La suba salarial docente genera desequilibrios por $ 3.300 millones.
Sólo el 15% de este monto será aportado por el Estado nacional.

La decisión del gobierno nacional de incrementar en un 24% el salario mínimo docente modifica todas las proyecciones presupuestarias de las provincias para el año que recién se inicia.
El decreto dado a conocer por el Ejecutivo determina un incremento adicional en el gasto de los estados provinciales superior a los 3.300 millones de pesos anuales, teniendo en cuenta la incorporación del aumento en el salario básico y computando de esta manera la antigüedad de los trabajadores.
La cifra representa un crecimiento, en promedio, cercano al 9% en la masa salarial total que hoy erogan las provincias.
Durante el 2006, el gasto salarial docente de los estados provinciales –destinado al pago de sueldos de bolsillo y aguinaldos de los más de 970.000 cargos registrados en el país– ascendió a los 13.700 millones de pesos, lo que equivaldría a más de la mitad del gasto educativo del consolidado provincial, al 34% de las erogaciones destinadas a gastos de personal de toda la administración pública provincial y a más de un 15% de las erogaciones totales del consolidado de provincias.
Si bien desde la cartera de Educación, liderada por el ministro Daniel Filmus, aseguran que el gobierno nacional estaría dispuesto a soportar el 50% de los aumentos otorgados, conforme a la nueva Ley de Financiamiento Educativo, distintos estudios del sector privado aseguran que ese porcentaje no alcanzaría al 15%. Es decir que el 85% de los 3.300 millones de pesos adicionales que se deben incorporar al gasto educativo a partir de marzo de este año deben provenir de las arcas de las provincias.
Un reciente trabajo realizado por la Consultora Economía & Regiones (E&R) destaca que en la actualidad el gasto salarial docente en las provincias tiene financiamiento compartido. Por un lado, los tesoros provinciales asumen el pago del salario básico, las bonificaciones por antigüedad y tareas específicas, otras bonificaciones que eventualmente fijan los distritos, los aportes personales y las cargas sociales.
Además, el personal docente percibe mensualmente dos suplementos girados desde el gobierno nacional que pasan a engrosar el salario de bolsillo: el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) –que en el 2006 resultó de 110 pesos por agente– y, once jurisdicciones, el Fondo de Compensación Salarial Docente. Este último programa consiste en un subsidio no remunerativo y no bonificable de 100 pesos mensuales que es recibido por todos los docentes de esas jurisdicciones, independientemente de su antigüedad en el cargo (ver infograma).
Durante el 2006, el 87% del gasto salarial docente (11.952 millones de pesos) del consolidado de provincias correspondió a financiamiento provincial, mientras que el 13% restante corrió por cuenta del gobierno nacional a través del Fonid (unos 1.392 millones) y del Fondo Compensador (otros 316 millones de pesos).
De esta manera, se evidenciaría un grave problema de correspondencia fiscal, dado que el gobierno nacional establece unilateralmente un incremento del 24% en los haberes docentes del cual, de mantenerse el esquema vigente, financiaría menos del 15% de los 3.300 millones de pesos adicionales con los que deberán contar las provincias a partir de ahora para enfrentar los nuevos aumentos.

