Aún no fue suficientemente efectivo el “enamoramiento” con los inversores extranjeros imaginado por el gobierno del presidente Néstor Carlos Kirchner. Y eso que la Argentina necesita para este año un “shock” con esos aportes que “descomprima las tensiones de precios, genere empleo y mejore la situación social”, como admitió Felisa Miceli, ministra de Economía y Producción. Mientras tanto, Julio de Vido, su colega de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, también busca promoverlos, como lo demostró en su reciente y publicitado viaje a Alemania.
Las inversiones extranjeras en la Argentina disminuyeron el año pasado el 29,5% respecto de las del 2005, de acuerdo con estimaciones –“subvaluadas”, se dijo– de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés). Fue lo que ocurrió pese a profundizarse la concentración de empresas a nivel mundial, por fusiones y adquisiciones cercanas a los 4 billones de dólares. Aunque la economía nacional fue una de las de más alta expansión, el resultado alcanzado se atribuyó a la salida de la francesa Suez de Aguas Argentinas y a la baja formación de capitales de los concesionarios de los servicios públicos, provenientes de otros países, a raíz de la política estatal de tarifas y precios.
Aquí se registraron el año pasado fusiones y adquisiciones por casi 7.000 millones de dólares, frente a las del 2005, que sumaron 4.500 millones, tal como calcularon en la consultora dirigida por Orlando Ferreres. El 69% del total arribó principalmente de los Estados Unidos y Brasil.
Si se repasan informes del Centro de Estudios para la Producción (CEP), surge que los capitales extranjeros tuvieron en los últimos años una participación decisiva en la industria manufacturera (materiales para la construcción, alimentos y bebidas y automotrices), actividades extractivas (petróleo y gas), infraestructura (construcción y energía eléctrica) y, en menor medida, comercio y servicios. Reaccionaron luego de la devaluación y adquirieron empresas locales e incluso extranjeras que resolvieron retirarse del país, documentó el organismo de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, en tanto se registraban resultados negativos en transporte y comunicaciones por el congelamiento y la pesificación de las tarifas. Los efectos tampoco fueron favorables para las firmas dedicadas a actividades no transables vinculadas con los mercados nacional y regional, como las comerciales y bancarias.
Al analizar la encuesta a las 500 empresas no financieras más grandes del país, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) comprobó que en el período 2003-2005:
• un tercio era de capitales nacionales, o sea que eran duplicadas por aquellas con participación de los extranjeros;
• en estos últimos, el valor de producción casi se quintuplicó y el valor agregado se sextuplicó;
• los salarios de las firmas con aportes foráneos eran dos veces y media superiores y los puestos de trabajo 1,7 veces mayores y
• la mayor diferencia se comprobó en la utilidades: once veces más en las empresas con injerencia externa respecto de las locales.
El gobierno de Kirchner recientemente comenzó a preocuparse por ciertas alternativas de extranjerización, luego de no demostrar idéntica actitud ante traspasos anteriores (ver aparte).
En la Argentina existen por lo menos 25 firmas especializadas en finanzas corporativas y experiencias en fusiones y adquisiciones. Como algunas no pertenecen a bancos, actúan con una independencia que les permite dar opiniones objetivas e imparciales a sus clientes, según explicaron en Infupa.
“Una valuación bien fundamentada proporciona una herramienta muy importante para lograr el éxito en una negociación”, comentaron en el estudio Azulay, donde aclararon que siempre deben evaluarse tendencias de mercados, competidores, performances económico-financieras y planes futuros.

Nuevo patrón de crecimiento

La estrategia de las empresas extranjeras en el país se orientó durante la década pasada al aprovechamiento de las oportunidades de inversión generadas por la liberalización de la economía, la desregulación de los mercados y la privatización de empresas públicas. Así lo analizó Ariana Sacroisky, del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar), quien comprobó también que:
• los ingresos mayormente se destinaron a la adquisición de activos existentes y tuvieron escasa incidencia en la mejora de las capacidades productivas;
• la reinversión de utilidades dio cuenta de una parte más que exigua de la inversión extranjera directa (IED);
• significativas ganancias fueron remitidas a los países originarios de los capitales.
• los abastecimientos de insumos y bienes de capital llegaron fundamentalmente del exterior, generaron escasos encadenamientos locales y desmantelaron la estructura de proveedores aquí existentes y
• no se modificó sustancialmente el patrón de las exportaciones
Las empresas transnacionales contrajeron sus inversiones, en un comportamiento que para el Cefid-Ar se anticipó a la modificación del tipo de cambio local. Incluso la pesificación y el congelamiento de las tarifas influyeron para que empresas de servicios públicos presentaran demandas ante el CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Disputas sobre Inversión), donde para cada caso conforman un tribunal arbitral diferente.
En el 2004, las inversiones comenzaron a reactivarse. Al año siguiente, se aprovecharon utilidades con idéntico propósito y hubo tomas de deuda con las firmas relacionadas. “Afectadas por el endeudamiento con el exterior tomado en los ’90, el achicamiento del mercado interno en moneda dura, la pesificación y el congelamiento de las tarifas, las empresas transnacionales dedicadas a la provisión de servicios públicos contrajeron sus desembolsos y, en ocasiones, se retiraron de la plaza local”, subrayó además Sacroisky. Y hasta advirtió que “firmas dedicadas a las actividades transables intensivas en el uso de recursos naturales se beneficiaron por la reducción en los costos internos en dólares, los altos precios internacionales de los ‘commodities’ y el incremento de su coeficiente de exportaciones, despegándose de la contracción en la demanda local”.
Entre las naciones de procedencia de las inversiones, aumentó la incidencia de las latinoamericanas (Brasil fue la más importante entre el 2002 y el 2005), aprovechando en principio la desvalorización de los activos locales en dólares.
Sobre la remisión de utilidades, característica de las empresas transnacionales, y el fuerte endeudamiento externo, con los consecuentes pagos en concepto de capital e intereses, la especialista del Cefid-Ar planteó la necesidad de “establecer mecanismos preventivos que los regulen y conocer y posteriormente monitorear los precios de transferencia para limitar el uso de mecanismos de elusión impositiva”. Sugirió, asimismo, “garantizar las inversiones en investigación y desarrollo fronteras adentro, por parte de las transnacionales, y maximizar los vínculos con firmas locales para la provisión de insumos, partes y componentes”.

