En las sociedades que progresan, los debates en torno del sistema educativo están centrados en la búsqueda de los mejores mecanismos para aumentar el aprendizaje de los alumnos. En la Argentina, en cambio, la conflictividad laboral docente absorbe toda la atención y las energías. Se trata de una distorsión inducida por una mala organización institucional y por la actitud hipócrita de adoptar normas laborales que ni el propio Estado puede cumplir, señala un reciente informe de Idesa.
El sistema educativo argentino sigue siendo noticia por la intensidad con la que se presentan los conflictos laborales. Cambian las provincias pero las dinámicas son muy parecidas. En este sentido, el conflicto en Santa Cruz constituye apenas un nuevo eslabón en esta interminable cadena de conflictos. El matiz, en este caso, es que las controversias están más centradas en la composición de las remuneraciones que en el monto de los salarios.
La estructura de las remuneraciones docentes se integra por el “salario básico” y una compleja serie de “adicionales”. Una tendencia que se ha acentuado en los últimos tiempos es la de incorporar adicionales “no remunerativos”. Se trata de un término eufemístico usado para denominar la elusión del pago de cargas sociales. En otras palabras, constituye un pago “en negro”. Esta modalidad es, por ejemplo, la que usa la Nación para pagar parte de los salarios de los docentes provinciales.
Tomando como referencia el cargo de maestro con diez años de antigüedad, los datos del Ministerio de Educación a diciembre del 2006 muestran el siguiente cuadro de situación:
• En promedio para todo el país, aproximadamente, el 24% de las remuneraciones docentes son pagos en efectivo declarados “no remunerativos”.
• En cuatro provincias, los “no remunerativos” sobrepasan el 40% del salario docente.
• En este grupo está la provincia de Santa Cruz, que paga el 49% del salario docente como “no remunerativo”.
Estos pagos “no remunerativos” constituyen una irregularidad, ya que las cargas sociales se deben aplicar sobre el total de la remuneración en efectivo. Sin embargo, en todas las jurisdicciones del sector público se apela a esta modalidad, incluso con el consentimiento de los sindicatos porque es el mecanismo aceptado para “destrabar” negociaciones salariales. Es la vía a la que el Estado apela con frecuencia para aumentar el salario de bolsillo del trabajador al menor costo laboral posible.
Sin embargo, opera como un parche transitorio que “soluciona” el problema del momento pero suma un factor de descontento estructural. Con este tipo de respuesta, el Estado genera terreno fértil para el desarrollo de largos y frecuentes conflictos que degradan el desempeño del sistema educativo. Se “zafa” del problema financiero pero se marginan de manera indefinida de la agenda educativa los temas trascendentes y sustanciales relacionados con los objetivos educativos, los procesos pedagógicos y los resultados en términos de calidad de la enseñanza y formación de los alumnos.
El problema de fondo trasciende lo educativo, y es que el Estado impone una presión impositiva para los que dan trabajo “en blanco” que ni siquiera él puede cumplir. Si afrontar las cargas sociales es muy difícil para el Estado mucho más lo es para la mayoría de las empresas del sector privado que son pymes con dimensiones y capacidades financieras mucho más endebles. Ante lo costoso que resulta cumplir con las cargas sociales, la “solución” en el sector público es pagar un cuarto de los salarios docentes “en negro”. En respuesta análoga, la “solución” en el amplio segmento de las pymes es tener más de la mitad de los trabajadores “en negro”. En ambos casos se trata de un escapismo extremadamente costoso para la sociedad. Como el Estado incumple las normas laborales, los conflictos docentes son masivos, lo que deteriora la calidad educativa. Como, para subsistir, la mayoría de las pymes debe incumplir, la informalidad es masiva, en detrimento de la calidad de los puestos de trabajo que allí se generan.
La manera de avanzar hacia una solución genuina y socialmente beneficiosa es el replanteo de las cargas sociales, tanto las que se fijan por leyes de la seguridad social como las que imponen los convenios colectivos de trabajo. La meta debería ser romper con la hipocresía de imponer normas que ni el propio Estado cumple. Por esa vía se podrán generar las condiciones para que el sistema educativo aborde los temas importantes que hacen a la mejora de los procesos educativos y para que sea posible impulsar un proceso masivo de formalización de las pymes que hoy apelan al incumplimiento de las normas como medio de subsistencia. Sólo así los jóvenes que egresan del sistema educativo tendrán un nivel de formación adecuado para aprovechar oportunidades laborales que les permitan realizar con plenitud sus capacidades individuales, productivas, sociales y afectivas.