BUENOS AIRES.- Cuando Néstor Carlos Kirchner, presidente de la Nación, decidió el 11 de octubre último que se aplicara la ley de abastecimiento 20.680 para garantizar el suministro de gasoil, Mario Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, recordó que fue sancionada el 24 de junio de 1974, durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón. Cuando aquella situación era más complicada que la actual, explicó que se previeron “sanciones, clausuras e incluso, en el caso de que así se fijara judicialmente, la prisión”. Al suscribir la resolución 25/06, buscó asegurar “el suministro de hidrocarburos líquidos, así como sus derivados, específicamente el gasoil” y “satisfacer las necesidades básicas de la población”, para lo cual la dependencia a su cargo debía “ejercer el control de las políticas y normas tendientes a mejorar la organización de los mercados de bienes y servicios”. Nueve meses más tarde los resultados no fueron los esperados, ni siquiera tras la orden impartida por Kirchner para aplicar la mencionada ley, el 7 del mes pasado, a fin de garantizar la provisión de gasoil ante el faltante comprobado (ver aparte).
Cuando Héctor Recalde, presidente de la comisión de legislación del trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación y asesor de la CGT, presentó un proyecto de ley que proponía restablecer las facultades otorgadas al gobierno por la citada ley, pocas dudas existían de que la crisis de energía era consecuencia de la significativa desinversión de los últimos años. Alberto Fernández, jefe de Gabinete, omitió comentarla, aunque reconoció que a la Argentina le faltaba del 30 al 35% de la necesaria para atender requerimientos de los hogares, industrias y comercios, por una mayor demanda consecuencia del frío que invadió al país y el crecimiento económico acumulado del 38% del Producto Bruto Interno en los últimos cuatro años. Tampoco se refirió a los subsidios y gastos para sostener el sistema, que demandaron cerca de 2.500 millones de pesos en el transcurso de este año, ni a las necesidades de las industrias de mantener la producción o al agotamiento del stock de grupos electrógenos, cuyos precios de alquileres y ventas se incrementaron y las entregas se extendieron a 60 días (plantas frigoríficas que recurrieron a ellos afrontaron un sobrecosto del 50%).
Aunque hubo generalizados esfuerzos de racionalización del consumo de combustibles se complicó sostener el crecimiento fabril, por lo que se previó una menor producción de bienes y, quizá, más importaciones. Ciertas empresas reprogramaron turnos de trabajo; otras, con procesos continuos, no pudieron parar (como las siderúrgicas, del aluminio, plásticas, ladrilleras y cerámicas).
Los autopartistas sufrieron interrupciones, por lo que las terminales utilizaron sus stocks de emergencia. Fábricas papeleras frenaron exportaciones y la santafesina Celulosa Moldeada, dedicada al packaging para las avícolas y frutícolas, al quedarse sin gas tuvo que suspender temporariamente a 100 de sus 160 empleados. Textiles resultaron afectadas en la fabricación de hilados y telas, por paradas técnicas obligadas por restricciones de energía, perjudicando a confeccionistas de indumentaria. Esto quizá obligaría a los comercios a importar más, especialmente de China, Brasil y Tailandia.
Tras prolongadas marchas y contramarchas, el 9 de mayo pasado representantes de la producción, los frigoríficos y el gobierno acordaron normalizar la situación, cuando en el Mercado de Liniers se registraba una abrupta caída en el ingreso de animales que se trasladó a la provisión de carnes a los súper e hipermercados a raíz de los precios máximos aprobados por la Secretaría de Comercio Interior (SCI) en noviembre del 2006. Las complicaciones fueron atribuidas al “error” del acuerdo suscripto entre el gobierno y la cadena comercial, planteó Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), que acusó de sus males a “un puñado de funcionarios incompetentes e ineptos”.
Ya se olvidó que en mayo de este año Hugo Biolcati, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, advirtió que “la falta de diálogo continuó con una seguidilla de medidas inconsultas y erráticas y el maltrato al que son sometidos los productores”. En relación con la lechería, comentó que se trabajaba “tranqueras adentro” y eso se reflejaba en mayores volúmenes de leche obtenida, “a pesar de la caída de la rentabilidad y de las erradas políticas de los gobiernos nacional y provinciales”.
Desde mayo recrudeció el desabastecimiento de las leches fluida y larga vida en los comercios, sobre todo capitalinos, que podría extenderse. No sólo se vinculó con la crisis energética sino, además, con las inundaciones en la zona de producción santafesina y posteriores heladas.
Las producciones de agroquímicos, fertilizantes, vacunas contra la fiebre aftosa bovina y artículos para las industrias automotriz, del cuero y de envases de plástico se frenaron por mantenerse un conflicto iniciado en abril y mayo pasado.
