Las intervenciones del gobierno nacional no ayudan a mejorar resultados.

Debería centrarse en su papel principal de hacer funcionar las universidades.

La Nación no garantiza un funcionamiento aceptable de las universidades que dependen de su jurisdicción, pero se atribuye la potestad de condicionar la política salarial de los docentes que depende de las provincias, sostiene un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino.

Una regla elemental y básica de gestión pública es que cada jurisdicción se debe hacer cargo de sus propias responsabilidades y no interferir en las otras. Sólo por esta vía será posible garantizar servicios educativos de buena calidad en todos los niveles, indica el trabajo de Idesa.

Luego de prolongados e intensos conflictos, la Argentina finalmente se constituyó bajo una forma federal de gobierno. La regla general es que el Estado se organiza en jurisdicciones (nacional, provincial y municipal) y, en función de ello, se descentralizan las responsabilidades de gobierno. En el caso de la educación, la organización federal establece que las provincias tienen la responsabilidad de la educación básica y la Nación, de la universitaria.

El carácter federal de la educación se puede observar en la estructura de gasto público de las distintas jurisdicciones en el área. En este sentido, a base de datos del Presupuesto Nacional 2007 y de estimaciones del gasto público consolidado que realiza el Ministerio de Economía correspondientes al 2004, se puede señalar que:

" Las provincias destinan un 27% de su gasto a educación. De esos recursos, el 82% es absorbido por los niveles primario y secundario.

" El gasto del Ministerio de Educación de la Nación apenas representa el 6% de las erogaciones públicas totales del nivel nacional.

" De los recursos que la Nación destina a educación, el 62% tiene como destino las universidades.

Los datos confirman la naturaleza federal de la organización de la educación en la Argentina. La principal función de las autoridades educativas nacionales (y por las cuales deberían rendir cuentas a la sociedad) es el funcionamiento de las universidades. En este aspecto, las recientes declaraciones de las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Buenos Aires son contundentes. No sólo es muy preocupante que la formación universitaria de los alumnos y el desarrollo de la investigación no alcancen parámetros medibles y razonables en términos de resultados sino que más grave aún es la denuncia sobre la total informalidad con que se manejan los cuantiosos fondos públicos que se destinan a las universidades.

En materia de educación básica, la Nación tiene funciones que no se relacionan con la gestión sino con generar un contexto que induzca a una mayor eficiencia e inversión por parte de las provincias. El ejemplo más claro es la necesidad de propiciar un sistema estandarizado y confiable de títulos homogéneos para todo el país y medir resultados de la gestión de las provincias para que cada comunidad local tenga información oficial sobre los buenos o malos resultados de su sistema educativo provincial.

Como ocurre con las universidades, en este segundo aspecto las intervenciones del gobierno nacional tampoco ayudan a mejorar la educación, por omisión, porque no genera ni informa a la sociedad sobre los resultados educativos de las provincias y por acción, porque permanentemente interfiere en la gestión de aquéllas. Lo hace a través de una multiplicidad de programas nacionales que se superponen con funciones locales, burocratizando la gestión y haciéndola aún más ineficiente. El caso más perverso es el relacionado con la política salarial y el ejemplo más reciente, el anuncio del gobierno nacional de aumentos de salarios para los docentes de las provincias. La medida tiene mucho de oportunismo político y poco de legalidad, ya que son las provincias las que deben decidir cuánto deben ganar sus docentes y a cambio de qué resultados en términos de formación de los alumnos.

Un verdadero compromiso con la educación comienza con respetar el federalismo argentino. Si hay provincias cuyos recursos fiscales son insuficientes, la solución es sancionar un nuevo mecanismo de coparticipación federal. Si el gobierno nacional está preocupado por la educación, su primera tarea es garantizar un razonable funcionamiento de las universidades, evitando que enormes masas de recursos se destinen a burocracia, clientelismo y corrupción. Si, además, aspira a un mejor sistema de educación básica, la solución no es interferir en la gestión provincial sino respetar los principios federales e informar a la sociedad de los resultados educativos que producen sus políticos locales.