pactados”, algo que cualquier habitante del país puede comprobar que no sucede.
Desde la puesta en marcha de las “compensaciones”, el 1º de mayo último y hasta este mes, se aprobaron 26.947 solicitudes de productores y distribuyeron en total más de 331,6 millones de pesos.
En recientes reuniones con empresarios, Moreno habría comentado: “Estoy pasado de rosca y voy a volcar; el 10 de diciembre a la mañana estoy en el sector privado”...

Cómo son los beneficios para productores y/o fabricantes

BUENOS AIRES.- El crecimiento nacional e internacional de los mercados agroalimentarios viene incidiendo directamente sobre los precios y, en consecuencia, los consumidores. El gobierno del presidente Néstor Carlos Kirchner presionó a productores y/o fabricantes para que mantuvieran los de noviembre del 2006, otorgando a cambio “compensaciones”, más conocidas como subsidios.
• Pollos. Los alimentos, sobre todo el maíz, representarían el 40% del precio final. Deuco, una entidad que nuclea a consumidores, consultó a integrantes de toda la cadena y verificó a fines de agosto significativas diferencias respecto de lo convenido, por las cuales el precio se incrementó un 20%.
• Trigo. Cuando en los últimos dos meses la cotización internacional aumentó el 30% y en el país es inminente la trilla en el norte, productores e industriales molineros querrían saber cómo manejarse. Durante la campaña anterior sufrieron la intervención oficial en el mercado para que mantuvieran un precio artificial durante meses. Aguardan refuerzos en las “compensaciones” a la harina, mientras Mario Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, preferiría concentrar las compras de trigo en los exportadores y que éstos lo vendieran a los molinos al precio fijado.
• Carne vacuna. En junio pasado se publicitó el “Componente más terneros del plan ganadero”, con subsidios (o aportes no reintegrables) de hasta 20.000 pesos para financiar mejoras encaradas por grupos, que sumarían este año 170 millones presupuestados. Introdujo “compensaciones” para la cría y los afectados por la intervención en el Mercado de Hacienda de Liniers. Con precios “controlados”, el consumo de carne vacuna aumentó en julio a 65,9 kilogramos por habitante y por año.
• Leche. Los desfases entre su precio, los costos de producción y la capacidad de pago de la industria en el 2006 fueron documentados por el Foro Nacional de Lechería. A los tamberos se los asistió con 5 centavos por litro de leche producida, pero luego los de Santa Fe fueron afectados por las inundaciones de marzo pasado y, como los demás, por los cortes en los suministros de gas, electricidad y fueloil. Recibieron “compensaciones” por los bajos precios a que debieron vender a la industria, que a su vez las consiguió por su compromiso de mantener los valores de la leche fluida y yogures. Seguidamente hubo menor producción lechera y baja de las exportaciones por la falta de lluvias y el frío, sin que se notara en el abastecimiento local excepto por pocos días, a raíz de la mala performance de las ventas al exterior. Si eventualmente aumentara la producción en la primavera, no habría una reducción en los precios al público, excepto en ciertos quesos, ya que el de la leche fluida está retrasado.
• Porcinos. Más de 200 productores dedicados a la cría y el engorde aceptaron, el 21 de junio último, un precio de salida de fábrica y/o establecimiento faenador por media res, así como los “sugeridos” al público para los tres principales cortes.
• Aceites. Las seis empresas que abastecen el 90% de los de girasol, soja y mezcla destinados al consumo familiar convinieron precios el 21 de junio pasado. Las bandas de valores sugeridos de venta al público se supuso que era consistentes con los de salida de fábrica, de manera que las “compensaciones” llegaran a los consumidores a través de precios estables.
• Papa. Cuando el 1 del actual se anunció un registro de importadores, cuyas operaciones el inefable Moreno imaginó de Canadá y en menor medida de Brasil para frenar el alza del precio (una entidad de consumidores estimó sólo en agosto el 57%), todavía no se habían definido el subsidio ni la procedencia de los recursos. Iban a poder inscribirse las personas físicas o jurídicas que actuaran en el rubro y hasta otras interesadas. Nueve días más tarde el gobierno “convenció” a cadenas comerciales y productores acerca de un mecanismo para garantizar un precio al público de 1,40 pesos el kilogramo. Los productores no resistieron las presiones ni las amenazas de que las traerían desde el exterior y aceptaron bajar el valor mayorista de 1,70 a 1,35. Determinados híper y supermercados ubicados en el área metropolitana y que se abastecen en el Mercado Central de Buenos Aires acataron ofrecerla a 1,40 si los “compensaban” con 30 centavos por kilogramo. La disposición no tuvo en cuenta las verdulerías zonales ni el interior (ni siquiera sitios donde se cultiva el producto).

La manipulación de los
datos del INDEC

BUENOS AIRES.- Indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) continúan siendo manipulados desde enero por Mario Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, quien no sólo lo intervino sino que también desplazó a funcionarios que no acataron sus órdenes.
Esteban José Bullrich, diputado nacional por el PRO capitalino, propuso en marzo pasado crear una “comisión especial investigadora para el análisis, evaluación e investigación de las irregularidades denunciadas en el ámbito de la administración pública nacional, en lo que se refiere al intento de manipulación del cálculo del índice de precios al consumidor (IPC) en el área metropolitana”. Paralelamente, Moreno fue acusado de maltratos, agresiones verbales y amenazas a empresarios para imponer su política de precios.
Hubo economistas que se animaron a decir que la inflación real se aceleraba y que la del 2007 terminaría cerca del 20%, pero la proyección de la dibujada con el índice de precios al consumidor (IPC) para la Capital Federal y los partidos del Gran Buenos Aires daría el 8% (acumuló el 5% entre enero y agosto inclusive). En tanto, en los primeros siete meses de año el IPC nacional ya trepó al 8,3%, contra el 4,3% del pergeñado para el área metropolitana. Este, a su vez, en julio y agosto exhibió valores imaginados y publicitados cuatro veces inferiores a los de Tierra del Fuego, San Luis y Mendoza...
Más alteraciones se comprobaron en la valorización de la canasta básica alimentaria de agosto. Subió el 2,2% y, por primera vez, incorporó un comentario acerca de que “una parte significativa del valor que se verifica (...) está relacionada con el aumento del precio de la papa”, cuyo kilogramo computaron a 1,40 pesos –antes de decidirse la “compensación” (ver aparte)– para medir el IPC, aunque en ese momento llegó a pagarse más de 4.
Moreno seguiría con sus dibujos, aunque en la primera quincena de este mes hubo notorios aumentos del pan, la leche, papas, tomates, zapallo, manzanas, bananas y fideos. Como nunca se amedrentó, convocó a la población a informar sobre los excesos en precios pactados, como el del pan francés en la ciudad de Buenos Aires. Por motivos que se desconocen, no reaccionó ante el incumplimiento del acuerdo para frenar los precios de unos 500 medicamentos.
La comisión interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció, el 11 del actual, que el gobierno no acató lo pactado para normalizar la conflictiva situación en el INDEC. A todo esto, el juez Rodolfo Canicoba Corral dispuso el recálculo del IPC metropolitano desde enero del 2007. La tarea se completaría en noviembre y entonces decidiría si cita como imputado a Moreno, acusado por los fiscales Manuel Garrido y Carlos Stornelli de manipular las cifras para difundir una inflación menor.