El gobierno nacional parecería predispuesto a anunciar, como nuevos, planes o medidas que poco modifican a algunos conocidos, incluso preparados por gestiones anteriores a las que nunca alude.
Una estrategia integral de desarrollo emprendedor, con énfasis en la creación de empresas intensivas en el conocimiento, debería basarse en un diseño institucional que combine las ventajas de la flexibilidad y el compromiso asociadas a un esquema descentralizado, con los beneficios de escala y de impacto requeridos, trabajados de manera conjunta por los sectores público y privado.
Así resumió el docente universitario e investigador Hugo Kantis su estudio sobre “Creación y fortalecimiento de nuevas empresas”, incluido en “Lineamientos para fortalecer las fuentes de crecimiento económico”, presentados durante la presidencia de Eduardo Duhalde por el Ministerio de Economía, conducido por Roberto Lavagna, en mayo del 2003.
En el trabajo realizado por especialistas convocados por la oficina local de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) de las Naciones Unidas, Kantis opinó que existía “una gran oportunidad para avanzar en una estrategia de este tipo, capaz de enfrentar los desafíos, superar las debilidades y explotar las potencialidades existentes”.
El actual Ministerio de Economía y Producción lanzó, en las últimas semanas, un “Programa nacional orientado al fomento del desarrollo emprendedor y la creación de empresas”, por ejecutarse desde la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. Se impulsarán nuevas firmas, sobre todo pymes con potencial de crecimiento, que generen empleo y se diferencien desde el punto de vista productivo. También se apoyará la formación de un sistema institucional que brinde respaldo integral.
Este año se encarará una prueba piloto para evaluar resultados, desarrollar los aprendizajes necesarios y ajustar la estructura y el funcionamiento, con el propósito de avanzar posteriormente. Para ello se buscará:
• generar redes de contacto y asistencia técnica para los emprendedores (capital social),
• fomentar actitudes y capacidades (capital humano),
• favorecer el acceso al capital financiero que permita concretar los proyectos y
• promover la construcción de un sistema institucional de referencia para apoyar a los emprendedores y las nuevas empresas.
Se reconoció oficialmente que las acciones incluirán, por una parte, la utilización de instrumentos existentes, adaptados a las necesidades que deben enfrentar inicialmente los emprendimientos. Por la otra, se implementarán nuevas herramientas para crear y fortalecer una red de instituciones especializadas y fomentar las inversiones en nuevas firmas y aun aquellas de evolución incipiente con alta potencialidad de expansión. Desde el porteño Palacio de Hacienda ya propusieron:
• Apoyo a emprendedores con proyectos promisorios y a las nuevas empresas con posibilidades de transformarse en pymes competitivas.
• Fomento a la constitución de la red de entidades especializadas en la problemática emprendedora y la creación de empresas, como la Red NACER (Núcleos de Apoyo a la Creación de Empresas en las Regiones). Participarán, por ejemplo, universidades, incubadoras, centros y clubes de empresarios jóvenes.  
• Evaluación y aprendizaje institucional.
• Adaptación de los instrumentos existentes a fin de facilitar su utilización.
Uno de los instrumentos es el Fonapyme “Emprendedor” para proyectos de empresas nacientes y/o jóvenes que contribuyan a la diversificación y la diferenciación del tejido productivo. Probablemente se originó en el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme), que financia tanto los de inversión existentes como los que se creen y también formas asociativas, con una tasa de interés anual y variable equivalente al 50% de la que corresponde a la cartera general del Banco de la Nación Argentina (BNA). El Fonapyme primigenio fue previsto para activos fijos nuevos o usados y capital de trabajo de propuestas orientadas al mercado interno que impacten en el desarrollo regional.
