Domingo nació hace 67 años en Temuco y vive en el corazón de Barrio Nuevo en Roca. Trabajó desde su adolescencia en un aserradero y en el campo, hasta que la crisis de ’70 lo forzó a buscar nuevos horizontes en Argentina. Ingresó, como muchos, como turista y se fue quedando. En el Alto Valle, realizó por más de 30 años labores rurales, trabajó como albañil y como peón en una cantera, la mayoría de ellos “en negro”. Recién en los ’90 consiguió los papeles que lo hicieron “residente legal” en el país, aunque él jamás pudo aprender a leerlos. El duro trabajo en la cantera dejó sus consecuencias: perdió la visión de un ojo y hoy le cuesta moverse. Su único tesoro es una modesta casa de material en un terreno donado, hoy ambicionada por desconocidos que ya provocaron dos incendios para expulsarlo. Sin jubilación ni obra social, se atiende en el hospital y subsiste gracias a alguna ayuda municipal, la generosidad de sus vecinos y alguna “changa” cada vez más espaciada. Es que para Chile hace demasiado que se fue y para Argentina hace demasiado poco que reside legalmente.
El caso de Domingo es, con variantes, el de unos 6.000 chilenos o hijos de chilenos que habitan hoy en el Alto Valle en el más absoluto desamparo, según un estudio realizado por la Pastoral de Migraciones neuquina, con la ayuda de la Universidad Nacional del Comahue, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y organizaciones de residentes, que busca que el Estado chileno se haga cargo de los compatriotas que debieron salir de su territorio por razones políticas o económicas y hoy están en la indigencia.
“Son miles de personas que entregaron la mayor parte de su vida productiva a dos países y hoy se encuentran envejecidos, indigentes, enfermos y en el país ‘equivocado’ para recibir alguna cobertura social”, resumen Jorge Muñoz y Ana Pimentel, que desde la Pastoral están impulsando un acuerdo con el gobierno chileno que le otorgue en forma urgente algún grado de protección a este sector, especialmente mediante pensiones asistenciales que puedan ser cobradas en su ciudad de residencia.
Argentina es el país con mayor cantidad de residentes chilenos del mundo, unos 300.000. De ellos, el Alto Valle es la zona con mayor concentración relativa de pobladores de ese origen: hay unos 70.000 repartidos en los que se llama Gran Neuquén (que incluye a Plottier y Centenario) y el Alto Valle de Río Negro. La mayoría de ellos arribó al país entre los años ’60 y ’90 y, en muchos casos, ya están arribando a la edad jubilatoria en precarias condiciones.
“En nuestro trabajo cotidiano nos hemos dado cuenta del envejecimiento progresivo de la migración chilena en la zona, fenómeno que no sería preocupante si no estuviera asociado a la indigencia de muchos, que los pone en un lugar de gran vulnerabilidad social”, destaca Muñoz.

El comienzo

El titular de la pastoral recuerda que este problema ya comenzó a estudiarse en profundidad en las cátedras libres Jaime de Nevares, realizadas en 1998. Pero, al plantearse el tema a las autoridades tanto chilenas como argentinas, ambos se excusaron argumentando falta de información fidedigna sobre el fenómeno. Fue así que desde el organismo y con la ayuda de alumnos y docentes de diversas carreras y departamentos de la UNC (Geografía, Servicio Social, Abogacía, entre otros), más la asistencia de organizaciones de residentes y organismos locales, comenzó un relevamiento de esta población “en riesgo”.
 A los datos registrados por la Encuesta Complementaria de Migraciones del INDEC y el Censo Registro de Chilenos en el Exterior realizado por el gobierno de Santiago entre 2003-2004 se les agregó un relevamiento propio, realizado en una “muestra poblacional piloto” representativa de chilenos mayores de 50 años. Esta muestra se determinó con una serie de encuestas en barrios claves de Plottier, Neuquén y Centenario realizadas con asesoramiento de la UNC, con autoridades de Salud Pública neuquina y varios municipios.
En todo los casos, se estableció que la población mayor de 55 años superaba el 50% y que la cobertura social, a su vez, llegaba a la mitad de ese grupo. La mayoría de quienes están en la pobreza subsiste gracias al sistema público de salud, la ayuda social esporádica provincial o municipal y de familiares o amigos. Y aunque el relevamiento constata que un 90% de los residentes en edad de jubilarse ya tiene su DNI, unas 6.000 personas están excluidas de los dos sistemas por varias razones:
• Casi un 60% de ellos transcurrió su vida laboral en la categoría de “cuentapropista”, sin realizar ahorro jubilatorio, en la fruticultura, construcción y trabajo doméstico, entre otros.
• Estimativamente, un 30% fue “estafado” durante su desempeño laboral porque se le descontaron los haberes jubilatorios y no se los depositaron en las cajas correspondientes.
• Aproximadamente al 10% restante trabajó en ambos países y acreditó aportes jubilatorios en los dos países, pero éstos no le son suficientes para obtener una jubilación en alguno de ellos. “Algunos intentan transitar el camino de la unificación de sus haberes, como establece el Convenio Binacional de Seguridad Social suscripto entre ambos países, pero mueren antes de haber obtenido una jubilación o pensión”, señala el informe.
En el análisis de los datos, el equipo de la pastoral, señala Pimentel, llega a la conclusión de que existe una combinación de endurecimiento de la legislación argentina y una serie de “vacíos legales” en los convenios binacionales y la legislación de Chile que excluyen a estos chilenos de los beneficios en ambos países.
 