Dictadura y democracia

Durante el absurdamente denominado “Proceso de reorganización nacional” comenzó a liberalizarse la inversión extranjera directa (IED). La ley 21.382 garantizó igualdad de derechos y obligaciones con la inversión nacional y flexibilizó las condiciones para remitir utilidades y repatriar capitales, modificando restricciones y regulaciones aprobadas durante el gobierno constitucional, entre 1973 y 1975. Esa liberalización fue completada durante la gestión de Carlos Saúl Menem, coincidentemente con adhesiones de la Argentina al Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones del Banco Mundial, la Overseas Private Investment Corporation, el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas sobre Inversión (CIADI) y tratados bilaterales, entre otras.
Las IED fueron atraídas por las privatizaciones de empresas públicas en los ’90 del siglo pasado, ligadas a incentivos como la capitalización de la deuda y la reserva de mercados, destacándose por su magnitud la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). También se aprobaron regímenes para los sectores automotor, minero y forestal, por citar algunos.
Las fusiones y adquisiciones significaron, muchas veces, compras de activos de empresas instaladas y marcas dominantes, pero no siempre estuvieron asociadas con incrementos del empleo y de las exportaciones ni con mayores gastos en investigación y desarrollo, como documentaron Daniel Chudnovsky y Andrés López (en “La transnacionalización de la economía argentina”, Eudeba-Cenit).
Entre los innumerables casos de extranjerización, cómo no citar los siguientes:
• Perez Companc se desprendió de PeCom Energía, que traspasó a la brasileña Petrobras por 1.200 millones de dólares.
• La francesa Promodes compró el 49% de Supermercados Norte a Exxel, en 420 millones.
• El fondo Hicks, Muse, Tate & Frust adquirió casi el 30% del CEI en 800 millones.
• Acindar se vendió a la brasileña Belgo Mineira en 240 millones.
• El grupo Bemberg cedió su participación en Quilmes Industrial a InBev (la belga Interbrew y la brasileña Ambev), por 1.200 millones.
• La cementera Loma Negra pasó a Camargo Correa, de Brasil, por 1.025 millones.
• El grupo de esta última procedencia, Friboi, compró Swift en 200 millones y después Vizental, dos plantas de Cepa y hasta la marca “Cabaña Las Lilas”.
• Global Crossing, con sede en Bermudas, se quedó con Impsat (controlada por los fondos estadounidenses Morgan Stanley y WR Guff Asset) por 336 millones (95 millones en efectivo y 241 millones para absorber deuda).
• Las inversiones en minería, mayormente extranjeras, habrían trepado en el 2006 a 3.000 millones, un 20% más que en el 2005.
El gobierno del presidente Néstor Carlos Kirchner se preocupó cuando, meses atrás, SanCor estuvo por venderse en 120 millones a Adecoagro, uno de cuyos principales inversores es el húngaro-norteamericano George Soros. Buscó frenar la transacción e intercedió, en noviembre pasado, para que Venezuela otorgara un crédito de 135 millones de dólares, por pagarse con 3.000 toneladas anuales de leche en polvo y transferencia de tecnología. La operación se demoró porque el prestamista cambió las condiciones y sólo aceptaría capacitación y asesoramiento técnico y para la compra de bienes de capital.
A fines de enero, el Poder Ejecutivo Nacional también buscó ayudar a Coto para impedir su posible venta, por la deuda externa asumida durante la convertibilidad de 180 millones de dólares –debe pagar 25 millones al año– y los problemas provocados por los “acuerdos de precios”. Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, siguió instrucciones de Kirchner y habría conseguido armar un fideicomiso de 200 millones de pesos, coordinado por el Banco de la Nación.