En la actualidad hay 2 millones de personas que se encuentran bajo el sistema estatal de jubilaciones y algo más de 11 millones en las AFJP. De estas últimas, sólo el 45% realiza aportes regulares al sistema.
Existen posiciones políticas encontradas sobre el proyecto de ley que el Ejecutivo ingresó en el Congreso de la Nación. Mientras que para algunos analistas esta  medida significa todo un retroceso, para otros es una señal positiva (ver recuadros).
¿Qué es lo que conviene hacer ante el escenario que plantea este proyecto?
En principio, está claro que para quienes están cerca de jubilarse resulta más atractiva la opción de reparto, más aún si se tiene en cuenta que el gobierno elevará de 0,85 a 1,5% la tasa aplicada para calcular la prestación jubilatoria.
En el caso de los potenciales jubilados que deben esperar más de cinco años para acceder al beneficio la situación es algo más compleja, ya que existen variables que se deben tener en cuenta y que son muy difíciles de proyectar en el tiempo.
Algunas de ellas son las siguientes.
• Inflación. En la medida en que este indicador esté contenido (tasas menores al 5% anual), el sistema de reparto no licuará sus fondos y el Estado estará en mejor posición para hacer frente a sus compromisos. Es que el sistema de reparto no prevé ningún tipo de indexación.
• Rentabilidad. Las tasas reales de rentabilidad que se han proyectado en las AFJP han sido del 4 al 5% anual. Los vaivenes de la economía generaron altibajos importantes en los últimos años. Es así que, en medio de la crisis, los fondos se descapitalizaron sensiblemente pero luego, durante el período 2003-2006, su rentabilidad marcó records en el sistema. El 2006 cerró con una rentabilidad real del 23%, más de diez puntos por encima de la inflación. Este escenario no puede proyectarse en el tiempo, pero es un indicador de cuánto pueden mejorar los ahorros de un aportante, cosa que no se puede hacer en el régimen de reparto.
• Costo. Es otra de las variables a analizar. El sistema de reparto toma el 11% del salario, mientras que las AFJP acceden al 7%. En este sentido, hay que aclarar que rige un decreto que posterga este último porcentaje hasta enero del 2008. Se espera que, una vez sancionada la nueva ley de jubilaciones en el Congreso, el aporte se unifique en el 11% para ambos sistemas.
Según consultas realizadas a distintos analistas, para aquellas personas que tengan hoy más de 50 años y estén cobrando un sueldo medio-alto, lo más conveniente sería el paso al sistema de reparto. Nadie arriesga sobre aquellas personas que se encuentran entre los 35 y los 50 años, y a aquellos que recién ingresan en el mercado laboral se les aconseja llevar sus aportes a las AFJP.
Este razonamiento es lineal (teniendo en cuenta cálculos futuros con las condiciones económicas actuales) y muy general. Está claro que en un escenario de alta inflación como el que actualmente presenta la Argentina, el sistema de AFJP presenta una mayor cobertura de fondos sobre los futuros jubilados que el sistema de reparto.

FUTURO

Si bien técnicamente existen pocas diferencias entre un sistema y otro y la trama costos-beneficios para los aportantes hace que no se comprenda bien qué es lo que se debe hacer en este momento frente a la alternativa que se tiene entre manos, las principales dudas de los aportantes se centran en el futuro económico que presente la Argentina para hacer frente a las futuras obligaciones. ¿El Estado podrá afrontar  las jubilaciones dentro de veinte años? ¿Qué pasaría si ingresáramos en una crisis como la de la década del ’80? ¿Las AFJP podrán sostener su esquema de rentabilidad en el tiempo? ¿O será como sucede hoy en Chile, donde cada año que pasa el sistema se corrige a partir de la base de menos jubilaciones sobre los pasivos?
En definitiva, las dudas no están centradas en qué elegir sino más bien en quién responderá mejor en el futuro cuando una persona se jubile. Hoy, con un Estado fuerte y un sistema de seguridad social superavitario, no caben dudas de que está mejor posicionada –por lo menos en imagen– la jubilación estatal respecto de las AFJP. Ahora, nadie arriesga este escenario en el 2020, y eso es lo que busca la gente: previsibilidad sobre los aportes que realiza para sostener su futura jubilación.
Los antecedentes que existen en la Argentina al respecto muestran que el Estado no ha realizado un buen trabajo en la materia. Lo hecho por el sistema de AFJP en su corta historia de vida tampoco inclina la balanza hacia ese sector: todavía están en la retina de muchos aportantes la crisis del 2001 y la compra compulsiva de bonos en esa época, lo que produjo una licuación de activos en el sistema del orden del 40% sobre los ahorros de los aportantes.
Todo esto muestra que será el escenario político-económico del país el que definirá en el tiempo cuál de los dos sistemas es el mejor. Por ahora, la sensación de los aportantes es que siguen cautivos de un sistema que no termina por consolidar un esquema de bienestar para los trabajadores.