La Federación Agraria Argentina organizó asambleas –en la semana transcurrida– y sus asociados expresaron preocupación por la falta de gasoil y las alzas en la mayoría de los insumos. Reclamaron que si se compensó a taxistas, remiseros y fleteros, el gobierno debería hacer lo mismo con los productores.
El paro de transportistas cerealeros provocó, en marzo pasado, desabastecimiento en varios sectores. Catac (Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas) reclamó un ajuste tarifario del 30% y consiguió que fuera apoyado por el Sindicato de Camioneros. Afectó a quienes poseen animales que se alimentan con trigo y maíz y el funcionamiento del mercado de hacienda de Liniers desde fines del 2006 y también a los mercados lácteo, avícola y porcino.
El gremio de los camioneros, ahora conducido en los papeles por Pablo Moyano –hijo de Hugo, secretario general de la CGT–, fue protagonista en los últimos cuatro meses de más de una decena de protestas y paros en diferentes ciudades y perjudicó a supermercados, comercios mayoristas, recolectores de basura, cerveceras y fabricantes de bebidas gaseosas y aguas. Después de complicar el abastecimiento de bebidas por sus protestas contra Quilmes, alentó piquetes y bloqueos en Neuquén y Río Negro que amenazaron con profundizar la escasez de combustibles.
Más allá de tantos errores provocados por la SCI, todo parecería indicar que después de dos años de “acuerdos” de precios, comenzaron a autorizarse aumentos debido a que no se reflejan en el índice de precios al consumidor mensualmente “dibujado” por Mario Guillermo Moreno en el intervenido INDEC.

Marchas y contramarchas

BUENOS AIRES.- Si se repasan leyes y disposiciones para controlar o administrar los precios, desde la presidencia de Roberto Marcelino Ortiz, en 1939, con la ley 12.591, se comprueban preocupaciones similares en quienes ejercieron posteriormente ese cargo, en gobiernos constitucionales y de facto, por la necesidad de asegurar el abastecimiento y/o la prestación de servicios.
Después de que sucesivos mandatarios de facto impusieran precios máximos en ejercicio de las facultades conferidas por la ley 12.830, en 1946, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) también los fijó –al igual que los mínimos– para fabricantes, intermediarios, importadores y mayoristas.
Al año siguiente, por la ley 12.983, se ampliaron las facultades del PEN para reprimir la especulación, el agio y los precios abusivos y se creó una policía administrativa para juzgar a los infractores. Además, por el decreto 13.635/47, los gobiernos de provincias y territorios nacionales fueron facultados a aplicar aquella norma.
Hubo valores máximos para algunos productos y hasta libertad de precios con Arturo Fidel Frondizi, José María Guido y Arturo Umberto Illia, en un tramo, que luego por la ley nacional de abastecimiento 16.454 creó una dirección nacional con funciones similares a las del citado consejo.
La ley 20.680 de abastecimiento fue promulgada en 1974, durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón y con la firma del entonces presidente provisional del Senado, Raúl Lastiri. Mediante la norma se dispusieron multas, clausuras, inhabilitación, prisión y decomiso de mercaderías para quienes “elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos u obtuvieren ganancias abusivas”.
Celestino Rodrigo llegó en subterráneo a la Plaza de Mayo para jurar en la Casa Rosada como ministro de Economía de María Estela Martínez de Perón, en junio de 1975, y lanzó un plan urdido por Mansueto Ricardo Zinn, su secretario de Coordinación Económica. Devaluó el 100%, aumentó más los precios de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos y liberó los precios, con lo cual se registró el estallido inflacionario bautizado como el “Rodrigazo” y su consiguiente renuncia.
Durante el absurdamente denominado “Proceso de reorganización nacional”, José Alfredo Martínez de Hoz –titular de Economía– liberó precios, eliminó los tipos de cambio múltiples, repudió el intervencionismo estatal y suspendió las negociaciones salariales, así como los reajustes automáticos de las remuneraciones.
Otros gobiernos recurrieron a la 20.680 para “atacar frontalmente la inflación”, como el presidido por Raúl Ricardo Alfonsín, en 1985.
Carlos Saúl Menem –con Roque Benjamín Fernández como ministro– declaró el “estado de emergencia de abastecimiento” y restableció el ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 20.680 y sus modificatorias mediante el decreto de necesidad y urgencia 722/99.
Durante el brevísimo interregno de Adolfo Rodríguez Saá, del 22 al 30 de diciembre de 2001, el canciller José María Vernet amenazó con poner “tanques” en las puertas de los comercios para frenar aumentos.