LAS falencias

En el caso de Argentina, varios residentes pudieron beneficiarse de la reciente moratoria previsional, que permite jubilarse aún sin los suficientes aportes requeridos, o de pensiones no contributivas o graciables. Sin embargo, un artículo exige para estos beneficios entre 30 y 40 años de “residencia legal” en el país, con lo cual dejó afuera a un grueso de la población que, residiendo y trabajando aquí desde hace más de 40 años, tuvo su DNI recién entre 1984 y 1990.
En el caso chileno, recientemente el gobierno estableció “pensiones asistenciales”, equivalentes a unos 100 dólares, para quienes no reúnan imposiciones. Pero el obstáculo en este caso es que el país exige “residencia en Chile”, con lo cual esta población queda excluida. Muchos incluso han perdido los documentos de su país de origen.
En los convenios binacionales se han detectado dos falencias:
• Sólo se refiere a los ahorros realizados por el trabajador en los sistemas de ahorro estatal de los dos países, dejando fuera a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP en Chile, AFJP en Argentina). En Chile esto ya fue subsanado con una ley en el ’95, pero en Argentina el tema sólo fue tratado por el Senado y hace varios años que el trámite está frenado en Diputados.
• No hay forma de dar beneficios a quienes no tienen aportes suficientes en ambos Estados.
Por esto la Pastoral, con el apoyo de varias organizaciones, realizó una presentación ante el gobierno chileno para que se pueda asistir a este sector.
Tras varias reuniones entre noviembre del 2006 y enero del 2007 con equipos técnicos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social chileno a cargo de Osvaldo Andrade, el equipo de la Pastoral presentó el relevamiento y estableció dos conclusiones:
• El otorgamiento de pensiones asistenciales no tendría un gran costo para el Estado chileno. Con menos de 6. 000 potenciales beneficiarios, el costo fiscal sería menor a los 7 millones de dólares anuales, una cifra manejable para cualquier país. Además, agrega Muñoz, “estas personas ya estaban contempladas en las proyecciones jubilatorias de censos y estadísticas, con lo cual en realidad el fisco chileno hasta ahora se estaba ahorrando esta plata”.
• La necesidad de un mecanismo ágil de entrega de las pensiones. “Descartamos la firma de otro convenio binacional, la sanción de otra ley en Chile y otros mecanismos de la Cancillería por una razón: insumen mucho tiempo, a menudo años, y mientras tanto los viejos se nos mueren”, graficó el representante de la Pastoral. Entre los estudios legales hechos, se descubrió que la Constitución del ’80 otorgó amplios poderes legislativos en lo previsional al ministerio y, por lo tanto, para otorgar estas pensiones graciables sólo basta con una resolución ministerial. Además, se propuso implementarla directamente a través de los municipios de Río Negro y Neuquén en coordinación con la Secretaría Regional Ministerial de Trabajo y Previsión Social de la IX Región (de donde es oriunda la mayoría) para que la tramitación no incluya engorrosos trámites burocráticos. Para ello, la Pastoral ofreció capacitar y asesorar a todos los titulares de Acción Social de los municipios argentinos para trabajar el tema.
El ministerio chileno recibió en julio el informe completo, de casi 100 páginas, y prometió una respuesta, que se anticipó favorable, para este mes. “Como se ve, no es un problema de fondos ni de legislación. Es de voluntad política de solucionar un problema que es un escándalo social y una violación a los derechos humanos ”, concluyó Muñoz.

Realidad binacional

Los realizadores del informe son reacios a referirse a los residentes chilenos locales como “inmigrantes” y prefieren el término “ciudadanos binacionales”, que a su juicio refleja mejor la movilidad social que históricamente ocurre en el corredor bioceánico que va desde las chilenas IX región de la Araucanía y parte de las regiones XVII y X y la denominada “región del Comahue” en Argentina (ver infografía).
El estudio recuerda que la movilidad poblacional entre ambos territorios se remonta a mucho antes de la creación de los Estados nacionales en el 1800 y que ha marcado históricamente a la realidad política, social, cultural y económica de ambos países.
 Agrega que “en el corredor Araucanía-Comahue todavía ambos países deben empezar a incursionar en el campo socioterritorial y sociocultural, de manera que se comiencen a contemplar los intereses de las comunidades que por aquí se movilizan”.
Agrega que “si bien los límites geográficos del ‘corredor mercantilista’ coinciden con el ‘corredor humano’ que concebimos en este trabajo, pretendemos analizar aquí algunos aspectos puntuales de la ‘movilidad humana’ y sus dificultades para ‘integrarse’ socialmente con dignidad. No son las cuestiones económicas las que aquí nos ocupan sino los grupos de población que por aquí se asientan y circulan. Son al menos 10.000 personas las que transitan semanalmente por este territorio y muchas más las que se encuentran viviendo en ambos lados de la cordillera, con importantes dificultades para comunicarse y encontrarse”.
El trabajo adopta la definición de “movilidad humana” antes que “migración”, tomada por la Organización Internacional de las Migraciones, ya que “tomar el espacio como producto social permite abordar de mejor manera la movilidad constante y continua de esta población en el corredor Araucanía-Comahue”. Asimismo habla de “binacionalidad o transnacionalidad” como sinónimos para referirse a los migrantes que “han establecido sólidos vínculos sociales en el país de acogida, sin perderlos con el país de origen”. Destacan que “se han vuelto ‘naturales’ y ‘normales’ en el territorio comentarios como los siguientes: ‘Mañana viajo a Temuco’, ‘Llegué ayer de Chile’, ‘Mi esposo está allá’, ‘Se fue por el feriado largo’, ‘Mis papás vienen a pasar el invierno’”.