Dos decenios han transcurrido desde que la Argentina democrática fuera sacudida por la primera de la última tanda de sublevaciones montadas en los cuarteles militares. Ocurrió entre el 15 y el 19 de abril, en días de Semana Santa del año 1987. Fueron días críticos de un tiempo en movimiento, también incierto, para una democracia que aún no había cumplido su cuarto año de vida.
Hasta esos días, la presidencia de Raúl Alfonsín había logrado superar una marca histórica. En efecto, sumaba varios meses más de gobierno efectivo con respecto a otras presidencias también electivas, aunque limitadas por la proscripción política, de los radicales Frondizi e Illia y de los justicialistas Cámpora y el dúo Perón-Perón. Asimismo, logró campear con éxito la convocatoria al plebiscito por el Beagle y, en 1985, unos comicios que en aquellos años ochenta de sexenio presidencial resultaban de un “tercio” de mandato. También veía optimista la proximidad de un nuevo capítulo electoral para setiembre de 1987.
Las conclusiones y difusión del informe de la Conadep y el enjuiciamiento a las conducciones militares del Proceso formaban parte de una época donde con ambas acciones se creía haber logrado el delicado equilibrio entre una ética de la convicción y una de la responsabilidad. Todos aquellos eventos inflaron las ilusiones para pensar una democracia desafiante frente a más poderosos obstáculos, entre ellos superar al propio peronismo. El discurso de Parque Norte, pronunciado en diciembre de 1985, era la gran apuesta fundacional a una democracia que no sólo debía ser participativa. Y para su consumación, si no estaban dadas las condiciones, se debía apelar al voluntarismo y a la letra de Antonio Gramsci para “emprender una gigantesca reforma cultural”, tales las palabras del presidente Alfonsín. Entre otros logros contaba la estabilización de la economía –y fundamentalmente de la inflación– a través del Plan Austral, aunque resultó evidente en algo más de un año que el retorno de los intereses corporativos y el peso de la deuda externa volverían a marcar los límites al programa económico creado por Juan Vital Sourrouille.
Y por si fuera poco, la democracia radical, en sus pretensiones de superarlo, terminó empujando al peronismo hacia otro lugar de una errática historia. Este partido había acusado el golpe de dos derrotas electorales consecutivas –1983 y 1985– para dejar de lado su oposición a la democracia de los partidos. El peronismo comenzaba a mostrarse como el más reciente campeón del transformismo político hacia el mundo del demoliberalismo, para de esa manera competir “lealmente” como un partido más dentro de un sistema que ya lo tenía de animador principal.
Con este balance, parecía imponerse una nueva Argentina impulsada por el entusiasmo y la convicción de una fresca clase política, dejando atrás veinte años de democracia entrecortada.
Sin embargo, los episodios de aquella Semana Santa de 1987 quebraron el optimismo de muchos y pusieron en cuestión la continuidad del régimen democrático. El militarismo carapintada fue responsable de poner en movimiento la primera partida de un juego de guerra destinado a tensar las fronteras de aquel futuro, haciendo que los espectros del clásico golpe castrense regresaran al país.
A más de tres lustros de la primer sublevación de Aldo Rico y los suyos, Raúl Alfonsín hacía un balance en sus memorias políticas.
Afirmaba que “lo sustancial de toda esta historia es que ninguna medida, absolutamente ninguna medida adoptada por mi gobierno durante la crisis que se desataría en las Pascuas (...) respondió al propósito de satisfacer exigencias de militares amotinados o generales renuentes”. Para seguidamente recordarnos que el proyecto de ley de Obediencia Debida había sido elaborado varios días antes del levantamiento y que les había confesado a sus colaboradores “el fastidio ante la posibilidad de que, después del alzamiento, ese proyecto de legislación se interpretara como producto de la presión”.
De hecho, atribuye el primer acuartelamiento de Córdoba y luego el de Campo de Mayo a que los mandos intermedios desconocían el alcance de la iniciativa.
También destacaba que esos temores venían de un tiempo en que fue sometido al escarnio público. Y en ello tenía razón. Había un tipo de prensa que tomaba como veraces las versiones y pronunciamientos que el mismo Alfonsín calificaba como “increíbles”. Fue así que la conducción de la CGT hablaba acerca del gobierno radical como continuador de la dictadura.
Desde otro lado, el ex jefe de la Bonaerense, Ramón Camps, escribía columnas semanales en “La Prensa”. Desde allí acusaba a Alfonsín y la hoy olvidada coordinadora de enemigos y artífices de la destrucción de las Fuerzas Armadas.
“El Informador Público” reproducía en sus páginas un documento atribuido a oficiales del Ejército en el que se identificaba a la dirigencia alfonsinista como “la continuación del anarco-estudiantado, del fubismo (sic) reformista y destructor carente de proyectos, iluminados por lo francés, hijos ideológicos del maridaje marxista y del socialismo europeo”.
Aquel vocabulario interesado poco tenía que ver con las esperanzas del propio agraviado en una auténtica revolución cultural. Expresaban el contenido de materiales demasiado viejos y Alfonsín estaba convencido de que él era la síntesis de lo nuevo. Pero nada de ello se dio cuando fue artífice del mensaje del desencanto en una colmada Plaza de Mayo al identificar a los sublevados de aquellas jornadas no por sus actos golpistas sino por ser “héroes de Malvinas”.
Como fue demostrado más adelante, muchos de ellos ni siquiera habían sido parte de la tropa malvinera. En cambio sí conformaron los escuadrones nocturnos del terrorismo estatal. Para Alfonsín, esa Semana Santa de 1987 y las elecciones que se desarrollaron en setiembre, dieron la medida del cambio por venir y de las frustraciones de su revolución cultural.
Se derrumbaron muchos sueños de una democracia que supiera rebasar los límites de la sucesión de elecciones y se cerró el primer ciclo de ilusiones y frustraciones.