Los incumplimientos de las normas laborales entre los trabajadores de menor nivel de calificación son masivos. Esto provoca que los pobres no reciban plenamente el aumento de salarios que induce el gobierno. Por el contrario, las familias más humildes sufren las consecuencias del impacto que esta política salarial tiene sobre la inflación y los incrementos de informalidad. Una estrategia efectiva de inclusión social requiere un programa más integral e imaginativo de acciones de política que vaya más allá de meros aumentos del salario nominal, sostiene un informe reciente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino.
El gobierno nacional continúa interfiriendo y condicionando ajustes de salarios de los convenios colectivos. Ya se ha anunciado que esta conducta será reforzada con un nuevo incremento del salario mínimo que a fines del año pasado fue fijado en $ 800. Desde el punto de vista formal, estas intervenciones del gobierno nacional implican un avasallamiento de las funciones que le competen a sindicatos y cámaras empresarias. Desde el punto de vista económico, implica agregar más contradicciones a la política de control de la inflación y de sostenimiento de la competitividad. Desde el punto de vista social, supone una exagerada confianza en que los ajustes de salario nominal que impone centralizadamente el gobierno llegan efectivamente al bolsillo de los pobres.
Los datos de la EPH del INDEC correspondientes al cuarto trimestre del 2006 permiten mostrar la baja efectividad que tienen los ajustes centralizados de salarios para mejorar la situación de los trabajadores de menores ingresos. Considerando sólo el ámbito donde se aplica el salario mínimo y los convenios colectivos, es decir los asalariados privados excluyendo servicio doméstico y Plan Jefes, se observa que:
* El 36% de los asalariados cobra menos del salario mínimo, llegando al 67% entre los asalariados “en negro” y al 13% entre los que asalariados “en blanco”.
* En la Ciudad de Buenos Aires, la región más próspera del país, sólo el 17% no llega al salario mínimo: 38% entre los trabajadores “en negro” y 6% entre los “en blanco”.
* En el norte del país, Tucumán por ejemplo, el 59% de los asalariados cobra menos del mínimo: 85% entre los no registrados y 27% entre los registrados.
Los datos muestran que, en Argentina, para más de un tercio del total de los trabajadores asalariados el “piso” remuneratorio impuesto centralizadamente por el gobierno no se cumple. El segmento más vulnerable son los asalariados “en negro”, donde el 67% cobra una remuneración inferior al salario mínimo legal. Incluso en el segmento formal habría un 13% de asalariados que cobran por debajo del mínimo legal, es decir que ni siquiera entre los registrados la violación del salario mínimo es insignificante. Se trataría de casos donde se declaran menos horas de las que efectivamente la persona trabaja, lo que permite registrar la relación y evadir la aplicación del salario mínimo.
Bajo estas condiciones imperantes en el mercado de trabajo argentino, imponer “pisos” a las remuneraciones resulta estéril para una gran cantidad de trabajadores. El fenómeno es particularmente intenso entre los trabajadores “en negro”, es decir los que más necesitan de la protección del Estado. Peor aún, esta política terminará discriminando contra los pobres cuando los aumentos de costos laborales sean trasladados a los precios y agreguen incentivos adicionales a favor de la informalidad. Considerando estos fenómenos, no hay que descartar que los ajustes de salarios centralizados tengan asociados impactos decisivamente regresivos sobre la distribución personal del ingreso.
Los aumentos centralizados también distorsionan la distribución geográfica del ingreso. En Tucumán, por ejemplo, la violación del salario mínimo es tres veces y media más alta que en Buenos Aires. Esta es la consecuencia de imponer iguales salarios para situaciones productivas muy diferentes. El resultado final es otro acto de discriminación. En Tucumán son muy pocos los trabajadores que verán incrementar sus ingresos, pero muchos sufrirán la informalidad y todos recibirán el impacto de los aumentos de precios.
Si el ingreso de la gente dependiera de la decisión del Estado de imponer un “piso” sobre las remuneraciones, no habría pobreza en el mundo. Sería muy necio el gobierno que no impusiera un ajuste lo suficientemente alto sobre los salarios mínimos y de convenio como para que todos los hogares tuvieran ingresos superiores a la línea de pobreza. Desgraciadamente, la realidad es mucho más compleja. La inclusión social depende muy poco del salario mínimo y mucho de la capacidad del Estado para generar un entorno institucional que favorezca los aumentos de productividad e imponga una clara orientación del gasto público a favor de los pobres. Como esto no ocurre en Argentina, los ajustes salariales centralizados seguramente aportarán más problemas que soluciones a la delicada situación de vulnerabilidad social que vive una gran cantidad de familias.