Otro instrumento es el “Crédito fiscal para capacitación y programa nacional de capacitación”, por otorgarse mediante la selección de proyectos presentados en convocatorias específicas. Sin embargo, existe un régimen de préstamo fiscal para Mipymes con un reintegro de la inversión en capacitación de hasta el 8% de la masa salarial anual, que podían aprovechar las grandes empresas actuantes como cedentes. El reintegro consiste en la emisión de un certificado de crédito fiscal endosable, aplicable al pago de impuestos nacionales.
La actual conducción económica publicitó, además, el fortalecimiento institucional de la Red NACER, que aportará fondos para servicios de apoyo, y el “Programa de fomento financiero para jóvenes emprendedores”, que promueve la inversión de empresas bautizadas “madrinas” en emprendimientos seleccionados nuevos o de desarrollo incipiente con alto potencial, liderados por jóvenes y orientados a bienes o servicios para la producción o actividades de investigación.
Las “madrinas” recuperarán el 50% de lo invertido mediante bonos de crédito fiscal. En realidad, este programa de fomento se asemeja al de la ley 25.782, por la que se creó el “Programa nacional de apoyo al empresariado joven” (ver aparte).
Finalmente, en el porteño Palacio de Hacienda destacaron que se otorgará el premio ley 25.872 a proyectos de jóvenes emprendedores. No aclararon que la norma ya estableció la “premiación de proyectos innovadores que se destaquen por la incorporación de criterios de sustentabilidad, calidad y tecnología” e instituyó el “Premio nacional a la juventud emprendedora” para financiar un proyecto innovador, elegido en un concurso público anual.

Oportunidades motivaron el 70% de las resoluciones

Las intenciones de crear nuevas empresas en la Argentina aumentaron del 9,9% en el 2005 al 10,2% en el 2006, según Global Entrepreneurship Monitor (GEM), organización que estudió lo ocurrido en 42 países y a la que desde 1999 se incorporó el Centro de Entrepreneurship del IAE, Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral.
Una de cada ocho personas en el país, de 18 a 64 años, está involucrada en alguna actividad emprendedora. Suman alrededor de 3,1 millones y el 70% lo hizo motivada, al parecer, por las oportunidades y no por la necesidad de obtener ingresos para subsistir.
Deseos de realización, aplicación de conocimientos y mejora económica fueron motivaciones señaladas por Hugo Kantis, quien también coordina el “Programa de desarrollo emprendedor” de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en su libro “Desarrollo emprendedor”.
Los emprendedores locales enfrentaron obstáculos provocados por la insuficiencia de infraestructura comercial y profesional, falta de apoyo financiero y de políticas gubernamentales y, además, altas barreras burocráticas (mientras en Australia y Canadá, por ejemplo, se requerían de 2 a 3 trámites para comenzar, aquí llegaron a necesitarse 14). A la elevada intervención gubernamental en la Argentina aludió precisamente Edmund Phelps, Premio Nobel de economía, el año pasado, quien señaló como necesidades abrir más la economía, fomentar el espíritu emprendedor y mejorar el apoyo financiero.
El auge de la alternativa influyó –como documentó este suplemento ya en el 2005– para que organismos gubernamentales, universidades, asociaciones empresarias, fundaciones y hasta páginas web intensificaran apoyos de todo tipo, muchos gratuitos.
Entre las actividades del centro del IAE figuran las del club “Business Angels” (“ángeles inversores”), integrado por ejecutivos y empresarios exitosos que se involucran como inversores en proyectos creativos e innovadores. No sólo aportan capital sino que asesoran y facilitan contactos para que las pymes puedan consolidarse.
La Fundación Impulsar, por citar otro ejemplo, ayuda a desempleados de entre 18 y 30 años, sin recursos y con escasa experiencia, a poner en marcha sus propios microemprendimientos. La entidad evalúa la factibilidad de los proyectos y las aptitudes de los solicitantes, a quienes luego orienta para que desarrollen sus planes de negocios a través de un curso de capacitación de dos meses. El año pasado prestaba hasta 5.000 pesos en cada caso, sin garantía ni intereses, y designaba un asesor durante los primeros tres años de gestión, durante los cuales era preciso devolver la suma otorgada.
