En menos de un lustro se ha producido una verdadera revolución en la democracia americana: las perspectivas son cada vez más alentadoras para la igualdad entre los géneros. Resulta que los gabinetes latinoamericanos se han poblado de mujeres. Curiosamente, en este proceso marcha a la vanguardia Chile, una de las sociedades más conservadoras de nuestro continente. En efecto, con la llegada de Michelle Bachelet la mitad de sus veintidós ministerios fue puesta en manos de funcionarias.
Perú, Nicaragua, Uruguay, Argentina y Venezuela le siguen en importancia. Sus presidentes han decidido cubrir un tercio de las carteras ministeriales con mujeres arribadas por el peso de sus respectivas biografías de compromiso político y social. Frente a este lote de países se encuentran Brasil, Paraguay y varios estados centroamericanos con una tasa más baja de mujeres en el gobierno.
Con mayor o menor participación en esos gabinetes, las ministras no son más protagonistas de áreas “neutras” de gobierno en términos de género, como la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, la salud o las políticas sociales. Aun más: en tiempos recientes han sido convocadas para incidir en las políticas dirigidas hacia las fuerzas armadas.
Cinco países de Latinoamérica cuentan, a la fecha, con despachos ministeriales ocupados por mujeres responsables de las áreas de defensa.
Otra vez la República de Chile fue pionera, llevando a la primera ministra de la política de defensa a ser también la primera mujer presidenta del país. Y la experiencia se extendió en el tiempo, cuando Michelle Bachelet, siendo ya titular del Palacio de la Moneda, dejó el puesto obtenido durante el gobierno de Ricardo Lagos a otra mujer: la economista Vivianne Banlot.
Los dos estados rioplatenses, de fuerzas armadas orgullosamente machistas y que se han destacado por nombrar gabinetes “masculinos”, también cuentan con ministras en Defensa: Argentina, con Nilda Garré, y Uruguay, con Azucena Berrutti, con un largo historial en temas de derechos humanos dentro de la filial local del Serpaj.
En Colombia, Marta Lucía Ramírez fue designada jefa de Defensa en el segundo gobierno de Alvaro Uribe y en Ecuador, Rafael Correa, recién llegado al palacio de Carondelet, se decidió no ya por una sino por dos, al darle continuidad a la presencia de mujeres al frente de la cartera de Defensa. Después de la muerte de Guadalupe Larriva, con apenas una semana en el cargo, el presidente ecuatoriano designó a Lorena Escudero como su reemplazante.
No parece que esos nombramientos se debieran a la ausencia de desafíos para las fuerzas armadas ni a que se hubieran clausurado definitivamente los conflictos en las restantes áreas en las que a esas funcionarias les toca actuar. Recientemente, en Chile, la nueva ministra Banlot tuvo que lidiar con movimientos adversos para con el gobierno dentro de las fuerzas armadas derivados de la muerte de Augusto Pinochet. En Argentina y Uruguay, las ministras del área han asumido el doble compromiso de modernizar las fuerzas de defensa y canalizar las repercusiones que siguen pesando por el pasado del terrorismo de Estado.
Sin duda, en Ecuador y Colombia la realidad es más acuciante. La muerte de Larriva resultó un claro ejemplo de las dificultades que atraviesan unas fuerzas armadas que han sido activas protagonistas de los últimos recambios presidenciales. En Colombia, un país que parece empantanado en una guerra eterna, la política de paz con los grupos derechistas de autodefensa ha colocado al ministerio a cargo de Martha Ramírez en el centro de la tormenta. Estas realidades parecen contradecir la opinión de un destacado especialista argentino en temas de defensa como Rosendo Fraga, quien sostiene que ninguna de estas ministras ha enfrentado pruebas decisivas. También es cierto que a la fecha éstas no se han visto desafiadas por los clásicos levantamientos o planteos militares que fueron corrientes en los capítulos previos a la actual tendencia democratizadora del continente.
La presente ola de participación femenina en los gobiernos podría ampliarse notoriamente si alguna nueva mujer accediera a la máxima jefatura del Estado para no dejar a la chilena Bachelet como única presidenta entre presidentes. La Argentina puede ser la que ofrezca esas novedades. En el norte del continente también hay movimientos similares. Sin duda, estos procesos cambiarían lo acontecido en décadas pasadas, ante la excepción que fue Violeta Chamorro en Nicaragua y los arribos “por accidente” de Isabel Perón y Lidia Gueiler a las presidencias de la Argentina y de Bolivia.
Un mes atrás, en una columna publicada por “La Nación”, el consultor norteamericano Dick Morris, analizando las perspectivas de dos aspirantes a la Casa Blanca y a la Casa Rosada –Hillary Clinton y Cristina Fernández respectivamente–, resumía la mirada corriente que se tiene frente a esta suerte de “feminización” de la política.
Decía Morris: “Cuando una mujer compite por un alto cargo político, acarrea un estereotipo que muchas veces amenaza con eclipsar sus propias ideas, personalidad y logros. Tanto los hombres como las mujeres dicen que las dirigentes políticas son más honestas, compasivas y sensibles a los problemas de los pobres y más partidarias de mejorar los sistemas educativos que sus colegas varones. Pero también tienden a coincidir en que las mujeres no son lo suficientemente agresivas o fuertes en materia de defensa nacional y de seguridad y en que no son proclives a reducciones de impuestos y controles del gasto público”.
Parece que aquellos estereotipos ya no ofrecen la seguridad de otros tiempos para dejar afuera de los gabinetes y, eventualmente, de la competencia por cargos mayores –entre ellos la presidencia– a cuántas mujeres de éxito político. Sin duda, éste es un proceso reciente, aunque promete encabezar esa “revolución silenciosa” que siempre ofrece una democracia que tome como punto de partida la igualdad, según la atenta observación de Alexis Tocqueville, hace algo más de siglo y medio.