BUENOS AIRES.- Mientras el presidente Néstor Carlos Kirchner prevé decir, el 10 de diciembre de 2007, que “hemos salido del infierno y entrado en el purgatorio” y, además, que “siga creciendo como corresponde la economía argentina”, en este año que concluye comenzó a trabajarse en la conformación de planes productivos provinciales y uno nacional. Felisa Miceli, ministra de Economía y Producción, aguarda que el último esté terminado, precisamente, a fines de 2007 para aplicarlo en dos etapas:
* La primera, hasta el 2010, de consolidación de sus cimientos junto con los actores representativos de distintas actividades.
* La segunda, hasta el 2016, por encararse con una mayor perspectiva.
“Creemos que nuestro país merece tener un sendero, un marco de previsibilidad, con políticas de Estado que sean la base del desarrollo productivo”, señaló la ministra. Para ello, prometió trabajar sobre cuatro variables: exportaciones, inversiones, financiamiento y competitividad.
Para identificar los agentes y sectores por promocionarse, se consideró conveniente seguir no sólo los criterios tradicionales de selección -como el tamaño de la empresa y la actividad, por ejemplo- sino también otros, como su determinación por estrategia competitiva desplegada; conducta innovadora; organización; articulación en “clusters” o cadenas de valor, y tipo y calidad de empleo generado.
En ese sentido, el contexto político exige una cuidadosa lectura de sus condiciones reales, tanto las relacionadas con las posibilidades como las limitaciones. Y las variaciones de los esquemas de producción y servicios, obligan a definir cómo, cuándo y en qué instancias se incorporan al desarrollo económico y social.
Quienes están en el tema aluden, además, a las ventajas comparativas que posee la Argentina, tanto por la creatividad de su población, la rápida adecuación a las situaciones contingentes y los imprevisibles problemas que se planteen, como por el ofrecimiento de respuestas políticas. Informes a los que accedió “Río Negro” destacaron la concepción del papel activo del Estado, sobre la base de la concepción de una sociedad democrática, desde un enfoque amplio.
Colaboradores cercanos a la principal habitante temporaria del porteño Palacio de Hacienda argumentaron que la clave para la reorganización económica y social del país está en modificar la ecuación entre los poderes vigentes. “El imperativo para el desafío transformador es la construcción de más Estado, de más y mejores regulaciones -insistieron-. Una estrategia de crecimiento y desarrollo, con mejor distribución del ingreso y justicia social, articulada en un proyecto regional social, productivo y político son requisitos y sustancia para un proceso de regeneración de identidad nacional y sujeto social que, a su vez, contribuirán a realimentarlo y actualizar y resignificar su contenido”.
Miceli admitió que será fundamental la articulación del nivel nacional con los regionales, provinciales y municipales, por canalizarse institucionalmente a través del Consejo Federal de la Producción y la Red de Agencias de Desarrollo Productivo de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. Esta última se encuentra conformada por 59 entidades públicas y privadas y promueve el acceso de las micropymes a diferentes programas y servicios oficiales, con el propósito de que dispongan de “un entramado productivo que les permita tener sustentabilidad”.
Las acciones se orientan a cuidar las materias primas e industrializarlas, teniendo en cuenta cómo puede incidir la incorporación de valor agregado en las exportaciones (estimaron que las de la Argentina equivalían en promedio a 460 dólares la tonelada, en tanto las importaciones ascendían a 1.500).
La conducción económica prometió “definir muy bien” las contribuciones sectorial y territorial, teniendo en cuenta que “el país tiene, todavía, zonas con un atraso operativo muy importante, que deberán tener un shock adicional de esfuerzos público y privado para que realmente se perciban, en toda su magnitud, los beneficios del crecimiento”.
Lejos -y quizás cerca- de tantos velos y desvelos oficiales, explicitar las metas de desarrollo “implica enfrentar una discusión social y política sobre nuestros objetivos, aspiraciones y deseos en el mediano plazo”, argumentó el economista y planificador Roberto Sansón Mizrahi. En su reciente libro “Un país para todos, hacia un desarrollo justo y vigoroso” (Colección Opinión Sur), subrayó que en un mundo crecientemente globalizado “los procesos económicos desatan ciertas dinámicas de crecimiento y acumulación que, si no son bien estructuradas, pueden tender a ahondar y no a reducir las diferencias”. Por eso recomendó que los esfuerzos de desarrollo se basen en “el conocimiento y la creatividad, más inclusivos y movilizadores de la propia capacidad de generar y sostener buenas iniciativas económicas y educativas, con amplia participación de toda la ciudadanía”.

