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La basura amenaza la gobernabilidad
En Latinoamérica se procesan 164 millones de toneladas de residuos por año.
Brasil, México y
la Argentina, los que deberán tomar medidas urgentes.

En los próximos años, los países latinoamericanos y caribeños enfrentarán problemas económicos, ambientales y sociales crecientes para procesar las 450.00 toneladas diarias de basura que producen sus ciudades, según estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En total, son 164 millones de toneladas que anualmente deben ser eliminadas o recicladas. La cifra subirá a 200 millones de toneladas en el 2020, según proyecciones demográficas de la CEPAL, un organismo de las Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile.
Brasil deberá resolver al 2010 cómo gestionar la eliminación o reciclaje de 62 millones de toneladas. Lo siguen México (32 millones), la Argentina (13 millones), Venezuela (9 millones), Perú (8 millones), Chile (5 millones) y Ecuador (3 millones), entre otros países.
La situación genera y aumentará los problemas de gobernabilidad de las ciudades, según Guillermo Acuña, investigador argentino de CEPAL. El conflicto central será el territorial: “Nadie quiere un vertedero en su patio trasero”, explica. Especialmente complicada es la situación en las urbes más pequeñas, donde sólo entre un 50 y un 70% de la basura es recogido, o presentan serias deficiencias de gestión ambiental, como en Manaos –Brasil–, según un informe sobre la situación sanitaria regional.
Actualmente, cada habitante urbano de la región genera un promedio de un kilogramo de residuos sólidos por día, aunque en ciudades como Buenos Aires, México DF y Sao Paulo ese índice llegó en años recientes a casi 1,5 kilogramos diarios per cápita.
Otra característica que preocupa es el hecho de que los desperdicios son crecientemente inorgánicos, lo que obedece a los mayores niveles de desarrollo, riqueza e industrialización de la región.
A los conflictos por los residuos sólidos se suman los desafíos derivados del manejo de las aguas servidas. Menos del 20% es tratado, según un estudio sobre desarrollo sostenible publicado a fines del 2006 por CEPAL.
Además, hoy sólo uno de cada dos latinoamericanos tiene acceso a servicios sanitarios convencionales, mientras que tres de cada diez deben usar letrinas o pozos sépticos. Un 20% –unos 100 millones– no dispone de ningún sistema de este tipo, según estadísticas de la ONU.
Particularmente complejo es el caso en países de menor desarrollo relativo como Bolivia, Nicaragua, Haití o Paraguay. En algunas zonas rurales de esos países, incluso más del 50% de la población no tiene acceso a agua potable.
El problema central es la ausencia de políticas nacionales, pues los países latinoamericanos dejaron mayoritariamente el “tema de la basura” tanto sólida como líquida en manos de los gobiernos locales y ellos destinan no menos del 20% de su presupuesto a este ítem. Pese a ello, carecen de recursos y capacidad técnico-política para construir soluciones de largo plazo, según Acuña, quien encabezó una investigación regional sobre el asunto.
Una excepción es Chile, que generó una política de tratamiento de las aguas servidas que le permitirá procesar casi el 100% de éstas en los próximos años con inversiones privadas.
Cualquier intervención, en todo caso, requerirá de un enfoque que integre educación, gestión ambiental, fomento productivo y mejoramiento de los procesos de recuperación y disminución de los niveles de generación de residuos sólidos. Por ejemplo, en Latinoamérica trabajan 100.000 personas como recolectores informales de basura. Son los llamados “cirujas”, “pepenadores” o “cartoneros” que recorren las calles en Guadalajara, Quito y Lima.
Una solución tecnológica e industrial podría resolver los problemas de gestión ambiental y económica pero, al mismo tiempo, provocaría una crisis social.
El punto es –explica Acuña– que la alta urbanización demográfica de la región convirtió este problema en un tema prioritario pero que no es asumido por los gobiernos. De hecho, precisa que los países más pobres, como Bolivia o Nicaragua, deben endeudarse para enfrentar sus déficits en gestión de residuos, pero luego no cuentan con recursos para seguir con los programas que levantaron con fondos internacionales. Por lo tanto, el problema de la basura escapó ya de los vertederos y llegó a las finanzas públicas.

(DPA)

 



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