El portal Entrepreneur organiza encuentros regionales y un congreso anual, donde también exponen quienes alcanzaron éxitos en sus emprendimientos y están dispuestos a compartir problemas y soluciones.
La Fundación Par, sin fines de lucro, creada en 1988 para integrar a las personas con discapacidades motoras o sensoriales, las capacita desde el 2002 para que puedan concretar sus microemprendimientos.

Medidas aprobadas

Por la ley 25.872, promulgada el 6 de febrero de 2004, se creó el “Programa nacional de apoyo al empresariado joven”, en la órbita del Ministerio de Economía y Producción.
Sus objetivos fueron fomentar el espíritu emprendedor, promoviendo la creación, el desarrollo y la consolidación de firmas nacionales; brindar herramientas fiscales y financieras, en el marco de las políticas estatales; impulsar la inserción en mercados nacionales e internacionales de los bienes y servicios industriales elaborados o proporcionados por jóvenes; incentivar proyectos que incorporaran innovación tecnológica y articular la acción del Estado con entidades empresarias, organizaciones no gubernamentales, universidades y empresas.
Poco después, el presidente Kirchner anunció el programa “Incluir”. Afirmó que 100.000 jóvenes pobres, de entre 18 y 25 años y con un ingreso familiar inferior a 700 pesos, podrían instalar sus emprendimientos, íntegramente financiados por el Estado si demostraban que eran realizables al inscribirse en los 2.200 municipios del país. Dispuso que “Incluir” fuera ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección Nacional de Juventud, y que en la primera etapa se destinaran 30 millones de pesos y otros 100 millones en la segunda, desde el 2005 hasta el 2007.
En el primer mes, se prometió a los interesados capacitarlos en instituciones públicas locales para que pudieran detectar las posibilidades del mercado y en el siguiente semestre, suministrarles formación específica. Se publicitó el otorgamiento de 15.000 becas de 100 pesos mensuales y que el gobierno nacional proporcionaría gratuitamente materiales básicos, herramientas o maquinarias para empezar a trabajar.
La Casa Rosada fue el ámbito elegido el 7 de diciembre de 2005 para dar a conocer que el Banco de la Nación disponía de 1.500 millones de dólares para “favorecer la puesta en marcha de nuevos emprendimientos”, según Felisa Miceli, ministra de Economía y Producción. La intención fue incrementar la producción de bienes y servicios o la importación, cuando no se hicieran aquí, a partir del 2 de enero siguiente. Dicha línea –explicó Kirchner– “tiene como misión incentivar un shock de inversión, que es lo que necesitamos”.
Un repaso de decisiones implementadas en los últimos años –incluso antes de que Kirchner resultara electo presidente– demuestra que se adoptaron medidas y programas para:
• Financiar a mediano plazo inversiones productivas de micro, pequeñas y medianas empresas, nuevas o viables, con limitaciones para acceder a los créditos bancarios tradicionales (Fonapyme).
• Consolidar microemprendimientos.
• Capacitar productivamente y asistir a las pymes mediante regímenes fiscales.
• Apoyar emprendimientos de alta base tecnológica
• Asistir técnicamente.
• Organizar agencias de desarrollo productivo.
• Crear y consolidar microemprendimientos mediante el fondo nacional Fomicro. Este se promueve a sola firma y con baja tasa de interés, entre grupos de trabajadores desocupados y/o subocupados para la formación de unidades productivas de bienes o servicios y la consolidación de las existentes.
• Alentar la constitución de agrupaciones de colaboración productiva.
Como hay muchos más, quizá por eso Felisa Miceli, ministra de Economía y Producción, consideró con autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, hace tan sólo días atrás, la posibilidad de que la entidad coopere en la divulgación de políticas o programas del Estado destinados al verdadero desarrollo de las pymes.