Propuestas de desarrollo y económicas que tienen su historia

BUENOS AIRES.- En la Argentina proliferaron los planes de desarrollo y económicos, pero no siempre se aplicaron y, en ocasiones, apenas llegaron a enunciarse. Ciertas interrupciones fueron provocadas por colapsos políticos y económicos, que desencadenaron crisis recesivas y retrocesos sociales. 
Para no ir más atrás en el tiempo, corresponde señalar que en 1944 se creó el Consejo Nacional de Posguerra (CNP), destinado a la coordinación y planeamiento económico, a órdenes de Juan Domingo Perón, entonces vicepresidente.
Un año más tarde difundió el documento “Ordenamiento político y social” y el 19 de octubre de 1946 presentó el “Primer plan quinquenal 1947-1951”, con un contenido básicamente económico y que apuntó a la industrialización para sustituir las importaciones. Y si bien dio carta blanca al Poder Ejecutivo Nacional para financiarlo, agregó 27 proyectos de leyes, de los cuales el Congreso aprobó 15.
El CNP fue disuelto en 1949 y reemplazado por la Secretaría Técnica de la Presidencia. En 1952, dicho organismo se convirtió en Ministerio de Asuntos Técnicos y produjo el “Segundo plan quinquenal 1953-1957”, que recién comenzó a ejecutarse en 1954. Pretendió asegurar la evolución progresiva de la economía social promocionando actividades que consolidarán la independencia económica e insistió con reservar al gobierno el manejo del comercio exterior.
Durante la presidencia de Arturo Fidel Frondizi, en 1959 se creó el Consejo Federal de Inversiones para el planeamiento territorial. También tuvo importancia la Comisión de Administración del Fondo de Apoyo al Desarrollo Económico (Cafade).
La estrategia “desarrollista” se orientó a la planificación estatal y la aplicación de los recursos y la incorporación de capitales extranjeros a los medios de producción, fundamentalmente el energético, siderúrgico, la química pesada y las industrias automotriz y de maquinarias. En 1961, se creó el Consejo Nacional de Desarrollo (Conade), que fijó objetivos y programas sectoriales y regionales.
En el ‘63, cuando José Alfredo Martínez de Hoz fue ministro de Economía, por primera vez, de José María Guido, asignó la planificación de la inversión pública al Conade. Allí, en el ‘64, urdieron el “Plan nacional de desarrollo 1965-1969”, bajo el signo del federalismo y de la democracia salarial.
A fines del ‘66 se creó el Sistema Nacional de Planeamiento, sobre la base de las siguientes leyes:
* 16.964 (Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para el Desarrollo), cuyo Consejo Nacional de Desarrollo era responsable de “formular la política y estrategia nacional de largo plazo inherentes al desarrollo, sobre la base de los objetivos políticos que se haya propuesto alcanzar el gobierno nacional”.
* 16.970, de Defensa Nacional.
* 18.020, de Ciencia y Técnica, que gestó el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica.
 Sobre la base de tales normas se elaboraron: directivas para el planeamiento (1968); políticas nacionales (1970), y el “Plan nacional de desarrollo 1970-1974”. Para este último, se consultó a empresarios y sindicalistas, concretándose lo previsto por la 16.964 respecto de los “entes de consulta y participación”.
El “Plan nacional de desarrollo y seguridad 1971-1975” aspiró a una “evolución regional más justa, armónica y equilibrada” y al “mejoramiento del nivel educativo y las condiciones del bienestar de la población a través del ingreso y el pleno empleo”.
 Durante la corta presidencia de Héctor J. Cámpora, por el decreto 185 del Poder Ejecutivo Nacional se creó el comité del “Plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional 1974/1977”, que debía integrar él mismo con los ministros del gabinete nacional. El organismo responsable fue el Instituto Nacional de Planificación Económica (INPE), formado sobre la base del Conade, que se ocupó del análisis y la planificación de la inversión estatal. El plan fue aprobado en diciembre del ‘73.
En el absurdamente denominado “Proceso de reorganización nacional”, se lanzó el “Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina”, dado a conocer por Martínez de Hoz, por segunda vez ministro, el 2 de abril de 1976. Aparte, por la ley 21.439 del 29 de setiembre del mismo año, se creó el Ministerio de Planeamiento, que difundió un trabajo preliminar bautizado “Proyecto nacional”.
Disidencias entre militares hicieron que la citada cartera pasara a convertirse en una secretaría de la Presidencia, que elaboró mayormente estudios sectoriales puntuales. Paralelamente, desde el ‘76, el INPE, estudió y asignó prioridades a las inversiones públicas.
