La cantidad de niños y niñas que trabajan para subsistir o aportar algo a los hogares más pobres se ha incrementado fuertemente en los últimos años y es un flagelo que cuesta muchísimo erradicar. En el período 1999-2006 las cifras crecieron un 600%, según cálculos de Save the Children. La situación podría haberse modificado si se hubieran aplicado tantas normas legales vigentes.

BUENOS AIRES.- El 26,2% de la población de la Argentina era pobre en el segundo semestre del 2006, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). "Hay más de 10 millones de personas que no tienen ingresos suficientes para pagar la olla", comentó hace pocos días Alfonso Prat Gay, director de la Fundación Andares y ex presidente del Banco Central, en el 18º Congreso CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola).

Para el INDEC, también, semejante flagelo afectaba al 40,4% de los menores de 5 años ya en el cuarto trimestre del año pasado. Por eso, probablemente, en el capítulo local de UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) subrayaron que "la pobreza tiene rostro de niño y esto es una amenaza permanente porque los chicos hacen al futuro del país".

El trabajo infantil siguió siendo una de las peores formas de explotación y abuso lamentablemente, incluye la prostitución, la pornografía y el tráfico de drogas y pone en peligro la salud, seguridad y educación de quienes lo encaran, por atentar contra su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

"Ninguna sociedad del mundo, civil o religiosa, se puede lavar las manos de la condición de los chicos de la calle, que reflejan a la misma sociedad que crea tanto malestar", advirtió el Pontificio Consejo para los Migrantes e Itinerantes en el documento "Orientaciones para la pastoral de la calle", difundido en junio último. Y reconoció que el peor problema "no es la miseria o la toxicodependencia, el HIV/sida o la prostitución, cuanto la muerte del alma".

La Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti) ver aparte describió que abarca "todas aquellas actividades y/o estrategias de supervivencia, remuneradas o no, realizadas por niños y niñas menores de la edad mínima requerida por la legislación (14 años) para incorporarse a un empleo". Además, mencionó que esas tareas eran las "visibles, invisibles u ocultas, donde el sustento logrado puede ser para sí mismo, para el mantenimiento del grupo familiar y/o para la apropiación de terceros explotadores".

A fines de junio de este año, en el país trabajaban 1,5 millones de menores de 14 años, la mitad sin concurrir a escuelas, de acuerdo con lo expresado desde UNICEF Argentina sobre la base de datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) y el INDEC.

No se trata de un problema reciente: fue denunciado a fines del siglo XIX. Pese a la falta de estadísticas oficiales, a principios de la década pasada se aventuró que trabajaban entre 150.000 y 180.000 chicos; en el '95, UNICEF Argentina estimó 250.000; en el 2001, en la cartera laboral, dijeron que eran 500.000 la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) denunció 180.000 en el agro y sobre la base de una encuesta estatal que comprendió parte del territorio a fines del 2004, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) citó 400.000. A su vez, la entidad Save the Children (salvemos a los niños) calculó que el trabajo infantil creció el 600% durante el período 1999-2006, afectando de 250.000 a 1,5 millones de criaturas.

Se considera que todas las ocupaciones violan derechos fundamentales, algo que también ocurre con las de los más vulnerables, o sea, aquellos con capacidades diferentes, a los que el Estado debería proporcionarles asistencia especial.

La principal causa del trabajo infantil es la pobreza y su consecuencia más inmediata resulta la inestabilidad de las familias, en demasiadas oportunidades obligadas a exigir que todos sus integrantes incursionen en determinada actividad. No están en condiciones de renunciar a los ingresos que los chicos puedan aportar como asalariados "en negro", trabajadores independientes o, sobre todo, en labores agrícolas, "ayudantes" no remunerados.