Diez preguntas clave

1) ¿Cualquier persona puede optar entre una jubilación estatal y una privada?
No. Sólo quienes están actualmente aportando y, en los primeros 180 días a contar desde el momento de sancionada la ley, sin límite de edad. Luego de esos 180 días, sólo podrán hacerlo los que tienen menos de 55 años, en el caso de los hombres, y de 50 años en el de las mujeres. Pero siempre deben ser aportantes al momento de este cambio.
2) ¿El traspaso se puede hacer desde cualquiera de los dos sistemas?
Sí. Un aportante se puede pasar del sistema de reparto a una AFJP y viceversa.
3) ¿Se puede volver a un sistema si existió un cambio previo?
Sí, pero este cambio podrá concretarse cada cinco años y siempre y cuando se cumpla con los límites de edad mencionados.
4) ¿Qué pasa con los fondos que uno tiene ahorrados?
Los fondos no son transferidos. Si uno estaba aportando a una AFJP y decide pasarse al sistema de reparto, el dinero no se transfiere. A partir del momento del cambio, comienza a aportar al sistema estatal. Cuando se jubile, este aportante cobrará por los dos sistemas.
5) ¿Qué ocurre con los aportes voluntarios que uno pudo haber realizado a las AFJP?
Siguen en la cuenta de capitalización hasta el momento de jubilarse.
6) ¿Cuándo uno podrá optar por cambiar de sistema?
Cuando la ley sea sancionada por el Congreso. En principio, se estima que eso ocurrirá antes de que finalice este mes.
7) ¿Qué pasa con las personas que ingresan ahora en el sistema?
Si no eligen uno u otro sistema, en forma compulsiva quedan, luego de pasar los primeros 90 días de aportes, en el sistema estatal.
8) ¿Y quienes tienen pocos aportes en la AFJP y desean cambiarse?
Podrán pasarse al sistema estatal y cobrar la jubilación mínima que imponga el Estado en ese momento.
9) ¿Habrá algún cambio para los actuales jubilados?
En principio, no hay cambios. Cada uno seguirá cobrando bajo el sistema por el que viene haciéndolo hasta ahora.
10) ¿Puede haber nuevas modificaciones en la ley que llega al Congreso?
Sí, pero dependerá del poder de turno y de las necesidades de adaptar la norma que hoy está en el Congreso.

“Es valiosa porque consagra la libertad de elegir”

