Nunca antes en la historia del país los argentinos pagaron tantos impuestos como en el 2006. Sin embargo, este nivel record de presión impositiva no se tradujo en mejores servicios del Estado, asegura en un reciente informe el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). Para que la presión impositiva no sea una carga injustificadamente pesada para la sociedad, es necesario respetar el esquema federal previsto en la Constitución nacional. En lugar de centralizar recursos a nivel nacional, burocratizando y generando oportunidades para la discrecionalidad, sería conveniente transferirlos de manera automática a las provincias, que son las que tienen la responsabilidad de la gestión de los servicios más importantes.
Según datos del Ministerio de Economía de la Nación, la suma de los ingresos captados a través de impuestos nacionales y provinciales llegó en el 2006 al 27,7% del PBI. Si se tomaran en cuenta también los tributos municipales, se estaría cerca de un nivel en el que uno de cada tres pesos de producción del ámbito privado se destina a financiar al sector público. En 1996, la suma de la recaudación impositiva de la Nación más las provincias era de 20% del PBI. El nivel de presión impositiva creció muy levemente hasta el 2002 pero, con la superación de la crisis, se produjo un fuerte incremento cuyo resultado final es que, en una década, la recaudación se incrementó en 7,7 puntos del PBI.
Un aspecto muy importante a considerar son los mecanismos que se usaron para aumentar la recaudación y qué jurisdicción (Nación o provincias) se ha apropiado de los recursos fiscales incrementales. Con la misma fuente del Ministerio de Economía se puede observar, para el período 1996-2006, que:
• De los 7,7 puntos del PBI que aumentó la presión impositiva, el 86% fue generado por impuestos nacionales.  
• Las provincias recibieron sólo un 2,9% del PBI; la mitad provino de coparticipación y otras transferencias automáticas, un cuarto de transferencias discrecionales de la Nación y el otro cuarto, del incremento en la recaudación propia.
• La Nación se apropió del restante 4,8% del PBI, es decir, de casi dos tercios del aumento de la presión impositiva. A pesar de este fuerte crecimiento, la Argentina no está entre los países con mayor presión impositiva. En los países de la Unión Europea, por ejemplo, los ingresos públicos superan el 40% del PBI. El problema es que en la Argentina el nivel promedio de presión impositiva no refleja la realidad que enfrenta la mayoría de los contribuyentes. Por un lado, existen enormes bolsones de evasión y elusión que hacen que la presión impositiva efectiva para muchos sea muy baja o, directamente, nula. En cambio, quienes quieren cumplir enfrentan un nivel exagerado de imposición. También sucede que, a diferencia de otros países, la recaudación se basa en impuestos muy distorsivos, tanto desde el punto de vista social (por ejemplo, los altos impuestos al trabajo o a los consumos populares) como desde  la perspectiva de la asignación de los recursos productivos (por ejemplo, los impuestos a las exportaciones y a las transacciones financieras).
Un tercer factor nocivo es la tendencia de los tres niveles de gobierno a cobrar tributos similares a los mismos contribuyentes.
Sin embargo, más importantes aún son las deficiencias en la forma en que se gasta lo recaudado. El problema central es que hay una fuerte concentración de recursos en el nivel nacional, cuando la mayoría de las funciones del sector público está  descentralizada en el nivel provincial (salud, educación, seguridad, asistencia social). Este desfase entre ingresos y gastos produce un exceso relativo de recursos en el nivel central y una escasez en las jurisdicciones provinciales. Asociado a ello, se generan las condiciones para que el mayor esfuerzo de los contribuyentes no redunde en más y mejores servicios sino en más financiamiento para la burocracia y la corrupción.
Esto se produce, por un lado, porque el nivel que tiene que brindar los servicios (las provincias) no dispone de los recursos necesarios. Bajo estas condiciones, los funcionarios locales se encuentran legitimados para eludir responsabilidades por la mala gestión y buscan –como “solución” alternativa– congraciarse con los gobernantes nacionales para paliar la insuficiencia de recursos.
Por el otro lado, la abundancia de recursos a nivel central alimenta acciones que interfieren en la gestión provincial generando oportunidades para el sometimiento político de los gobernantes locales. El reciente conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, cuyo desenlace fue una especie de “cuasi intervención federal”, es muy ilustrativo en este sentido.
Para que el aumento en la presión impositiva no sea una carga injustificada para la sociedad, es necesario incorporar racionalidad al sistema tributario y en el uso de los recursos públicos. El punto de partida es aplicar los principios federales de la Constitución nacional. Siguiendo el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, en lugar de atacar el desfinanciamiento provincial creando un impuesto a los patrimonios superpuesto al que ya cobra la Nación, la solución correcta sería transferir el actual impuesto a los bienes personales que cobra la Nación a la jurisdicción provincial.