El igual que en otros puntos del país, el debate sobre la instalación de antenas de telefonía celular en zonas residenciales de la capital neuquina está lejos de llegar a una resolución que deje conformes a todos los actores sociales involucrados en este delicado problema.

Este año, una resolución de la jueza federal Carolina Pandolfi, que obligó a una de las empresas de telefonía celular a trasladar dos de sus antenas de transmisión, reabrió la discusión sobre un tema ante el cual los vecinos y los empresarios mantienen posturas aparentemente irreconciliables.

A raíz de una presentación judicial de un grupo de vecinos del área centro, Pandolfi ordenó a la empresa Movistar desconectar y trasladar dos antenas de telefonía celular a un punto que, como mínimo, debía estar ubicado a 300 metros de toda presencia humana.

Para tomar esa decisión, la magistrada consideró que la empresa no logró demostrar

la inocuidad de las radiaciones provocadas por las antenas que había instalado de modo que no estaba garantizada la protección de la población ante potenciales riesgos para su salud.

Los vecinos que solicitaron el amparo judicial festejaron el fallo de Pandolfi.

Sin embargo, la resolución cosechó una reacción negativa entre los responsables de las tres empresas de telefonías celular que operan en la región.

La resistencia de los vecinos a convivir con una antena a pocos metros de sus hogares se apoya básicamente en estudios científicos, que sostienen que las radiaciones no ionizantes de radiofrecuencia provocan lesiones en la salud.

Sin embargo, la postura de los empresarios también toma como fundamento otras investigaciones científicas que arrojan resultados completamente distintos a los estudios en los que se amparan los vecinos.

Desde la óptica de los empresarios se explica que las antenas transmisoras utilizan un sistema de campos electromagnéticos muy similar al que usan los equipos de radio y televisión, que en más de medio siglo de existencia demostró ser inocuo para la población.

A mediados de este año, los representantes de las tres firmas de telefonía celular que operan en la ciudad de Neuquén asistieron a un plenario de comisiones de la Legislatura provincial y solicitaron a los diputados una flexibilización de las normas vigentes hasta el momento.

Los voceros de las tres empresas telefónicas anunciaron entonces que planean incrementar en el próximo año la infraestructura existente en un 50 por ciento, mediante una inversión de más de 13 millones de pesos.

Pero también, los representantes de estas empresas advirtieron que las "normas prohibitivas" municipales, que condicionan la instalación de antenas en zonas urbanizadas, son una traba para el plan de inversiones.

Los ejes centrales del planteo de los empresarios fueron que las normativas municipales intentan regular localmente algo que ya está regulado nacionalmente y que las antenas de telefonía celular no son útiles si se las instala en zonas alejadas de los centros urbanos.

La discusión sobre las antenas también ingresó a la comisión de Ecología y Medio Ambiente del Concejo Deliberante.

Entre otras propuestas, los concejales están estudiando autorizar la instalación de antenas telefónicas en edificios ubicados en arterias de doble sentido de circulación y con algunas restricciones más importantes en algunas zonas del perímetro urbano.

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DEBATE | RESISTENCIA A LA INSTALACION DE ANTENAS DE TELEFONIA

El dictamen de la jueza Pandolfi que obligó a una empresa a trasladar su repetidora reavivó la discusión.

CELULARES SI, ANTENAS NO

Pandolfi ordenó a la firma mudar sus antenas a 300 metros de toda presencia humana.

Los vecinos dicen que afectan a la salud mientras que las compañías afirman que el sistema es inocuo.