Como coautor del Plan Fénix –que tuvo notable influencia en los gobiernos que sucedieron a Fernando de la Rúa–, el economista Marcelo Lascano suscribió en su momento la recomendación de priorizar el sistema público universal de jubilaciones, desplazando a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) a manejarse con los aportes voluntarios.
Conocida la reforma previsional que acaba de proponer el actual gobierno, Lascano la calificó, en diálogo con “Río Negro Económico”’ de “muy importante” en la medida en que “satisface algunos requerimientos para que una persona no quede cautiva del régimen de los ’90”. El especialista no adhiere a los postulados liberales que rigieron la reforma cavallista que (durante la primera gestión de Carlos Menem) puso en marcha el régimen de capitalización mediante las AFJP; por el contrario, fustiga a las administradoras y sus quejas apuntan contra el mismo Domingo Cavallo por haberles impuesto (al final de la presidencia de De la Rúa) la compra prácticamente forzosa de bonos públicos. “Que no se hagan los distraídos, porque estoy seguro de que en su momento aplaudieron a Cavallo”, disparó Lascano, quien también hizo una observación más sociológica que técnico-económica: “Creo que hay un poco de bronca en la sociedad con las AFJP, porque han hecho una exhibición de majestuosidad, de oficinas suntuosas, como hoy hacen las prestadoras de salud. Apenas advierten que la gente está atada a ellas, buscan aumentar compulsivamente las cuotas”.
El experto también calificó de positiva la reducción –que el proyecto dispone– sobre las comisiones que cobran las administradoras sobre los ahorros de los aportantes, al tiempo que señaló que tal vez sea arbitrario que los indecisos pasen al régimen de reparto (estatal), pero frente a ello cree que, por un lado, hay que afrontar los riesgos de las indecisiones, mientras que por otro estima que, al no ser derivados los fondos a una AFJP (como era antes), va a existir una agudización en el poder de decisión. Sin embargo, para Lascano no son todas mieles las que rodean el proyecto lanzado por el gobierno nacional: “Tiene sus riesgos porque el interrogante es si la administración estatal que hasta ahora ha sido equilibrada y solvente en los momentos críticos no utilizará los recursos en otra cosa que no sea satisfacer los compromisos con la clase pasiva”.
El entrevistado explica que la confianza en el Estado se debe al superávit comercial y fiscal existente, lo que no debe hacer olvidar que hay muchos problemas estructurales que resolver, a lo que agrega que permanece el magro recuerdo de cuando sucesivos gobiernos malgastaron los recursos de las cajas. A Lascano no le merece mayor entusiasmo el respaldo casi unánime que la iniciativa de reforma previsional suscitó en los legisladores argentinos. “Los parlamentarios forman parte de una cultura y, si no hay administradores calificados, en cinco años estaremos discutiendo otra vez el paso del sistema al sector privado”.

“Es un claro retroceso para el sistema”

Además de una postura muy crítica hacia el proyecto estatal de reforma previsional, para Aldo Abram –economista jefe de la consultora Exante– en los anuncios hay mucho de “engaño”.
En principio, el economista desmiente que la anunciada rebaja de la comisión percibida por las AFJP sea real o se traduzca en un beneficio para los aportantes. “Dicen que el límite –en concepto de comisión– estará en el 1%, pero como las administradoras ya no tienen que hacerse cargo del seguro (que oscila entre el 4 y el 5%), la comisión quedaría en el 1,1%”. Es decir, destaca Abram, “no sólo no hay en ese punto un cambio de fondo sino que, al detraerse el pago del seguro previsional de los fondos comunes de los aportantes, va a haber menos control (sobre las causas alegadas por quienes quieren percibir ese seguro) y se perjudicará a quienes ya aportaron por tal concepto, quienes terminarán subsidiando a los nuevos afiliados.
Pero, además, el analista refuta que se vaya hacia una mayor libertad de opción porque, en su concepción, engrosar el sistema de reparto es un perjuicio en ciernes para esa persona y para el resto de la sociedad. A modo de ejemplo, el experto sostiene que ya en Estados Unidos, Francia y Alemania están buscando respuestas acerca de cómo afrontar el endeudamiento cada vez mayor producto de que la gente vive más años y la clase pasiva es cada vez mayor en relación con los aportantes. “Si ya avanzamos en la solución, ¿por qué no corregir los errores de implementación en lugar de volver al problema?”, se interroga Abram.
Con una dosis de ironía, el economista dice no sorprenderse por la alegría con que los políticos recibieron la reforma: “Para ellos es fabuloso porque pueden recibir más dinero para gastar”. Lo que sí lo sorprende –agrega– es cómo la sociedad recibe con beneplácito el proyecto cuando puede comprobar lo que perciben quienes aportaron al sistema estatal. “Aportar al sistema de reparto es como adquirir un título público, pero los gobiernos los contabilizan como ingresos para gasto político y luego, para cubrir los déficit, tratan de aumentar impuestos. Si los estados serios tienen problemas, cuál es el destino de los que manejan pésimamente los recursos”, se pregunta el economista liberal.
Pero en tal aspecto apunta a la responsabilidad de las AFJP, las que “por haber tenido un mercado cautivo no se esforzaron en explicar los aspectos positivos del sistema de capitalización, como ser que se trata de fondos nominados dentro de un fideicomiso por los que siempre se va a responder”. 
Abram subrayó que una de las desconfianzas de la gente pudo originarse en el canje tras el cual las AFJP perdieron mucho dinero producto de que le dieron préstamos al Estado. “En un país sin seguridad jurídica pueden producirse cuestiones como éstas y perderse parte de los ahorros (que en parte fueron recuperados); en cambio, en el régimen de reparto el 100% queda a discreción del político de turno”.