Parte de la misma no es resultado de un fenómeno "normal" en una economía en crecimiento. Países centrales y organismos financieros internacionales se preocupan por drenajes y lavado de dinero.

BUENOS AIRES.- Los habitantes de la Argentina tenían por diferentes conceptos en el exterior el equivalente a 142.951 millones de dólares a fines del 2006. Fue un año en el que compraron activos fuera del país por unos 10.000 millones.

Eso surgió de la posición de inversión internacional (PII) neta, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Reflejó 174.988 millones de activos externos y 155.891 millones de pasivos externos, a valor de mercado, por lo que el saldo acreedor fue de 19.097 millones, al crecer 3.835 millones más que al terminar el 2005, cuando sumó 15.262 millones.

Esa suba de la posición neta acreedora fue consecuencia del superávit por 7.998 millones (factor "transacciones") en cuenta corriente del balance de pagos, que elevó los activos financieros externos.

En sentido contrario, las subas de precios de los pasivos externos ("precios" o "cambios de valuación") disminuyeron tales activos en 8.000 millones, a raíz de la amortización de la deuda de 9.530 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los activos externos estaban compuestos por 32.037 millones de reservas internacionales del Banco Central (BCRA, 18% del total), 25.531 millones de inversiones directas privadas (15%) incluyendo las inmobiliarias y 117.420 millones de otros activos (67%), constituidos por los comerciales, depósitos en el exterior, inversiones en valores emitidos por no residentes, títulos públicos, acciones y tenencias de divisas.

En tanto, los pasivos externos sumaron 62.135 millones del stock de inversión extranjera directa (IED) en el país (40% del total), 84.363 millones de deuda externa (54%, excluyendo la de las empresas de inversión directa con sus matrices y filiales, incluida en inversión directa) y 9.393 millones de otros pasivos (6%, con participaciones accionarias que no eran IED inversión de cartera en acciones y unidades vinculadas con el Pro

ducto Bruto Interno (PBI). La suba del pasivo externo por IED, con la de títulos de la deuda, se publicitó oficialmente como una demostración de confianza de los agentes económicos en la Argentina.

Diferentes estudios vincularon el endeudamiento externo con los mecanismos de fuga de capitales, la evasión fiscal y el dinero ilegal, que no tuvieron como contrapartida bienes y servicios incorporados al ciclo productivo interno por utilizarse para la especulación y valorización financiera. Sobre la base de datos del Banco Mundial (BIRF), el economista Eric Calcagno subrayó que desde 1976 hubo tres causas principales de la deuda externa: el financiamiento de la exportación y la "fuga de capitales" por agentes privados, nacionales y extranjeros (44%), el pago de intereses a la banca extranjera (33%) y la compra de material bélico para las fuerzas armadas y otras importaciones no registradas (23%).

A los pagos de servicios de la deuda por más de 200.000 millones de dólares desde el '76 se sumaron la fuga de capitales (recuérdense aquellos 142.951 millones de activos de habitantes del país en el exterior, luego de que en 1991 fueran 50.010 millones), los giros de utilidades y las sobrefacturaciones de importaciones.

La deuda pública trepó desde los 5.300 millones en 1975 a 180.000 millones en el 2001/2002, cuando se declaró el "default". Ultimamente ascendería a 127.748 millones. Los acreedores fueron el FMI, el BIRF, inversores privados (bancos, administradoras de fondos de pensiones y jubilaciones, empresas, particulares y fondos "buitres").

Semejante situación afectó a la industria nacional porque prevalecieron más las ganancias financieras que las productivas, aumentó la desocupación y se redujeron los salarios y la participación de los trabajadores y de la clase media en la distribución de la renta.

El Estado dejó de regular o producir bienes y servicios al privatizar las empresas públicas, vender y desnacionalizar sus patrimonios y desviar fondos a las AFJP. Dispuso, por otra parte, que las leyes del "mercado" rigieran hasta las demandas sociales básicas (salud, trabajo, educación y vivienda).

Con la liberalización financiera y la política de atraso cambiario, a partir de 1976, durante el absurdamente denominado "Proceso de reorganización nacional", que fueron decididas por José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía, las tasas de interés internas pasaron a ser más elevadas que las externas. En aquel tramo de la dictadura militar, las empresas públicas y privadas fueron alentadas a financiarse con recursos "genuinos" del extranjero. Empresas y bancos hicieron buenos negocios endeudándose para efectuar colocaciones en activos financieros locales, pero apenas vislumbraron riesgos de de

valuación, depositaron sus fondos incrementados por las altas tasas en bancos del extranjero, en una típica maniobra de "bicicleta financiera".

Parte de la deuda se vinculó con la organización del campeonato mundial de fútbol en la Argentina,

en 1978; los preparativos para la posible guerra con Chile; la construcción de autopistas y la extensión de la red de gasoductos. De cualquier manera, 31.000 millones de dólares correspondieron a las actividades financieras y la fuga de capitales.

La mayor salida se concretó entre 1980 y 1983, mientras se desencadenaba una quiebra generalizada de bancos y financieras, y mediante un "seguro de cambio" que garantizó el precio futuro de las divisas a unas 80 empresas, tal como documentó durante su gestión el diputado justicialista Mario Cafiero.

Todo eso provocó una disminución de las reservas internacionales y un fuerte endeudamiento del Estado, que continuó durante las presidencias de Raúl Ricardo Alfonsín, Carlos Saúl Menem y Fernando de la Rúa. Habría servido para atender negocios de grandes bancos y grupos económicos, cubrir baches en la balanza de pagos y hasta la fuga de marras.

Después, en los '90, la convertibilidad del uno a uno del peso con el dólar pergeñada por Domingo Felipe Cavallo volvió a facilitar el endeudamiento y la fuga. El FMI reclamó ajustes y pagos y se emitieron títulos, pero la deuda avanzó y causó un "golpe económico" y las hiperinflaciones de 1989/1991. Con el "Plan Brady", parte de los compromisos fue transferida desde bancos acreedores a pequeños ahorristas de naciones industrializadas. La convertibilidad facilitó las privatizaciones y desregulaciones

(fundamentalmente, las laborales) y la apertura al exterior. Todavía en el bienio 2001/2002 se intentó evitar el fin de la convertibilidad y el "default" (con el "blindaje" y el megacanje). La deuda superó los 190.000 millones y la economía soportó los embates de la "fuga de capitales".

El sector privado también afrontó mayores compromisos en el exterior, después de los bajos niveles que tuvo en 1991, cuando se estatizó la "deuda vieja"), y pareció incrementar los valores de sus bienes en el extranjero, según el INDEC.

La crisis de principios de este siglo no conmovió al sistema financiero internacional algo que sí sucedió anteriormente con varios países de Asia, Rusia, México o Brasil porque demasiados bancos, inversores y fondos retiraron oportunamente sus capitales de la Argentina. A esta conclusión arribaron Tatiana Didier, Paolo Mauro y Sergio Schmukler en el documento "¿Desapareció el contagio?", publicado a principios del 2006 en la página del FMI. Curiosamente, mientras esos grandes fondos salían, el organismo otorgó dos préstamos por unos 10.000 millones, en enero y setiembre del 2001.

No faltaron bancos que se "anticiparon" y vendieron bonos en sus países (Italia, Japón, Alemania), por lo que la mayoría de los compradores terminó gracias al "default", el "corralito" y el "corralón" con parte de sus ahorros confiscados. Y esto, sin olvidar que la situación perjudicó a miles de argentinos, incluso a los afiliados a las AFJP.

MIGUEL ANGEL FUKS