La primera encuesta encarada por el Mtess, en el 2004, tuvo un alcance limitado: Gran Buenos Aires, Mendoza, Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa y Chaco, donde trabajaban 456.207 chicos en áreas urbanas y rurales. El 6,5% tenía de 5 a 13 años (193.095) y el 20%, entre 14 y 17 (263.112). Si bien eran más los que se desempeñaban en las rurales, el 8% de 5 a 13 años, la diferencia aumentaba entre los adolescentes al 35%. Pudo verificarse, asimismo, que el 10% de los más pequeños dedicados a tareas en el campo no concurría a la escuela y que el 62% de los adolescentes la había abandonado. La repitencia en el secundario se duplicaba entre los trabajadores en comparación con quienes no lo eran. Y, aunque informes oficiales destacaron altos porcentajes de escolarización, investigadores del tema insistieron en que se encubren la deserción, la repitencia y el analfabetismo funcional de los más pobres e indigentes.

La Argentina asumió el compromiso internacional de eliminar por completo el trabajo infantil para el 2015 y disminuirlo este año el 3%. En las postrimerías de junio pasado se presentó el "Plan nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil (2006-2010)", trazado por la Conaeti y las comisiones provinciales creadas hasta entonces (faltaban en ese momento Córdoba, Chubut, Neuquén y San Luis). Busca difundir información para sensibilizar más a la opinión pública, promover y sostener un sistema de información, fortalecer las familias de los chicos en situación o en riesgo de trabajo y readecuar e intensificar las inspecciones preventivas y erradicadoras del flagelo. Como desafíos se incluyeron: contribuir a la inclusión, reinserción o permanencia de los afectados en la educación formal, impulsar la atención de su salud y adecuar y armonizar las normas nacionales y provinciales específicas para construir un marco jurídico acorde con la Convención internacional de los derechos del niño y demás acuerdos sectoriales.

Compromisos asumidos por empresas y sindicatos

BUENOS AIRES.- La “Red de empresas contra el trabajo infantil” fue creada el 27 de junio pasado en un acto presidido por Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el que participaron funcionarios de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti) y directivos de 35 firmas de primera línea.
Impulsará programas ejecutados y monitoreados por un comité de representantes de Accor, Addeco, Arcor, Andreani, la Cámara del Tabaco de Salta, Manpower, Nobleza Piccardo y Telefónica de Argentina-Movistar, con la coordinación de María del Pilar Rey Méndez, presidenta de la Conaeti. Está previsto que las firmas encaren acciones conjuntas, sumen esfuerzos y recursos y compartan experiencias para incrementar la efectividad de su responsabilidad social empresaria (RSE).
De alguna manera, se retomaron y profundizaron compromisos asumidos en la “Declaración de empresas argentinas contra el trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo” (OIT).
La Unión Industrial Argentina (UIA) participa de la Conaeti.
El “Compromiso de responsabilidad social empresaria para la promoción del trabajo decente”, suscripto el 4 de este mes ante el presidente Néstor Carlos Kirchner y con el patrocinio de la OIT y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal), fue asumido por Tomada y representantes de un centenar de firmas, entre ellas Arcor, Bayer, Petrobras, Edenor, Unilever, Ford y Nestlé. Estas deben “asegurar condiciones dignas de trabajo y niveles de eficiencia y calidad prestacional”. La RSE “sin contenido no tiene sentido”, dijo Tomada, ya que “está profundamente vinculada con el trabajo, con valores que tienen que ver con priorizar el empleo digno y generar capacitación y calificación de la mano de obra para dar respuestas a las necesidades estratégicas del país y facilitar el ingreso de aquellos que tienen mayores dificultades para insertarse”.
De paso, el titular de la cartera laboral recordó medidas adoptadas para orientar la erradicación del trabajo infantil, la capacitación de jóvenes, la protección social en la ocupación tercerizada, la revisión de los requerimientos de ingreso laboral y la incorporación de personas con capacidades diferentes.
Antes, el “Protocolo de intención para erradicar el trabajo infantil de la agricultura” fue acordado por empresarios en el 2005 en el ámbito del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), para diseñar y poner en marcha planes, programas y proyectos que lo desalienten.
A los mismos objetivos apunta el protocolo para el mismo sector ratificado el 12 de junio último por autoridades locales y de organismos internacionales, representantes de Coninagro, la Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural Argentina, Uatre y la Confederación General del Trabajo (CGT).

