Según los anuncios oficiales, el régimen de reparto va a reconocer una prestación equivalente al 1,5% del salario por cada año de aporte. Para el Estado, el costo de esta prestación es menor a los aportes de los trabajadores en edades tempranas de la vida laboral pero mayor en años próximos a la edad de retiro.
Así lo destaca un reciente informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) en el que se destaca que este nuevo escenario implica que desde el Estado se va a subsidiar a quienes especulen traspasándose desde capitalización a reparto en la mitad de su vida activa. Como este subsidio favorece a los trabajadores formales y su monto es mayor mientras más alto sea al salario, abrir la opción por reparto es una medida de política altamente regresiva.
El monto de la jubilación en el régimen de reparto se calculará a razón del 1,5% del salario por año aportado. Se trata de un mecanismo que la actual ley previsional contempla, pero bajo la lógica de que las personas no pueden retornar a reparto una vez que están en capitalización.
Para un esquema que permita volver a reparto, la fórmula resulta inapropiada porque ignora la elemental regla financiera de que el capital genera interés. Con esto, remarca el estudio, se generan las condiciones propicias para la especulación en torno de cuál es el momento “óptimo” para ejercer la opción.
¿Cómo operará la especulación? En reparto, cada año de aporte implica generar un 1,5% del salario como jubilación. En capitalización, asumiendo una rentabilidad real del 6% anual, en edades tempranas los aportes generan montos jubilatorios que duplican ese porcentaje pero, superados los 40 años, el porcentaje de jubilación que genera es más bajo que en reparto.
La edad “óptima” para el traspaso se ubica, entonces, entre los 40 y los 45 años. Quien financiará esta especulación es el Estado y el subsidio será mayor mientras mayor sea la remuneración.
El trabajo realizado por Idesa da los siguientes ejemplos argumentando económicamente esta posición:
• para un salario de 1.000 pesos, el subsidio estatal que se genera especulando con la opción implica una mejora en la jubilación de 175 pesos mensuales,
• para un ingreso de 1.800 pesos, el subsidio incrementa la jubilación en 320 pesos mensuales y
• para un sueldo de 4.000 pesos, el subsidio incrementa la  jubilación en 700 pesos mensuales.  
Estas estimaciones sobre la edad “óptima” para especular con el traspaso son muy sensibles a los supuestos que se utilicen.
Por ejemplo, mientras más alta sea la rentabilidad de la AFJP, más tarde conviene hacer el traspaso, aunque el supuesto más endeble es que se asume que el Estado va a respetar la movilidad de las jubilaciones.
Más allá de los supuestos, la cuestión esencial es la misma. El esquema que se está proponiendo con la posibilidad de volver a reparto supone un subsidio financiado con fondos públicos a favor de los trabajadores registrados que especulen con el traspaso.
El monto de este subsidio es creciente con el salario. Es decir, a mayor salario, mayor será el subsidio que recibirá quien especule con el cambio.
Una medida que se presenta  con un neto corte social, apuntando a la igualdad de oportunidades (el “retorno” a reparto), en realidad discrimina a los más pobres que, en la mayoría de los casos, no accede al empleo registrado o, cuando lo hace, es con salarios bajos.
No hay dudas de que el sistema de capitalización necesita más competencia y transparencia, pero para ese problema la solución no es establecer un mecanismo de especulación entre los regímenes de capitalización y reparto sino mejorar las reglas de juego.
Hay que perfeccionar las regulaciones sobre rentabilidades mínimas y formas de cobro de las comisiones y no olvidar que el Estado hoy participa en este régimen, dado que es propietario de una de las principales AFJP.  También se debe contemplar un mecanismo solidario para las personas de baja capacidad de ahorro por problemas laborales, desempleo, trabajo en negro o empleo formal pero de bajos salarios. Este objetivo no se va a cumplir con esquemas que impliquen subsidios públicos para los más ricos sino a través de un mecanismo permanente y financieramente sustentable que garantice asistencia solidaria a las personas de la tercera edad con ingresos inferiores a un mínimo.
La idea –finaliza el estudio–  subyacente es un esquema de articulación virtuosa entre capitalización (para resolver la previsión de las personas con capacidad de ahorro) y reparto (para solucionar los problemas de la gente con baja o nula capacidad de ahorro).