durante estos fríos días otoñales, la población ha comenzado a percibir con toda su crudeza los efectos de la muy preanunciada crisis energética que padece nuestro país.
Muchos expertos, funcionarios públicos y organismos estatales han elaborado informes desde el 2002 señalando las previsibles consecuencias de las equivocadas acciones políticas emprendidas por la administración Kirchner en el sector energético. A pesar de ello, decidieron hacer caso omiso a las advertencias y persistieron en el error.
Hoy, ya no sólo los grandes industriales sufren las consecuencias sino que también los hogares de todo el país carecen de suficiente gas y padecen apagones imprevistos de electricidad y los automovilistas encuentran dificultades para cargar combustibles.
 La explicación de la crisis es sencilla: la demanda energética, en todas sus variantes, ha superado la oferta disponible. La demanda ha crecido estimulada por la equivocada señal que brindan los precios congelados e intervenidos por el gobierno y la oferta se ha estancado porque se frenaron todas las inversiones, en un sector capital-intensivo.
Primero se frenaron las inversiones privadas a consecuencia del congelamiento de precios y tarifas y de la intencional ruptura de todas las reglas de juego por parte de las autoridades nacionales. Luego fue el turno de las públicas, porque el esfuerzo fiscal requerido resultó canalizado a subsidiar al sector para maquillar los verdaderos problemas.
Analicemos algunas pocas cifras para entender el desbalance entre la oferta y la demanda. Desde el 2001 al 2006, la producción de gas natural de nuestro país creció un 0,7% mientras que, por su parte, la demanda interna del fluido aumentó un 26,2%, es decir 37 veces más. En el mismo período, la generación eléctrica se incrementó en un 7,6%, mientras que la demanda trepó un 28,3%: casi cuatro veces más.
La capacidad que hoy tenemos de producir gas natural y electricidad es casi igual a aquella de la que disponíamos a fines del 2001.
Hemos tenido grandes anuncios de mega-obras, pero la realidad es otra. La denominada ampliación de la capacidad de transporte firme de gas 2006-2008 está paralizada a consecuencia de las sospechas de corrupción que encierran sus contrataciones.
La elevación de la cota de Yacyretá se sigue postergando por dificultades no resueltas con Paraguay. Las nuevas centrales de generación eléctrica de ciclo combinado que están en construcción no tienen asegurado su aprovisionamiento de gas natural.
Bolivia no puede cumplir con su compromiso de proveernos de 20 millones de metros cúbicos diarios adicionales porque no recibe las inversiones suficientes para explotar sus ricos yacimientos gasíferos.
Las centrales nucleares ya sufren los problemas de su envejecimiento y de la falta de un programa de mantenimiento adecuado y, en ese contexto, el proyecto de Atucha II parece dificultarse.
El uso intensivo de fueloil en las modernas centrales de generación eléctrica, en reemplazo del faltante gas natural, está produciendo efectos nocivos en el medio ambiente.
Y respecto del gasoducto desde Venezuela y de Enarsa, es preferible guardar un piadoso silencio.
Mientras tanto, para paliar la situación interna, importamos gas natural, electricidad, fueloil, gasoil y en un futuro cercano lo haremos con el petróleo, a precios internacionales que el gobierno subsidia para aparearlos con los distorsionados precios domésticos.
Es pertinente recordar que las inversiones en este sector de la economía requieren de un mínimo de tres a cinco años para producir sus efectos.
Por lo tanto, se hace indispensable y urgente frenar ya la demanda, porque no hay otra solución a la mano en el mediano plazo.
En caso de que el gobierno decidiera asumir la crisis, podría ajustar precios y tarifas para transmitir una señal de escasez al mercado (medida muy poco probable en el actual contexto electoral) o bien aplicar un organizado y ampliamente difundido plan de racionamiento de energía, a la manera del que Brasil implementó en el 2001. Otra variable sería una combinación de ambas políticas.
 Si, por el contrario, persistiera en negarla, sufriríamos cortes rotativos e imprevistos, caídas de tensión o de poder calorífico, apagones, colas en los surtidores y mercado negro de combustibles líquidos y gaseosos, todo ello dependiendo únicamente de las condiciones climáticas y de la disponibilidad y acceso a los productos importados. Es indudable que la irritación de la población frente a estos sucesos alteraría el clima social.
 El gobierno se ha equivocado, y los argentinos estamos pagando por ese error.

 (*) Ingeniero. Titular de la Comisión de
Energía de Recrear