Desde hace años se acumulan disposiciones para erradicarlo

BUENOS AIRES.- La situación provocada por el trabajo infantil podría haberse modificado si diferentes gobiernos y el actual hubieran aplicado las disposiciones existentes para erradicarlo, tales como:
• La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por la asamblea general de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada aquí por la ley 23.849 del año siguiente. El artículo 32 estableció que “los Estados partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.
• La reforma de la Constitución nacional incorporó, en 1994, las normas de la citada convención e impuso al Congreso “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños”. Uno de los objetivos primordiales apareció en el artículo 75: limitar, regular y erradicar el trabajo infantil.
• Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por la Argentina, desde la reforma constitucional alcanzaron una jerarquía superior a las leyes. Data de 1996 el 138, que estableció la edad mínima de admisión al empleo y del 2001 el 182, “Sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación” (ver cuadro). Ambos convenios fueron aprobados por las leyes nacionales 24.650 y 25.255 respectivamente.
• La ley 20.744 de contrato de trabajo prohíbe a los empleadores, en su artículo 189, ocupar a menores de 14 años en cualquier tipo de actividad. Esto no alcanza, cuando medie autorización del ministerio pupilar, a aquellos ocupados en firmas donde sólo intervengan los miembros de la familia, siempre que no sean tareas nocivas, perjudiciales o peligrosas.
• El Pacto Federal del Trabajo de 1998, aprobado por la ley 25.212 del año siguiente, estableció impulsar y propiciar mecanismos para encarar acciones, planes y proyectos destinados a erradicar el trabajo infantil.
• La ley 26.061 de “Protección integral de niños, niñas y adolescentes”, sancionada en el 2005 –derogó la 10.903–, determina en su artículo 25 que “los organismos del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones sindicales coordinarán sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil”.
La Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti) fue creada por el decreto 719/00 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), dependiente del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos. Coordina, evalúa y sigue lo vinculado con su denominación y en materia de prevención. Por otra parte, en la implementación de un plan se buscó que sirviera como referencia para los programas y proyectos nacionales, regionales, provinciales o locales, con participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores. Hasta creó comisiones provinciales.
 La Conaeti ahora está en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) por la resolución 141/03 y lleva adelante, además:
• El “Programa de formación e información sistémica en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil”, con cooperación no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
• El “Programa nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil rural” para menores de 14 años y fortalecer a sus familias –excepcionalmente actúan sin los padres– mediante medidas de compensación y capacitación que permiten a los jefes de los hogares incrementar sus economías y retirar a sus hijos del circuito laboral para incorporarlos y que permanezcan en la escolaridad formal.
• El “Programa para la prevención y erradicación del trabajo infantil urbano en la República Argentina” abarca modalidades tales como mendicidad, recolección de residuos (cirujeo), venta ambulante de productos o flores –incluso en bares y restaurantes–, reparto de estampitas en medios de transporte, acompañantes de adultos que venden o mendigan, explotación sexual, tráfico de drogas, limpiavidrios, abrepuertas de autos, malabaristas y lustrabotas, entre otros.
• El “Programa ‘Luz de infancia’ para la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial infantil”, por la resolución 142 del MTESS se sumó a lo que se hace en la frontera Paraguay-Brasil para articular las instituciones en torno a un objetivo en común y adecuar y armonizar las legislaciones.
• La “Encuesta y observatorio de trabajo infantil” (resolución 187/2003 del Mtess) busca recolectar, procesar, analizar y difundir datos, en principio de la ciudad de Buenos Aires y 24 municipios del conurbano y la región de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis).