BUENOS AIRES.- Consecuencias catastróficas tendría el calentamiento global por la posibilidad de que la temperatura del planeta aumente en promedio de 5 a 6 grados centígrados a fines de este siglo y desencadene sequías e inundaciones, temporales y huracanes, deshielos de los polos y alzas de los niveles de los mares, con secuelas cada vez más implacables sobre los países más pobres. Esto fue pronosticado en un estudio encomendado por el gobierno de Gran Bretaña a Nicholas Stern, jefe de su Servicio de Economía y ex vicepresidente del Banco Mundial. Allí también se indicó que costaría sólo el 1% del Producto Bruto global controlar las emisiones de gases del denominado “efecto invernadero” y que no adoptar medidas perjudicaría a 200 millones de personas. 
Los desastres provocarían, además, transmisiones de enfermedades infecciosas como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, el paludismo y el Chagas, falta de agua dulce, pérdidas agropecuarias en vastas zonas, la extinción del 30% de las especies del planeta y daños en las infraestructuras.
El 90% de las causas fue atribuido a las actividades productivas por alrededor de 2.500 científicos de 130 naciones involucradas en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (GIEC), creado en 1988. Ellos recomendaron en París (Francia), semanas atrás, reducir las citadas emisiones, al prever que las subas de las temperaturas duplicarán la proporción de dióxido de carbono.
Detrás del crecimiento económico, los problemas del medio ambiente ocuparon el segundo lugar entre las prioridades del Foro Económico Mundial. En Davos (Suiza), en enero pasado, se advirtió que eventuales subas de las temperaturas desestabilizarían economías y sociedades.
Estados Unidos rechazó los controles obligatorios y no ratificó –al igual que China– el Protocolo de Kyoto (Japón) suscripto por decenas de países, que coincidieron en la necesidad de disminuir en un 5,2%, en promedio, las emisiones para el 2012. Sin perder su ambigüedad, el gobierno de George W. Bush aceptó que existe un cambio climático y que significa un grave problema, pero recién en una reunión del Grupo de los 8, en Edimburgo (Escocia), durante el 2005.
Como el calentamiento global y el cambio climático superaron las estimaciones de Kyoto, reconocidos ambientalistas opinaron que no se reaccionó como correspondía y vaticinaron que los costos ecológicos, humanos y económicos resultarían desastrosos. A todo esto, los presidentes de diez de las más importantes compañías norteamericanas solicitaron en enero a George W. Bush que respalde acciones para reducir tales causas y efectos. Coincidentemente, el jefe de la Casa Blanca recomendó incrementar las elaboraciones de etanol y otros combustibles alternativos para reemplazar el 15% del consumo de petróleo hacia el 2017 y argumentó que “ayudarán a timonear la tecnología y enfrentar el serio desafío del cambio climático”.
La Argentina sería una de las catorce naciones más afectadas por las inundaciones, con pérdidas anuales que representarían el 1,1% del Producto Bruto Interno –más de 2.000 millones de pesos–, alertó “El cambio climático en la Cuenca del Plata”, documento del Banco Mundial. Uno de sus autores, Vicente Barros, profesor titular de “Climatología” y director de la Maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires, explicó que el alza gradual de las temperaturas aumentaría la evaporación de ríos de llanura y de montaña y repercutiría en la generación de energía hidroeléctrica cuando escaseen los combustibles fósiles, en 10, 20 ó 30 años.
El país perdería competitividad agropecuaria si el Chaco, Formosa y el norte de Santa Fe sufrieran sequías invernales más prolongadas y severas que las actuales, en tanto que ingresarían en el mercado mundial nuevos actores de zonas muy frías.
Esto se conoció antes de que fuertes vientos, torrenciales lluvias y caídas de granizo se abatieran este verano sobre Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y Tucumán, entre otras provincias, ocasionando crecidas y posteriores desbordes de arroyos y ríos (como el Paraná), con víctimas –incluso fatales–, destrucción de viviendas y caminos, interrupción de suministros de energía eléctrica y de agua potable y cultivos dañados. Como en otras oportunidades sucedió, hubo funcionarios que hablaron de “circunstancias absolutamente fortuitas” y de “fenómenos naturales”.
Lo ocurrido con el Paraná se asoció con la incesante depredación de la selva del Amazonas (Brasil), donde en los últimos 35 años se deforestaron más de 550.000 kilómetros cuadrados, lo que disminuyó el oxígeno que neutraliza los gases contaminantes. Permítase una digresión ya que las citadas expresiones y el problema originado en Amazonas y las inundaciones fueron analizados por el inolvidable Jorge Molina, un ingeniero agrónomo ya fallecido que fue titular de la cátedra de Agricultura General en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. El redactor de este informe especial recuerda que durante el absurdamente denominado Proceso de Reorganización Nacional, tras las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, el dictador Jorge Rafael Videla, tras sobrevolarlas, pontificó: “Es un castigo de Dios”. Sin medir las repercusiones, Molina las atribuyó a “la desidia del hombre”, lo que motivó que lo echaran de la facultad y se refugiara con alumnos que lo siguieron en un pequeño espacio que le cedió, en su laboratorio porteño, Luis Federico Leloir, el Premio Nobel.
Por la desertización se pierden mil kilómetros cuadrados anuales en la Patagonia donde, por otra parte, las mayores temperaturas generaron retrocesos en 48 de los 50 glaciares detectados. Esto y los deshielos en la Antártida harían crecer el nivel del mar en la Argentina entre 35 y 60 centímetros.

Las empresas asumen cada vez más responsabilidades

BUENOS AIRES.- Las empresas, las asociaciones de trabajadores y la sociedad civil fueron convocadas en 1999 por Kofi Annan, entonces secretario general de las Naciones Unidas, para concretar un “Pacto global” sobre derechos humanos, normas laborales, políticas anticorrupción y cuanto se refiere al presente informe especial de “Río Negro Económico”. Entre los diez principios fundamentales, se indicó que las empresas debían:
• “Adoptar un criterio preventivo respecto de las cuestiones ambientales”.
• “Emprender iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental” y
• “Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente”. 
Hacía entonces siete años que Stephan Schmidheiny –un abogado suizo que integró los directorios de Leica, Nestlé, Swatch y UBS y entidades filantrópicas y que apoyan a las pequeñas y medianas empresas de América Latina– había fundado el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo   Sustentable (Wbcsd). Cerca de 170 compañías asumieron  compromisos de desarrollo sostenible a través de los pilares del crecimiento económico, el equilibrio ecológico y el progreso social. Su capítulo local es el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (Ceads), que a su vez nuclea a unas treinta.
Como parte de la responsabilidad social empresaria (RSE), el Instituto de Desarrollo Empresario de la Argentina (Idea) recomendó cuidar que las actividades no impacten negativamente en el medio ambiente.
Uno de los siete “mandamientos” del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (Iarse) sugirió a las pequeñas y medianas empresas: “Aporte siempre más al medio ambiente: nadie discute el hecho de que si se pide dinero prestado uno debe devolverlo con intereses. Si ese capital es el medio ambiente, ¿qué tasa deberíamos pagar?”.
Se difundieron proyectos de inversiones mediante el mecanismo para un desarrollo limpio o la participación en el mercado de los “bonos verdes” y desde el 2005 existe el Fondo Argentino de Carbono, impulsado por el gobierno nacional para facilitar nuevos emprendimientos que potencien la utilización del “Mecanismo para un desarrollo limpio” (MDL), establecido por el Protocolo de Kyoto (ver aparte).
Desde el banco de inversión Lehman Brothers aseveraron que el avance del cambio climático puede ser lento y difícil de cuantificar, pero el impacto sobre los negocios puede resultar abrupto y repentino.
