BUENOS AIRES.- El vacío legal existente en materia de delitos informáticos en la jurisprudencia argentina y el consecuente marco de inseguridad generado plantearon hace años la necesidad de crear una legislación específica, como admitió el rionegrino Osvaldo Nemirovsci (FPC-PJ), presidente de la Comisión de comunicaciones e informática de la Cámara de Diputados de la Nación. Sólo en ese ámbito llegaron a presentarse cerca de 20 proyectos específicos, varios de los cuales no fueron tratados y perdieron estado parlamentario.

Incluso en la cámara baja llegó a votarse una media sanción, en el 2002, que no pudo convertirse en ley.

Las circunstancias cambiaron y diferentes propuestas ingresadas en el 2005 fueron estudiadas en las comisiones de Legislación penal; Familia, mujer, niñez y adolescencia y de Comunicaciones e informática. El proyecto aprobado en Diputados en octubre pasado resultó una síntesis de trece iniciativas de oficialistas y opositores y previó incluir en el Código Penal los delitos en cuestión. Nemirovsci explicó que se buscó "adaptar artículos del Código Penal a las nuevas tecnologías" y llenar un vacío legal que impedía "el accionar de la Justicia ante ciertos ilícitos vinculados con la informática".

El proyecto fue girado a la Cámara de Senadores para su tratamiento y sanción y promueve la sanción de una ley que reprima el acceso ilegítimo a un sistema informático de acceso restringido, la violación del correo electrónico, el fraude informático y la distribución de material pornográfico infantil por medios tecnológicos, entre otras cuestiones.

Ricardo Sáenz, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y encargado del estudio de los delitos informáticos del ministerio público, aseveró que los principales aspectos de la reforma aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación en octubre del año pasado y girada al Senado "se refieren a los delitos de pornografía infantil en internet, un verdadero flagelo mundial que se combina con el turismo sexual a países o regiones pobres del plantea. También se prevé la estafa informática, figura imprescindible para poder perseguir conductas que se consideran impunes por falta de previsión legal expresa, como las maniobras en cajeros automáticos o con todo tipo de tarjetas electrónicas o manipulaciones en cuentas bancarias a través de internet". Incluso puntualizó que "los daños informáticos, por recaer sobre bienes intangibles, debieron incluirse expresamente para terminar con las discusiones doctrinarias y en los tribunales".

Por eso se abordaron delitos tales como los de la integridad sexual, contra la privacidad, fraude, daño, interrupción de las comunicaciones, alteración de pruebas y falsificación de documentos electrónicos o informáticos.