Con el retorno a la democracia constitucional, la gestión de Raúl Ricardo Alfonsín aceptó que la Secretaría de Planificación elaborara dos documentos: “Lineamientos para una estrategia de crecimiento económico 1985-1989, con la dirección de Juan Vital Sourrouille, y el “Plan nacional de desarrollo 1987-1991”, implementado por su sucesor, Bernardo Grinspun, que ni siquiera trató el Poder Legislativo.
Los Equipos Federales de Planificación Justicialista, cercanos a Carlos Saúl Menem durante su primera campaña electoral a la presidencia, publicitaron un “Tercer plan quinquenal 1990-1995”. Luego, Domingo Felipe Cavallo impulsó el plan de convertibilidad, sancionado por el Congreso en abril de 1991. Menem también disolvió el Conade y publicó “Argentina en crecimiento 1995-1999”.
En el ‘94, por inspiración de Juan José Llach, entonces secretario de Programación Económica, se sancionó la ley 24.354, que preveía una planificación obligatoria de la inversión pública, pero nunca se cumplió.
 En mayo de 2003, se conoció un programa urdido por la cartera económica y el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de la oficina de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal) en Buenos Aires. Roberto Lavagna, entonces ministro, lo bautizó “Lineamientos para fortalecer las fuentes del crecimiento económico”. Y supuso que permitiría definir “un programa de crecimiento sustentable y con el debido correlato social, sin el cual a mediano plazo todo programa deja de ser consistente y sustentable”.

Estrategia transmitida a través de la Fundación Utopías

 BUENOS AIRES.- Alcanzar el bienestar generalizado y sostenible de toda la comunidad exige la consecución simultánea de determinados aspectos interrelacionados: crecimiento económico; distribución equitativa de la riqueza generada; disminución paulatina de la pobreza, y cuidado del medio ambiente.
Así lo interpretó Carlos Cleri, jefe de asesores del Ministerio de Economía y Producción, cuando presentó uno de los documentos para elaborar un “Proyecto nacional de desarrollo económico y social”. Aprovechó así una jornada organizada por la Fundación Utopías (Unidos Todos Podemos Instrumentar una Argentina Solidaria), considerado el “think tank” (grupo de expertos) más cercano a Felisa Miceli, titular de aquella cartera.
Cleri planteó “la necesidad de una política que garantice la recuperación de los índices de desempleo, la reducción paulatina de la economía informal, la eliminación de la precariedad laboral y el aumento del salario real, a fin de asegurar una distribución equitativa de la riqueza y la cobertura total de las necesidades humanas”. No dudó que todo esto exigiría una “estrategia de desarrollo nacional” que contemple “un perfil de país deseado y, consecuentemente, un modelo de inserción en la economía mundial”. Por lo tanto, se requerirían “políticas activas desde el Estado; compromisos de dirigentes políticos y sociales; emprendedores dispuestos a invertir esfuerzos y capitales en el país, y una capacidad científica y tecnológica que propicie un proceso de mejoramiento continuo”.
Advirtió, además, acerca de la prioridad de “lograr una economía eficaz (que haga las cosas correctas) y eficientes (con el menor costo posible), en otras palabras: efectiva”, para lo cual insistió en que habría que dedicarse a “aquellas actividades que podamos hacer mejor que otros y que alguien necesita y está dispuesto a adquirir”.
Al analizar qué debería hacer el gobierno nacional, mencionó “la definitiva consolidación y vigencia del espíritu del Mercosur; las alianzas en el Movimiento de No Alineados, y estar atentos a la evolución de la Organización de Cooperación de Shanghai”.
El estudio dado a conocer en Utopías recomendó “apoyar, coordinar y proyectar los esfuerzos locales; fortalecer las agencias de desarrollo local y poner a su disposición información sobre la demanda y ayudar a la formación de cuadros para la gestión de las mismas y de los proyectos de producción y trabajo derivados”. Hasta aseveró que el Estado nacional debería complementar a las agencias con apoyos de unidades operativas transversales que faciliten sus acciones, en principio atendiendo las siguientes cuestiones:
* Promoción del comercio exterior, con la búsqueda de demandas mundiales insatisfechas y ayuda para localizar canales adecuados para la colocación de productos y servicios.
* Financiamiento, incluso con capitales de riesgo para los emprendimientos con potencial de desarrollo. Deben encontrarse formas novedosas que cubran los espacios vacíos y un sólido sistema de garantías recíprocas para actuar de soporte.
* Tecnología, mediante el acercamiento de conocimientos innovadores provenientes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y las universidades. Además, el armado de una red educativo-científico-tecnológica.
* Formación, impulsando competencias (capacidad de aprender, trabajar en equipo, liderar, compartir, negociar y expresarse) y capacitaciones técnica y profesional, ofreciendo pasantías a quienes reciben educación gratuita.