Entre tantas empresas que aplican programas vinculados  con el medio ambiente, en el Comahue actúan:
• Duke Energy, que prometió un manejo responsable de los recursos naturales en su hidroeléctrica Cerros Colorados, que incluye Planicie Banderita y la central térmica Alto Valle, en Neuquén. Abarca la disposición de residuos sólidos y semisólidos, incluidos efluentes de gas; prevención de crecidas y alertas ante emergencias; siembra de truchas en los embalses Los Barreales y Mari Menuco y evaluación de los depósitos de combustibles líquidos.
• Repsol-YPF encaró la recuperación de bosques nativos degradados y la incorporación de nutrientes y materia orgánica al suelo, como la forestación de 5.000 hectáreas en Neuquén, en un convenio con el gobierno provincial y la Corporación Forestal Neuquina.
• Vivero Forestal Bariloche apuntó a la restauración de zonas degradadas y la reforestación con plantas nativas. Brinda educación ambiental a alumnos y docentes de escuelas de la ciudad rionegrina, varias de las cuales incorporaron la propuesta en sus programas.

Adhesiones a distintas propuestas

BUENOS AIRES.- No obstante los escasos resultados logrados hasta ahora, la Argentina adhirió allá lejos y hace tiempo a mecanismos internacionales supuestamente efectivos, desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente de Estocolmo (Suecia), en 1972. Veintiún años después aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc) mediante la ley 24.295, que alertó acerca del aumento de la temperatura media de la superficie de la Tierra y de los cambios de las pautas meteorológicas.
En 1997, en la Tercera Conferencia de las Partes en Japón, finalmente la Cmnucc acordó el Protocolo de Kyoto, que previó una reducción promedio del 5,2% en las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2012. Sin embargo, algunos de los países más contaminantes no lo ratificaron, como Estados Unidos y China, por lo que se consideró clave para resolver la crisis que reduzcan sus emisiones con medidas tributarias y cuotas de emisión de monóxido de carbono. Sin perder su actitud ambigua, Estados Unidos reconoció la existencia del cambio climático y que se trata de un problema grave, pero recién en una reunión del Grupo de los 8, en Edimburgo (Escocia), en el 2005.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) estuvo asociado con la Argentina para preparar el “Primer inventario nacional de gases de efecto invernadero”, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. La ejecución del proyecto del Pnud con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva concluyó en diciembre de 1997 y se complementó con otros estudios.
En el 2002, mediante el decreto 2.213, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Salud y Ambiente fue designada autoridad de aplicación para cumplir con los compromisos asumidos. Al año siguiente, por la resolución 56 del Ministerio de Desarrollo Social, se creó la Unidad de Cambio Climático (UCC), dependiente de aquella secretaría, para proponer y propiciar acciones. De acuerdo con la misma resolución, la UCC es asistida en sus funciones por la Comisión Nacional Asesora sobre Cambio Climático, integrada por representantes gubernamentales, del sector académico y de universidades y especialistas. En la unidad, asimismo, se encuentra la Secretaría Permanente de la Oficina Argentina de Mecanismo para un Desarrollo Limpio. A través de otros tratados, se abordaron cuestiones como la contaminación marina, la desertificación, el deterioro de la capa de ozono y la extinción de especies animales y vegetales.
El marco legal se complementó con la ley 25.438 del 2001, que aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Por si no fuera suficiente, existen más disposiciones, como los decretos del Poder Ejecutivo Nacional por los que se creó el Fondo Argentino del Carbono (1.070/2005), un memorándum de entendimiento con el Banco Mundial (481/2000), la formación de la Oficina Argentina de Implementación Conjunta (822/1998) y la Comisión Nacional para el Cambio Global del Sistema Climático Terrestre (2.156/1991).
En octubre pasado se presentó un informe acerca del impacto socioeconómico en el país, preparado por un equipo dirigido por Albina L. Lara. Está vinculado con la necesidad de modificar pautas de producción y de consumo y de integración de infraestructuras, tecnologías, instituciones y normas nacionales, provinciales y municipales.