ANTECEDENTES DE LA GESTION FILMUS

En los últimos tres años, es la tercera vez que el gobierno nacional fija el salario mínimo docente en forma unilateral, sin consensuarlo previamente con las administraciones provinciales. El dato no es menor, teniendo en cuenta que éstas son las responsables del pago de los sueldos de los maestros.
En el 2005, el salario mínimo docente fue establecido en 700 pesos. En el 2006, se elevó a 840 y, este año, el aumento de 200 pesos anunciado llevaría el salario mínimo docente a 1.040 pesos. De esta manera, destaca el estudio de E&R, entre el 2005 y el 2007 el piso salarial docente se incrementó un 49% en términos nominales y, en términos reales –es decir, contemplando un incremento del 23% en el Indice de Precios al Consumidor (IPC)–, creció más de un 25%, un dato alentador para el sector de la Educación.
Sin embargo –y sin dejar de señalar el derecho de los maestros y docentes a reclamar mejoras salariales–, una medida como la tomada por la Nación debería haber contemplado los siguientes pasos:
• la consulta con las provincias para analizar cuáles de ellas están en condiciones de pagar lo que el gobierno central considera que debe ser el salario de un docente y
• evaluar el impacto económico del decreto teniendo en cuenta que todos los empleados públicos se van a ‘colgar’ a la demanda del 24% de aumento otorgado a los maestros (ver recuadro), lo que profundizará la crisis fiscal de la mayor parte de las provincias.
Pero está claro que la medida de aumento a los docentes poco tiene que ver con la racionalidad económica y mucho con la realidad política que hoy se vive en el país. El ministro Filmus, candidato K para la Capital Federal, no suma intención de voto en ese distrito y desde el Ejecutivo se consideró que un anuncio como el dado lo iba a posicionar como líder de la centroizquierda en esas tierras, una jugada política del gobierno nacional con un costo que debe ser absorbido por las provincias.
Pero esto no es nuevo en la administración Kirchner. Los desequilibrios fiscales que hoy presenta la mayor parte de los presupuestos provinciales para el 2007 muestran que son cada vez más los costos que deben asumir los gobernadores en desmedro de los crecientes ingresos de las arcas nacionales. Un dato clave: para el 2007, el consolidado de las provincias mostraba a principios de año un déficit proyectado de 3.000 millones de pesos. Con esta nueva medida, el desequilibrio superará los 6.000 millones. Como contrapartida, el presupuesto anunciado por Miceli hace pocas semanas atrás detalla que para este año el Estado nacional estima obtener un superávit fiscal superior a los 18.000 millones de pesos.
Dejando de lado las frías estadísticas oficiales y volviendo al calor de la política argentina, no sería errado pensar, en función de lo ya hecho por la administración Kirchner y de la disponibilidad de fondos proyectada para este año electoral, que el presidente acudiría a ‘ayudar’ a aquellas provincias ‘amigas’ en el caso de que éstas ingresaran en una crisis fiscal que comprometiera el pago de  los sueldos estatales y el cumplimiento de obligaciones con proveedores.
Está claro que, en la política argentina, esta ‘ayuda’ que mencionamos tiene su precio para las provincias que la solicitan, el que consiste en el alineamiento irrestricto de los gobernadores para consolidar la hegemonía del proyecto K en el escenario político de los próximos años.
Muy lamentable.

 (J. L.)

Un crítico piso de aumento

Está claro que, frente al aumento salarial del 24% para todos los docentes del país, el resto de los empleados públicos exigirá el mismo tratamiento de sus reclamos.
Así lo aseguraron los distintos gremios estatales, que se manifestaron totalmente de acuerdo con las nuevas resoluciones dadas a conocer por el Ministerio de Educación en la materia. Tomando el gasto medio mensual como indicador del salario promedio de las diferentes jurisdicciones y aplicando un incremento del 24% sobre el mismo se obtiene un incremento del gasto en personal de aproximadamente 11.400 millones de pesos para el conjunto de provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El proceso de deterioro fiscal en el cual se halla inmersa la mayoría de las provincias haría prácticamente inviable un aumento de tal magnitud.
No obstante, una vez otorgado un incremento a uno de los sectores de la administración pública (en este caso, un 24% para el sector educativo), será muy difícil que éste no actúe como piso para el resto de las negociaciones salariales, especialmente en un año de elecciones nacionales y provinciales. Todo lo que se sume a los gastos corrientes a partir de este año pasará a engrosar en forma lineal el déficit fiscal provincial.
Es que, si bien a partir del 2003 las provincias habían podido revertir su déficit estructural pre-convertibilidad, el incremento incesante del gasto en los últimos tres años llevó a que el cierre del 2006 mostrara un precario equilibrio en el consolidado de los distritos. Para este año, sin los aumentos ya otorgados a los docentes, las proyecciones sobre las cuentas provinciales vuelven a estar en rojo.
El incremento decretado por  Nación para los maestros profundizará los desequilibrios, llevándolos por encima de los 6.000 millones de pesos. Más del 80% de esta cifra es absorbido por la provincia de Buenos Aires. Esto hace inviable para muchos distritos seguir con el esquema de otorgamiento de aumentos por decreto.
El problema es ahora, para las provincias, cómo contener al resto de los empleados públicos una vez dada una recomposición del 24% para un sector. El hecho de que el país afronte un año electoral permite inferir que esto no ayudará a dotar de racionalidad las medidas a tomar.
En definitiva, lo que surge del modo inconsulto en que la Nación fijó el nuevo piso salarial para el sector docente es, básicamente, la fragilidad en que se encuentran las instituciones del federalismo fiscal y la imposibilidad de coordinar políticas públicas entre los distintos niveles de gobierno.
Por otra parte, plantear un sueldo mínimo uniforme en todas las jurisdicciones refleja un desconocimiento de la heterogeneidad del país, donde se observan disparidades significativas entre los precios y la composición de las diferentes canastas de consumo.