La caída en la cobertura del sistema previsional, la insolvencia del régimen público de reparto y los altos costos de las AFJP son los principales problemas estructurales que sufre el sistema previsional argentino.
Un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) señala que con las moratorias previsionales destinadas a otorgar jubilaciones a quienes no hicieron aportes se atacó el primer problema de una manera muy rudimentaria.
Por un lado, destaca el estudio, se han generado graves iniquidades porque mucha gente de altos ingresos aprovecha este beneficio sin haber hecho aportes, mientras que familias humildes no acceden por falta de información y recursos. Por otro lado, agrega, se ha creado un importante incremento futuro de gasto público sin contemplar su financiamiento.
No hay información oficial para calcular el impacto financiero de esta medida. Seguramente se incorporará bastante más de un millón de nuevos jubilados, una vez que la Anses descongestione la acumulación de trámites. Si se supone que un millón de personas va a cobrar la jubilación mínima con su correspondiente cobertura de PAMI y asignaciones familiares, las cifras aproximadas serían:
• En los primeros cinco años, el gasto público anual se incrementaría en $ 4.900 millones.
• En los años posteriores, cuando los nuevos jubilados dejen de pagar la moratoria, el gasto público adicional llegará a los $ 8.400 millones por año.
• En el acumulado, el régimen público de reparto (la Anses) asumiría compromisos futuros por $ 66.00 millones anuales.
Frente a este complejo panorama financiero, inducir a que los trabajadores activos opten por el régimen de reparto es un paliativo para el corto plazo. Transitoriamente, la “caja” de la Anses mejora porque se apropia de los aportes de estos trabajadores. Sin embargo, como contracara, se generan derechos a cobrar jubilaciones para las que no se hacen reservas financieras. En otras palabras: se resuelven los problemas presentes a costa de complicar aún más el futuro.
Mientras tanto, remarca Idesa, el sistema público sigue acumulando incumplimientos. Por ejemplo, el ajuste del 13% incluido en la ley de presupuesto del 2007 para muchos jubilados es visiblemente insuficiente frente a una inflación acumulada del 90%, con lo cual es muy probable que la Corte Suprema dictamine que se viola la movilidad prevista en la Constitución nacional y, así, se multipliquen los juicios contra el Estado.
La historia previsional de la Argentina está cargada de acciones oportunistas. Se prometen beneficios sin contemplar los recursos para sostenerlos en el tiempo. Este es uno de los principales factores que luego desencadenan litigiosidad masiva y finalmente desembocan en la insolvencia estructural del sistema. Por eso, es extremadamente importante que en esta ocasión el Congreso de la Nación no se sume al oportunismo de poner “parches” a los problemas del presente desentendiéndose de las consecuencias para el futuro.
En un esquema justo y sustentable, el sistema público debería concentrarse exclusivamente en la solidaridad hacia las personas de más bajos recursos, es decir, en definir como prioridad absoluta garantizar un nivel de bienestar básico a quienes no tuvieron capacidad de ahorro durante su vida activa.
Con este escenario, la mayor parte de los fondos públicos terminará por alimentar los mecanismos que, en la mayoría de los casos, benefician a gestores, intermediarios o jubilaciones de privilegio. No hay solidaridad sin sustentabilidad financiera.
Para quienes tienen capacidad de ahorro, el régimen de capitalización individual es la mejor alternativa, en la medida en que se genere una competencia intensa y transparente entre las administradoras. Fijar un tope a las comisiones o hacer “competir” a las AFJP con la Anses no aporta soluciones. El paso relevante es generar reglas que induzcan a que las AFJP compitan entre ellas.
Esto significaría, sentencia el estudio mencionado, remunerar a las administradoras en función de resultados efectivamente obtenidos y no como ocurre en la actualidad, cuando los afiliados pagan comisiones por adelantado e independientemente del resultado que se obtenga.