Ya en el 2002, Eduardo Duhalde ratificó la cesación de pagos de la deuda, pomposamente anunciada por Rodríguez Saá, y aprobó la decisión de su ministro de Economía Jorge Remes Lenicov de salir de la convertibilidad, con una devaluación que esperaba que no superara el 40%.

Los combustibles no son el único factor

BUENOS AIRES.- Ningún funcionario gubernamental tuvo en cuenta tantas señales de alerta, en los últimos años, respecto de lo que podía ocurrir en la Argentina si no se concretaban suficientes inversiones en yacimientos de petróleo y gas, refinerías, gasoductos y centrales eléctricas.
Una “urgente solución de fondo para el tema de los combustibles” reclamó Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) en el 2004, cuando el sector afrontó un desabastecimiento y sobreprecios del gasoil.
La Secretaría de Energía pudo aplicar la ley 20.680 de abastecimiento, de acuerdo con la resolución 1.834/05, pero no se animó. Semejante situación volvió a ser mencionada por Mario Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, a mediados del 2006. En tanto, la Fecra (Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina) denunció en julio del mismo año el incipiente desabastecimiento y los cupos asignados por las petroleras. Moreno suscribió la resolución 1.338, del 2 de octubre de 2006, por la cual “debía solicitarse autorización a la Secretaría de Energía para exportar diversos tipos de combustibles”, cuando la escasez de gasoil seguía provocando caídas en las ventas de vehículos diésel.
Casi simultáneamente, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Cndc) remitió oficios a las estaciones de servicio para que informaran acerca del grado de abastecimiento de gasoil y amenazó con investigar a las petroleras.
Luego, en diciembre pasado, Shell fue multada en 23 millones de pesos con la explicación oficial del desabastecimiento del combustible de marras.
Néstor Carlos Kirchner, presidente de la Nación, instruyó al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el mes pasado, para que adoptara medidas con el propósito de que las petroleras normalizaran los suministros a transportistas y productores agropecuarios y, de ser preciso, sancionarlas de acuerdo con la ley de abastecimiento.
Por eso, la SCI multó a Shell y a Petrobras y amenazó con prisión para sus máximas autoridades si se reiteraba esa situación. Ambas compañías revelaron que sus refinerías estaban produciendo al máximo de su capacidad y la brasileña, que complementaba su oferta con gasoil importado.
Si bien no se publicitaron las subas de las naftas súper y premium en mayo, en la segunda semana del mes siguiente el gobierno presionó para que Repsol YPF y Petrobras prometieran retrotraerlas.
Entonces volvieron los recortes de gas y electricidad para los grandes usuarios y ciertos funcionarios negaron que eso fuera a ocurrir en las casas de familia.
Nuevas acciones de Moreno influyeron, el 13 de junio, para que Repsol-YPF, Petrobras y Esso garantizaran las entregas de gasoil a los asociados de Fadeeac (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas).
Por la resolución 599 de la Secretaría de Energía, al día siguiente se aprobaron alzas en los precios del gas para industrias, estaciones de GNC (gas natural comprimido) y centrales eléctricas.
El 16 se estudiaban sanciones contra Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) por incumplimientos en distintas obras, sin considerar la situación del Enargas (Ente Regulador del Gas) a raíz del caso Skanska.
Como la falta de gas y el consumo en los hogares no disminuían, el gobierno evaluó, el 19 de junio, efectuar cortes rotativos de GNC, cuando Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) ordenaba cortes a la industria para evitar otro pico de consumo. En la Secretaría de Energía resolvieron, entonces, que se vendiera en un número reducido de estaciones de servicio, pero sólo a taxis, remises, patrulleros policiales y autobombas.
Las centrales hidroeléctricas estuvieron por salir de servicio, por las condiciones climáticas adversas (falta de lluvias). No faltaron sugerencias de urgentes reducciones en carteles, vidrieras, edificios de oficinas, alumbrado público y autopistas, pero el gobierno nacional no se animó a practicarlas por sus indudables costos políticos.
Daniel Cameron, titular de Energía, prometió presentar a Kirchner un esquema de cortes de electricidad, ante el agravamiento de la oferta, sobre todo la de Neuquén y Río Negro. La SCI multó a Shell en un millón de pesos por infracción e iba a elevar las actuaciones a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y a la Justicia en lo penal económico.
La SCI –enfrentada con la de Energía– intervino en la distribuidora Metrogas el 5 de este mes, en forma temporaria. Forzó el reemplazo del presidente, supuestamente por no cumplir con las pautas trazadas para los suministros de gas.